Una tasa disuasoria

Pretendía ser una tasa disuasoria para convencer a los propietarios de los bosques de que deben mantener sus tierras limpias y cuidadas y ordenar de una vez la situación de los montes gallegos. Aunque antes del verano, Alfredo Suárez Canal había amenazado con trasladar en la nueva ley el coste de la extinción a los propietarios que mantengan sus fincas abandonadas, fuentes de Medio Rural explican que las facturas que se iban a enviar sólo repercutirían a los dueños de los bosques un mínimo porcentaje de lo que cuesta apagar un fuego.

Aunque las cantidades no estaban del todo definidas, se trataría de un canon que oscilaría entre 200 y 300 euros dependiendo de la magnitud del siniestro forestal y de la cantidad de medios que la Xunta de Galicia hubiese tenido que emplear para sofocarlo.