Dinero a espuertas para vivienda

La vivienda es hoy el bien más urgente. Y su política, la más difícil. Por varias razones. Por su naturaleza dual, al tiempo un derecho constitucional (también doble, al techo y a la propiedad), y mercancía. Así, se mueve entre dos polos muy polarizados: ultraintervencionista (el tenedor, atacado por “rentista”) y ultraliberal (el “okupa”, como antisistema). Lo que dificulta acuerdos políticos.

También por su reparto competencial, fragmentado en tres niveles: Gobierno, autonomías y municipios. Y a tenor del fracaso de la economía soviética, que algunos olvidan, exige colaboración público-privada-tercer sector, de la que vamos flojos. Además, es un bien duradero, que requiere inversión a largo plazo: salvo repetición de mandato, ningún político recoge lo que siembra.

Todos ello conspira a favor del fracaso. Quizá por eso –y quizá no del todo a sabiendas—, tres recientes propuestas del Gobierno exhiben un hilo conductor común: la disposición de ingentes recursos financieros como palanca para intentar desbloquear otros cuellos de botella. Que retranquean la oferta: recelos autonómicos, inercias municipales. Al menos, que por dinero no falle.

Abrió fuego el pasado 20 de septiembre el proyecto para un próximo Plan Estatal de Vivienda 2026/2030, que recupera la construcción de VPO, cancelada en mandatos anteriores. Duplicaba hasta 7.000 millones de euros (con aportaciones autonómicas) las ayudas Next Generation. Y enfatizaba el apoyo a los jóvenes, la rehabilitación y la construcción industrializada.

La inicial reticencia conservadora a establecer, como perseguía el Gobierno, que las viviendas protegidas lo sean con carácter permanente (impidiendo su privatización) ralentizó su despliegue. Pero Andalucía ya ha modificado su legislación; Galicia fue pionera en ello; y Madrid, aunque retrasada, está al caer.

Otra gran inyección parecería ser la moción parlamentaria del PP, del jueves, a fin de “permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible”, una idea estupenda de apariencia original. Ya el 12 de enero la propuso como novedad Alberto Núñez Feijóo en su “Plan Integral de Vivienda”. Pequeño desliz, era copia redundante: está en vigor desde el decreto-ley 12/2025, del 2 de diciembre de 2025.

Ese decreto libera a las corporaciones locales de una obligación que les impone la austeritaria ley de estabilidad presupuestaria de 2012: dedicar todo su superávit fiscal a reducir su deuda o a reservas. Les permite disponer de los remanentes, con ciertos requisitos, para inversiones “financieramente sostenibles”, como carreteras o… ¡vivienda!, siempre que sean de largo plazo.

El decreto, que es un enorme desconocido, rehabilita la excepción contenida en esa ley, pero para el remanente de tesorería obtenido en 2024, y su aplicación hasta final de 2027. Es otro cañón Berta. Si todas las corporaciones se ponen manos a la obra, su total destinable ya a promover vivienda pública asciende a 7.820 millones, según cálculo al céntimo del Ministerio de Hacienda (3.745 millones los municipios; 1.288 las provincias y el resto, las escasas comunidades autónomas que lucen superávit).

Lo último, y clave, es el Fondo España Crece, que absorberá 13.300 millones de recursos europeos no utilizados. Sea o no exacto el apelativo de “fondo soberano”, la clave es su disponibilidad, que Economía negocia con Bruselas y espera tener operativa para antes de verano.

Con una palanca de deuda empaquetada por el ICO (entidad que exhibe un multiplicador de hasta siete veces el capital), el Gobierno estima movilizar 60.000 millones, y hasta el doble en concierto con el sector privado: de los que 23.000 millones irían a vivienda asequible, a razón de 15.000 unidades anuales. Alicientes para la inversión privada: créditos blandos, con quitas de hasta el 30%, y largas amortizaciones, de hasta 40 años en vez de los 20 habituales. Buen aperitivo.