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Imputado en el ‘caso Supercopa’ un ex alto cargo de la Junta de Andalucía por el presunto amaño de obras en el estadio de La Cartuja

La jueza autoriza a incautar los dispositivos electrónicos de José María Arrabal y un directivo del complejo deportivo tras recibir un informe de la Guardia Civil que los implica en irregularidades

Vista del estadio de La Cartuja, en Sevilla.Raul Caro (EFE)

La causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales como presidente para llevar a Arabia Saudí la Supercopa de fútbol masculina suma dos nuevos investigados. La jueza de Majadahonda Delia Rodrigo ha acordado imputar al que fuera secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía hasta diciembre de 2024, José María Arrabal, y al actual gerente del ente público Estadio Cartuja de Sevilla SA (ECSSA), Daniel Oviedo, por su presunta implicación en la adjudicación supuestamente irregular, en 2021, a una constructora de la trama de contratos para realizar obras de reforma por más de 3 millones de euros en esta instalación deportiva de Sevilla. En un auto del pasado 25 de febrero, al que ha tenido acceso Papallones, la magistrada autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la incautación e intervención de los “efectos electrónicos, telemáticos o informáticos” de ambos para ahondar en las pesquisas sobre su presunta participación en los hechos.

La decisión de imputar a ambos se produce tras recibir la jueza un informe de la UCO, adelantado por El Confidencial y al que también ha tenido acceso este periódico, en el que se apunta que Arrabal y Oviedo, en calidad de presidente y gerente de la empresa pública ECSSA respectivamente, “contribuyeron” junto a la RFEF a que la empresa Gruconsa fuera la adjudicataria de las obras para “la adecuación del estadio” a la celebración de cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa. Los agentes sospechan que por ello pudieron cobrar comisiones ilegales. Las relaciones entre el órgano federativo y esta constructora ―uno de cuyos trabajadores es hermano de un dirigente de la RFEF― están en el epicentro de la investigación desde el inicio del caso Supercopa tras detectarse también un supuesto amaño en la adjudicación a esta mercantil de unas obras en la sede de la propia federación por 1,3 millones de euros.

Según la investigación de la UCO ―que se sustenta en los mensajes de Whatsapp y correos electrónicos intervenidos a otros imputados en las primeras fases de las pesquisas―, las obras en La Cartuja fueron comenzadas por Gruconsa antes de que se produjera la licitación oficial de los contratos y la firma de estos. El documento policial destaca, de hecho, que los trabajos se iniciaron “39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspondientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora”. Todo ello, apuntan los investigadores, con la supuesta connivencia de los dos nuevos imputados, según revela la documentación intervenida.

La jueza señala que Arrabal firmó el “convenio marco” que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio y “el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa (7 de mayo de 2021) y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa (28 de mayo de 2021), que permitieron realizar las adecuaciones de tematización de la sala de prensa y de la zona deportiva”. En el caso de Oviedo, apunta que “firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados (28 de mayo de 2021), así como sus cartas de adjudicación a la constructora (3 de junio de 2021)”.

En el informe policial se recogen los mensajes intercambiados el 4 de junio de 2021 entre un trabajador y un directivo de Gruconsa presuntamente implicados en los que, precisamente, ironizan sobre el hecho de que las obras se hubieran iniciado “mucho antes de iniciarse el proceso de adjudicación, por lo que el tiempo oficial de desarrollo de las mismas sería notablemente escaso”. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, le comunica uno al otro. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, es la respuesta. “[¿]Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes (sic) para acabar en 1 día”. Las obras se concluyeron tan solo cuatro días después de la adjudicación del contrato.

La Guardia Civil señala que, en todo el proceso para que la empresa que gestiona La Cartuja adjudicara el contrato a Gruconsa, la trama dio pasos similares a los seguidos en otros amaños, como en de las obras en la sede de la RFEF también bajo sospecha. Así, asegura que presuntamente se falsificaron las ofertas de las otras dos empresas que concurrieron al concurso junto a la constructora para que la oferta de esta última fuera la más económica y resultara finalmente la adjudicataria. También apunta a que el supuesto pago de mordidas se canalizó presuntamente a través de la empresa Dismatec, en la que figura como titular la mujer de Javier Martín Alcaide, Nene, un exfutbolista íntimo amigo de Rubiales que también está imputado. Según la investigación, esta sociedad obtuvo beneficios aparentemente no justificados de la constructora, parte de los cuales posteriormente fueron desviados al bufete GC Legal, administrado por Tomás González Cueto, otro de los investigados y persona de la máxima confianza del expresidente de la RFEF.

En el caso de los dos exdirectivos del estadio de La Cartuja, la jueza destaca en su auto “la proximidad temporal” entre el supuesto amaño de las obras y “la adquisición de bienes inmuebles” por parte de ambos “tan solo unos meses después” de la adjudicación a Gruconsa de los expedientes de adecuación de La Cartuja. En concreto, señala que Arrabal —junto a su mujer— adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros, mientras que Oviedo se hizo en noviembre de ese mismo año con un inmueble en Sevilla por 181.000 euros. La instructora explica que la imputación y el volcado de los dispositivos electrónicos de Arrabal y Oviedo —medidas solicitadas por la UCO— buscan “profundizar” en la participación de ambos “en los hechos investigados” y “determinar el origen de los fondos empleados para la adquisición de sendas viviendas”.

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