La polémica por el Festival Excéntrico: ¿qué está en juego?

En 2000, una casa de vidrio instalada en pleno centro de Santiago generó un enorme revuelo. Como el proyecto había sido financiado por el Fondart, la polémica se centró en por qué el Estado, con ‘plata de todos los chilenos’, posibilitaba que una actriz viviera a la vista del público, exhibiendo sus rutinas matutinas ante quienes se agolpaban para observarla.

Unos años más tarde, la controversia llegó al teatro con la obra Prat, de Manuela Infante, también financiada por el Fondart. La idea de un héroe frágil, que dudaba frente a su destino, despertó el enojo de la Armada y de sectores conservadores: ¿cómo podía el mismo Estado entregar recursos para que se ‘ridiculizara’ a uno de nuestros héroes nacionales más queridos?

Más de 20 años después, la polémica reaparece. Esta vez, de la mano de Excéntrico: Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos. La pregunta por el papel del Estado en este tipo de proyectos vuelve al centro del debate, como se evidencia en las declaraciones del diputado de la UDI Gustavo Benavente, quien señaló que “la pornografía no puede financiarse con los impuestos de todos los chilenos” y que “el ministerio de las Culturas se transformó en una trinchera ideológica, un verdadero botadero de plata”.

Quisiera ofrecer aquí algunos elementos para comprender por qué el Estado chileno ha financiado, por más de 30 años y entre miles de obras, proyectos de esta naturaleza. Desde la recuperación de la democracia, nuestro país fue construyendo un modelo de apoyo a las artes basado en la distancia entre el Estado y la decisión sobre qué se financia. En términos concretos, esto implica que el Estado define anualmente los montos a entregar mediante fondos concursables y, a través de consejos colegiados, convoca a pares y especialistas —artistas, académicos o gestores— para que, bajo criterios previamente establecidos como calidad, aporte a la disciplina, trayectoria, coherencia del proyecto y su presupuesto, decidan qué iniciativas reciben apoyo público.

¿Por qué el Poder Ejecutivo renunciaría a definir directamente en qué gasta los recursos que administra? Lo que se busca es proteger la libertad de creación y evitar la intervención política en ella. Que no sea el gobierno de turno, a través de sus autoridades y funcionarios, quien determine los temas y contenidos creativos, con la posibilidad de orientarlos o instrumentalizarlos según sus propias ideas.

La historia ofrece innumerables ejemplos del uso de la creación artística con fines políticos, ya sea como propaganda o como objeto de censura estatal. Basta recordar los documentales de Leni Riefenstahl para el régimen nazi o el realismo socialista en la Unión Soviética. Los casos de persecución y censura son aún más numerosos: desde las Pussy Riot en Rusia hasta el Movimiento San Isidro en Cuba. En nuestro pasado reciente, la dictadura militar censuró más de mil películas —religiosas, eróticas, políticas e incluso humorísticas—, además de quemar libros y perseguir a artistas de distintas disciplinas.

Como se observa, el papel del Estado en cultura puede volverse fácilmente aplastante. Por ello, la libertad de creación ocupa un lugar central en cualquier política cultural democrática. Los distintos modelos de desarrollo cultural se diferencian justamente por cómo enfrentan esta tensión: algunos delegan todo al mercado; otros concentran en el Estado la definición de contenidos. Existe, sin embargo, una tercera vía: que el Estado cree condiciones para el desarrollo cultural —por ejemplo, mediante financiamiento público— sin intervenir en las decisiones creativas. Este ha sido el camino elegido por Chile, a través de un sistema que, aunque perfectible, es coherente, estable y ha sido administrado por gobiernos de distintos signos políticos. En consonancia con este sistema desde 2001 la libertad de creación y difusión de las artes es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución.

Lo que está en juego no es, como se pretende instalar, un caso de ‘malas decisiones´'del actual gobierno ni una supuesta falta de prioridades. Lo que se discute es uno de los pilares del modelo de financiamiento cultural chileno: la preservación de la libertad de creación y difusión de las artes como un bien público, precisamente en los momentos más incómodos y complejos.