Bruselas propone dar preferencia a los productos industriales europeos estratégicos en la contratación pública

Bruselas exige que el sector público contribuya al impulso de los sectores industriales estratégicos europeos mediante compras y contrataciones públicas que sostengan la demanda. Esto figura en su borrador del reglamento de aceleración industrial, donde propone que las adquisiciones públicas consideren “requisitos de origen de la UE, de bajas emisiones, o ambas”. El mismo documento, al que ha tenido acceso Papallones, incluye también la obligación para los Estados miembros de designar zonas de desarrollo industrial para los sectores clave que Bruselas busca revitalizar, con una disposición que busca exigir a los inversores chinos que se realice la transferencia de tecnología y la capacitación de la fuerza laboral.

El propósito último de estas medidas, como el Pacto para una industria limpia o el Plan para la energía asequible, es lograr que la industria europea represente nuevamente un 20% del producto interior bruto para 2035. Sin embargo, esto conlleva riesgos para los metas climáticas: alcanzar una economía con emisiones netas cero en 2050 también requiere descarbonizar el transporte —y no parece que la industria automotriz europea esté preparada para asegurarlo— o impulsar la generación eléctrica mediante energías renovables, algo difícil de lograr si solo se adquiere producto europeo, dado que, por ejemplo, China domina el 90% de la producción de paneles fotovoltaicos.

Para revitalizar el esplendor industrial, sostiene Bruselas, ciertas actividades son fundamentales por su impacto en el resto de las manufacturas. Son las industrias electrointensivas (como el acero o el aluminio), el automóvil y productos tecnológicos con emisiones cero de carbono. En conjunto, apenas suponen el 15% de la producción manufacturera europea, pero su relevancia radica en su capacidad para generar un efecto multiplicador a lo largo de las cadenas de valor en otros sectores industriales y económicos, como la defensa, los sistemas energéticos, el transporte y la construcción.

Ese protagonismo, sin embargo, no asegura a las empresas europeas una posición óptima, ya que, como explica la exposición de motivos del reglamento, las cadenas de valor se extienden por todo el mundo y esto crea dependencias (algo que no es necesariamente beneficioso, como Europa ha ido descubriendo desde la pandemia). Además, escasea mano de obra cualificada en “ciertas tecnologías de emisiones cero y digitales”. También influyen los altos costes de producción y la demanda restringida de productos europeos fabricados con bajas emisiones.

Por ello, el sector público puede “jugar un papel importante para estimular la demanda para ciertos sectores estratégicos y tecnologías”. Con ello, se busca que las compras y contrataciones de las administraciones, que pueden representar hasta el 15% de la economía europea, “impulsen la seguridad económica y la resiliencia en las cadenas de valor” se basen en productos fabricados en la UE con tecnologías de bajas emisiones.

Junto a esta medida, el reglamento que la Comisión planea aprobar el 25 de febrero próximo también establece la obligación de que los Estados miembros designen zonas de desarrollo industrial para los sectores estratégicos, considerando “el potencial de aceleración”, cuya área debe lograr el objetivo final fijado por Bruselas o el número de pymes que podrán beneficiarse. El borrador advierte que el impacto ambiental deberá ser mínimo, en función de la red ecológica europea Natura 2000.

La designación de estas zonas pretende, como es habitual cuando se favorece la concentración de una actividad económica en un área específica, generar sinergias, impulsar el desarrollo o la modernización de infraestructuras en espacios más gestionables, y fomentar alianzas entre empresas que permitan iniciativas como la adquisición conjunta de energía más económica o el intercambio de conocimientos y la formación de personal.

Estas dos líneas de acción se suman a la exigencia de que los inversores de países terceros, sobre todo los de origen chino, transfieran tecnología y conocimientos al sector industrial europeo, como ha adelantado este diario. Para ello, propone imponer que las inversiones extranjeras directas que superen los 100 millones en sectores como las baterías, los paneles solares o los automóviles eléctricos se realicen mediante sociedades conjuntas donde el capital europeo mantenga el control. Por eso, el límite establecido en la joint venture para el inversor extranjero no debe exceder el 49% del capital.

Todas estas medidas tienen una clara inspiración francesa, pues el departamento que las está redactando es el del vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné. No obstante, su elaboración no resulta sencilla. Dentro del propio Ejecutivo de la UE existen sectores que temen que estas medidas obstaculicen los objetivos climáticos asumidos por la UE. Entre los Estados miembros, algunos consideran que elevar demasiado el umbral para la inversión extranjera directa o imponer la obligación de que ciertos productos incluyan componentes made in Europe podría acabar frenando la economía. Por ello, varias de las delegaciones consultadas por este diario se mantienen cautas al evaluar los trabajos de la Comisión, argumentando que aún no existe una propuesta formal.

Si esto es así, es porque se ha venido posponiendo desde finales del año pasado. Las primeras fechas consideradas eran diciembre de 2025, pero se ha ido retrasando hasta el 25 de febrero, que ahora aparece en el “calendario tentativo” de puntos del orden del día de las próximas reuniones del colegio de Comisarios.