Nuevo revés judicial para Trump: el plan de peaje del tráfico en Nueva York seguirá vigente
La Casa Blanca había amenazado con recortar financiación a la ciudad si no ponía fin a este programa pionero en EE UU, pero un juez ha fallado contra el Gobierno


Un revés en teoría menor para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido recibido este martes en Nueva York con entusiasmo. El intento de la Casa Blanca de detener el programa de peajes por congestión del tráfico en Manhattan (Nueva York) ha fracasado gracias a un juez federal, que considera que la tentativa del Departamento de Transporte de eliminar los peajes es ilegal.
El fallo del juez federal de distrito de Manhattan Lewis Liman establece que el secretario de Transporte, Sean Duffy, no tiene autoridad para revocar la aprobación federal del programa, que se aplica desde enero de 2025 y que ha conseguido reducir el tráfico no imprescindible en la almendra central de Manhattan, y con ello la contaminación. Se trata de un modelo pionero en EE UU, cuya pervivencia era una cuestión de fe para ambientalistas y defensores de una gestión del tráfico, y de las ciudades, más razonable.
Aunque no tanto como la que declaró inconstitucional buena parte de los aranceles, la sentencia supone una gran derrota para Trump, quien durante la campaña para las elecciones de 2024 prometió “ELIMINAR” —en mayúsculas en sus mensajes en las redes sociales— los peajes si volvía a la Casa Blanca. En febrero de 2024, su Gobierno envió a uno de sus mejores abogados para luchar contra los mismos en los tribunales.
Las autoridades federales aprobaron las tasas por congestión bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025). El programa impone un peaje básico diurno de nueve dólares a los conductores que entran en Manhattan al sur de la calle 60, y utiliza lo recaudado para financiar mejoras en el transporte público, como la necesaria ampliación del metro a Harlem (un distrito donde el único transporte accesible, aparte del automóvil, son los lentísimos autobuses urbanos). La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, en sus siglas inglesas), de la que depende el plan, recaudó el año pasado 562 millones de dólares gracias a estas tasas, por debajo de los mil millones anuales previstos.
El secretario de Transporte amenazó a la MTA con recortes en la financiación federal si no dejaba de cobrar el peaje, y la agencia de transporte metropolitana respondió con una demanda, resuelta mediante el fallo de este martes.
Hoy, tanto las autoridades municipales —y muy especialmente el alcalde, Zohran Mamdani, que abogó por mantener el programa— como muchos neoyorquinos se felicitan por el fallo judicial. “La clara y detallada sentencia del juez Liman no deja lugar a dudas: las tasas por congestión son legales. Han llegado para quedarse. Y funcionan”, ha dicho el presidente de la MTA, Janno Lieber, en un comunicado. “El tráfico ha disminuido, los negocios han aumentado y estamos realizando inversiones cruciales en un sistema de transporte que mueve a millones de personas al día. Hoy, una vez más, el secretario Duffy ha fracasado y Nueva York está ganando”.
El miedo de los negocios de la zona afectada, donde se concentran buena parte de las oficinas y locales comerciales de Manhattan, a perder clientes retraídos por el pago de la tasa, que fue uno de los argumentos esgrimidos por los detractores del programa, ha demostrado no ser real, según los responsables de la MTA. Otra de las razones para oponerse al plan era que repercutiría especialmente en el bolsillo de los neoyorquinos de menores ingresos, como los repartidores obligados a usar su vehículo, o los residentes en otros distritos de la periferia que trabajan en Manhattan y que no tienen acceso a transporte público eficaz.
La impopularidad del plan entre los republicanos y algunos neoyorquinos hizo que la gobernadora Hochul paralizara temporalmente el plan en junio de 2024, para ser recuperado poco después con una rebaja del peaje estándar de los 15 dólares inicialmente previstos a los nueve actuales.
El problema, para la Administración de Trump, no era tanto su oposición a toda política que suene aun remotamente a verde, sino, fundamentalmente, la carga impositiva. O ambos factores al tiempo. “Una vez más, los estadounidenses de clase trabajadora están siendo marginados por las políticas de la gobernadora Kathy Hochul [impulsora del proyecto], que imponen un impuesto masivo a todos los neoyorquinos”, ha dicho el portavoz del Departamento de Transporte. En el caso del plan de tarificación de la congestión del tráfico en Manhattan, no obstante, ambas bestias negras de la Administración republicana (ecología e impuestos) coinciden.
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