La CNMC recomienda cambios normativos y técnicos para evitar un nuevo apagón

Tras renunciar a elaborar un informe para adjudicar responsabilidades por el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves uno que lo sustituye, en el que incluye únicamente recomendaciones para evitar que se vuelva a producir un nuevo cero energético o para paliarlo. En él reclama cambios normativos y técnicos para evitar o mitigar los cambios “bruscos” de tensión y reforzar la coordinación entre los gestores de las redes.

La CNMC entiende que en el momento del incidente el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro, según el informe. Algo con lo que coincide el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha valorado positivamente el informe a través de un comunicado de prensa, y que las eléctricas consideran también una muestra de que no fueron las responsables del incidente.

El informe, que fue aprobado el miércoles por el consejo de administración del organismo supervisor, llega un día antes de que se conozca el que lleva elaborando desde hace meses el panel de expertos de la asociación europea de gestores de la red, Entso-e (en la que está integrada Red Eléctrica) y dos días después de que su presidenta, Cani Fernández, compareciera en la comisión del Senado que investiga el apagón. Según fuentes próximas a la CNMC, esta hubiera querido aprobarlo antes de su comparecencia pero ha preferido esperar y lograr el máximo consenso interno. Ello ha derivado también en un informe “un tanto descafeinado”. La Ley 3/2013 de Creación de la CNMC otorga al organismo la potestad de atribuir responsabilidades, concretamente, en su artículo 7.13, señala que el supervisor podrá “determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar”.

Sin embargo, ante la falta de seguridad jurídica (los señalados no podrían alegar ni recurrir a un contencioso administrativo), la CNMC se limitará a incoar, en su caso, un expediente sancionador, tras el procedimiento de investigación que abrió tras el apagón, que aún sigue su curso. Así, señala que el documento tiene solo naturaleza consultiva “sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente”.

En su informe sucedáneo de recomendaciones, el organismo pone el foco en la complejidad asociada a las infraestructuras de evacuación compartidas por varios productores y que, en su opinión, “requieren una delimitación precisa de responsabilidades para asegurar una operación eficiente del sistema”.

El informe pide que se avance en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Asimismo, pide reforzar los programas de inspección periódica de los sistemas de protección y verificar el funcionamiento de las instalaciones tras su certificación inicial.

La CNMC entiende que hay que seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos a un sistema eléctrico en continua transformación, caracterizado por una elevada penetración de generación renovable, una mayor complejidad operativa y una creciente volatilidad de las tensiones. Según el organismo, la información recabada a través de peticiones específicas y las reuniones mantenidas con el sector en grupos de trabajo han permitido profundizar en el diagnóstico de la situación actual del sistema eléctrico y en las medidas necesarias para afrontarla.

En su comunicado, el ministerio que dirige Sara Aagesen, agradece al regulador “su análisis multisectorial del incidente, así como las recomendaciones recogidas para incrementar la seguridad y la resiliencia del sistema eléctrico, propuestas a los diferentes actores”. Las conclusiones “están alineadas con el informe que el Comité de análisis del Gobierno presentó en junio del año pasado”.

En este sentido, señala que, desde entonces, se han incorporado al ordenamiento jurídico varias de las recomendaciones del regulador, como el incremento de la supervisión sobre las obligaciones de control de tensión de los distintos agentes, y está incorporando otras, “como aumentar la observabilidad de las redes, incentivando su digitalización, o establecer nuevos requisitos de amortiguamiento frente a oscilaciones”. También trabaja para que se incrementen las interconexiones internacionales.

Desde el apagón del 28 de abril, se han publicado varios informes que, fuentes del sector consideran “de parte” y en los que los firmantes eluden su responsabilidad. Además del realizado por el ministerio, que fue rápido, también el operador del sistema, REE, publicó el suyo, en el que atribuía la culpa al incumplimiento por parte de las eléctricas de las normas sobre controles de tensión. Tampoco la CNMC asume responsabilidad alguna en el que acaba de publicar, 11 meses después del incidente. El que se espera para mañana del panel de expertos, es continuación del aprobado por Entso-e el pasado octubre, en el que en 260 páginas, se limitó a relatar los hechos.

Las eléctricas responden

Tras analizar el informe, la patronal de las grandes eléctricas (Aelec) lo valoró positivamente ya que, en su opinión, “permite concluir que los generadores no tuvieron responsabilidad en el incidente, que se produjo como consecuencia de oscilaciones bruscas de tensión y de la gestión del sistema, incluyendo la coordinación y supervisión de infraestructuras compartidas de conexión de generación”.

En un comunicado, Aelec, integrada por Iberdrola, Endesa y EDP, estimó que esta conclusión “confirma la posición del sector, que ha actuado de manera responsable y cumpliendo la normativa vigente”. Aelec señala que el regulador reconoce que existían herramientas suficientes para evitar el apagón, coincidiendo en que “una correcta aplicación de estas medidas podría haber mitigado el riesgo”. En su opinión, la operativa aplicada ese día “fue la que falló, lo que evidencia la necesidad de revisar procedimientos y criterios operativos”. A este respecto, subrayó que es necesario “trabajar para eliminar la operación reforzada que aplica desde entonces REE y la limitación a las rampas de la generación, permitiendo desplegar todas las capacidades de control de tensión, asegurando que sean coherentes con la operación eficiente del sistema y la seguridad del suministro”. Aelec está de acuerdo con la propuesta del regulador de confirmar como límite operativo de tensión el valor de 420 kV, medida que ha sido defendida por la asociación para no reducir el margen de seguridad respecto al estándar de otros países europeos y porque los 435 kV carecen de soporte legal.

Por su parte, el operador del sistema, dice coincidir con la CNMC en “la necesidad del cumplimiento de la normativa y regulación vigentes en ese momento”, como ya advirtió en su propio informe que, por imperativo legal, emitió el pasado 18 de junio. Según una nota de prensa, REE señala que ya entonces “aportó las evidencias de que el operador cumplió la normativa aplicable, durante y después del cero eléctrico, como también era obligación del resto de los sujetos del sistema”.

El informe incluye también recomendaciones para otros sectores afectados por la dependencia del suministro eléctrico. De esta manera, recoge medidas en el sector gasístico y de carburantes, así como actuaciones en el sector ferroviario. En el ámbito de las telecos y el audiovisual, se insta a completar la tramitación del proyecto normativo sobre seguridad y resiliencia de las redes y a reforzar la coordinación con la planificación eléctrica, incluyendo sistemas automáticos de alerta.