Sindicatos bloquean la charla por bajas

Lo habían advertido y lo han cumplido. Los negociadores sindicales de CC OO y UGT en la mesa del diálogo social que aborda la gestión de las bajas laborales se han plantado este lunes y han decidido paralizar las conversaciones relativas a la incapacidad temporal hasta que el Gobierno enmiende ciertos asuntos en materia de jubilaciones que están pendientes desde la última reforma de pensiones. Así lo han confirmado fuentes asistentes al encuentro mantenido por sindicatos y patronal con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, quien ha trasladado a los interlocutores sociales que el ministerio que dirige Elma Saiz está en vías de solucionar sus demandas. No obstante, fuentes de CC OO precisan que no abandonan la mesa y que su intención es negociando.

“Hemos acudido a la reunión de hoy [por este lunes] por cortesía y por las buenas relaciones que hay entre todos los negociadores, pero no vamos a avanzar con las bajas ni con nada más hasta que no se solucione lo que está pendiente”, han explicado fuentes sindicales. “El Gobierno se empeña en convocar cuando les hemos dicho que no avanzamos en otras materias hasta que resuelvan las que suponen incumplimientos o cumplimientos parciales de lo ya acordado”, añade otra fuente sindical de la mesa. Aunque se trata de exigencias sindicales, la patronal comparte su planteamiento.

Los portavoces de CC OO y UGT demandan un par de ajustes legales sobre retiros laborales con el fin de continuar progresando en el ámbito de las bajas. Inicialmente, solicitan a la Seguridad Social una variación reglamentaria que permita la jubilación parcial de los empleados laborales de las Administraciones públicas, especialmente para las comunidades y ayuntamientos. Gran cantidad de empleados aguardan desde el pasado abril para retirarse mediante este método, aunque se ven impedidos por el marco jurídico actual derivado de la reforma de pensiones de hace más de doce meses.

Los empleados laborales de las Administraciones constituían el único colectivo del sector público con la opción de jubilarse de forma parcial. Esta realidad se transformó el pasado abril al entrar en funcionamiento los nuevos requisitos de acceso a dicha modalidad para la totalidad de los asalariados (incluyendo a este personal público), tras su aprobación en la última reforma de pensiones. Las actuales directrices establecen que los trabajadores relevistas encargados de suplir obligatoriamente al jubilado parcial deben disponer de un contrato indefinido, realizar jornada completa y acreditar una duración de al menos dos años.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suavizó en septiembre la última exigencia, autorizando la contratación de otro relevista si el primero cesaba en el empleo antes de los dos años. Pero el problema que se están encontrando las Administraciones es de base, ya que la rigidez del proceso de contratación pública impide siquiera encontrar a los trabajadores relevistas en el plazo necesario para que se produzcan las jubilaciones parciales. La situación ha llevado a que haya miles de retiros de este tipo en toda España y en casi todas las Administraciones que están paralizados desde hace más de un año.

Únicamente la Administración estatal ha dispuesto un cupo extra concreto para la incorporación de relevistas; al tiempo que regiones como Navarra han comenzado a implementar acciones de apoyo para los contratos de relevo. No obstante, en ambas situaciones, tales disposiciones no logran desatascar de manera global el estancamiento que sufren habitualmente estos procesos de jubilación. “Hará falta una disposición con rango de ley que, si se quiere de forma transitoria, no contabilice la contratación de relevistas en las ofertas de empleo público, o algo similar”, puntualiza uno de los representantes de los sindicatos.

La otra demanda que ha provocado que las centrales sindicales detengan el foro del diálogo social se refiere a los términos de retiro de los empleados con topes máximos de aportación que se ven inmersos en un despido colectivo y pasan a la jubilación anticipada obligatoria. CC OO y UGT exigen a la Seguridad Social explique el sentido de la disposición transitoria 34 del acuerdo de pensiones de 2021, que varió los índices de penalización de los retiros previos a la edad ordinaria.

Al colectivo de jubilados anticipados forzosos provenientes de un ERE se les venía aplicando una fórmula con la que la penalización sobre la prestación de jubilación se calculaba sobre la pensión inicial y no sobre la máxima. Esto se traducía en un menor recorte de la pensión de estos jubilados. Sin embargo, los sindicatos denuncian un cambio en la interpretación de la medida y exigen al Gobierno que garantice la jubilación en las mejores condiciones para el personal que se tiene que retirar anticipadamente por un ERE.

Principalmente, quienes sufren las consecuencias de este último punto son empleados con bases contributivas elevadas comprendidos en ERE como los recientes de Telefónica, de compañías del metal o del ámbito bancario.