El juez Pedraz procesa al descendiente de Obiang por el arresto arbitrario y los maltratos a cuatro opositores.

El magistrado Santiago Pedraz ha resuelto el procesamiento de Carmelo Ovono Obiang —secretario de Estado de Seguridad Exterior e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial— y de los dos altos mandos de Inteligencia de su Gobierno por los crímenes de detención ilegal con fines terroristas, tormentos y lesa humanidad. Los tres se hallan procesados por capturar en 2019 en Yuba (Sudán del Sur) a cuatro opositores, dos de ellos españoles. Julio Obama, de 61 años falleció supuestamente a causa de los maltratos físicos.

Tras cuatro años de instrucción en los que el magistrado de la Audiencia Nacional ha intentado sin éxito archivar la causa y ceder la jurisdicción a la antigua colonia española, los autos de la Sala de lo Penal y una resolución del Tribunal Supremo lo han obligado a dictar el procesamiento del hijo del autócrata, de Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional, y de Issac Nguema Ondo, director general de la Seguridad Presidencial.

Una trampa

El auto de Pedraz señala que Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo se desplazaron desde Madrid a Sudán del Sur “donde habrían sido invitados por un amigo, una invitación que habría sido una trampa para provocar el desplazamiento de estos y secuestrarles”. Añade que se los trasladó forzosamente y contra su voluntad a Guinea Ecuatorial e ingresaron en una prisión de Malabo “donde presuntamente fueron torturados, imputándoles su participación en un golpe de Estado contra el Gobierno guineano”.

Para el juez los hechos pueden ser constitutivos de delitos de secuestro con finalidad terrorista, según la calificación del fiscal Vicente González Mota; de torturas y contra la integridad moral; delito de desaparición forzada de personas conectado con la finalidad de extender el terror entre la población, como medio de control político y alternativamente un delito de lesa humanidad por el ataque generalizado contra la población, según las acusaciones representadas por el letrado Aitor Martínez.

Pedraz señala que tales hechos quedan acreditados por un auto que acordó su juzgado de la Audiencia Nacional, por orden de la Sala de lo Penal, de librar las órdenes de búsqueda y captura internacional contra las tres procesados. Unas órdenes dictadas a Interpol que pese a la petición de la Fiscalía y de los querellantes, el magistrado se negó reiteradamente a dictar. Cuando la Sala lo obligó a hacerlo, al atender a los recursos de la Fiscalía y las acusaciones, tuvo que ser un juez sustituto el que firmara la orden porque Pedraz se pidió unos días de vacaciones.

El magistrado afirma en su auto que si se practicaran nuevas diligencias, entre ellas la declaración de los investigados y víctimas, “se pudieran concretar más los hechos y calificación jurídica o modificar el procesamiento”. Asimismo, acuerda mantener su situación personal ratificando los autos que decretaron la prisión provisional dictada anteriormente.

Segundo platón

Durante el pasado día 5, los tres procesados dieron un nuevo plantón al juez Pedraz, quien los había convocado para testificar por videoconferencia tras la petición de su defensor, el antiguo juez Javier Gómez Bermúdez. Teodorín Nguema Obiang, vicepresidente y hermano del investigado principal, comunicó “que ningún miembro de su Gobierno pasará ante la justicia española”. Se trataba de la segunda ocasión en que el hijo del mandatario y los dos altos cargos señalados esquivaban al magistrado y rehusaban declarar. En cualquier caso, la comparecencia telemática habría sido imposible puesto que la Sala de lo Penal admitió el recurso de la acusación y anuló la orden del juez pocas horas antes.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial siempre ha manifestado su oposición a no reconocer a la Justicia española. Y en este caso intentó, sin éxito, simular la apertura de una investigación sobre los mismos hechos en su país para que España le cediera la jurisdicción del caso. Un maniobra similar a la que puso en marcha cuando el propio Teodorín fue investigado y condenado por blanqueo de capitales en Francia por el denominado caso de “los bienes mal adquiridos”. En este caso, pese a que Pedraz reconoció la existencia de esa supuesta investigación, tanto la Sala de lo Penal como una resolución del Tribunal Supremo le obligaron a continuar con el caso y ahora a dictar el procesamiento de los tres investigados.