Claudio Orrego arremete contra la Fiscalía tras el rechazo de su desafuero en el ‘Caso ProCultura’: “Soy inocente de las imputaciones falsas”

El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la unanimidad de 24 jueces, desestimó este martes el desafuero del gobernador de Santiago Claudio Orrego, independiente de la centroizquierda, lo que supone una fuerte derrota para la Fiscalía regional de Antofagasta, que lidera el abogado Juan Castro Bekios: buscaba poder formalizar a la autoridad en una investigación que lleva más de dos años por fraude al Fisco en el marco de la causa de ProCultura. Tras el fallo a favor, que implica el fin de la indagatoria en su contra, Orrego ha dicho esta mañana que “la justicia habló, y de manera clara y contundente. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado”.

Bekios indaga si hubo irregularidades en la adjudicación del programa de prevención del sucidio Quédate, que fue el más grande de Amércia Latina, que presentó la Gobernación Metropolitana de Santiago en 2023. El plan era liderado por el psiquiatra Alberto Larraín, que entonces, además, era director ejecutivo de la Fundación ProCultura, que se dedicaba a distintos rubros, entre ellos, el patrimonial. Por Quédate, la Gobernación traspasó más de 1.600 millones de pesos (unos 1.856.000 dólares) a la fundación de Larraín, con quien Orrego había trabajado cuando fue alcalde de Peñalolén, un municipio situado al oriente de Santiago: ambos eran cercanos. El plan, que nació en 2022, tras la pandemia, logró atender a unas 15.000 personas, pero quedó sin continuidad. ProCultura rindió menos de un tercio del dinero a la Gobernación, pero no hay noticia de los restantes 1.000 millones de pesos, equivalentes a unos 1.160.000 dólares.

Entre los argumentos que presentó la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones, fue que ProCultura no tenía ni la capacidad técnica ni financiera para hacerse cargo de un plan como Quédate y adjudicarse el proyecto por una asignación de recursos públicos. Y puso en relieve el vínculo previo que había entre Orrego y el psiquiatra.

El gobernador, quien es representado por el abogado Ciro Colombara, ha dicho este miércoles que espera que la Fiscalía Nacional, encabezada por Ángel Valencia, indague “cómo, después de más de dos años de investigación, una fiscalía en particular, como la de Antofagasta, decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”. Y agregó que en la causa “también hubo terceros que no trepidaron en faltar completamente a la verdad” con objetivos políticos que tildó de “mezquinos” y que le hicieron daño debido a “una campaña de desprestigio y descalificación”. “La derecha ha tratado por todas las vías de sacarme del cargo, menos por las elecciones, donde no ha podido. Quiero advertir, sobre todo a quienes asumen el próximo gobierno, a partir del 11 de marzo, que es muy complicado cuando la política deja de llevarse a cabo en el plano del debate de ideas y se ocupan los tribunales de justicia para hacer puntos políticos”, dijo.

Orrego recordó que como Gobernación se querellaron en contra de ProCultura y dijo que la Fiscalía debe investigar “dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la fundación se apropió indebidamente de un programa de salud mental” pues “esa es su responsabilidad”. Pero también defendió a Quédate: “Durante más de dos años hemos sostenido que el programa de prevención del suicidio no solamente existió, cosa que algunos de los querellantes negaron durante este juicio, sino que además fue diseñado, aprobado y ejecutado con estricto apego a las normas legales vigentes”. Y agregó que operó durante un año no solo a través de Procultura, sino que también con otras fundaciones trabajando en hospitales como Félix Bulnes, del Salvador y de la Universidad de Chile, y que “salvó vidas y, lo más importante, visibilizó un problema de salud mental que aqueja a nuestra región y nuestro país”.

El gobernador explicó que en su tiempo hicieron convenios de subvención con cerca de 85 fundaciones y universidades y que “solo una tuvo un problema, pero, gracias a Dios, a pesar de que la ley no lo exigía, como Gobierno Regional establecimos un estándar muy alto, que era el de exigir pólizas de seguro por el 100% de los recursos. Nosotros creemos que lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar el destino de esos 1.000 millones, y nuestro deber es recuperar el dinero a través de las pólizas”.

ProCultura comenzó a ser investigada a mediados de 2023, después de que estalló el escándalo del c aso convenios con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, una trama judicial que involucra a exmilitantes del Frente Amplio —fueron expulsados de la formación— en la que se pesquisa el traspaso de fondos de dineros públicos a una treintena de organizaciones privadas.

Larraín y cuatro excolaboradores de ProCultura fueron formalizados el 29 de enero por la Fiscalía que, aunque intentó que quedaran en prisión preventiva, la Corte de Apelaciones de Santiago, tras un recurso, resolvió como medida solo su arraigo nacional.