Una denuncia de corrupción en el reparto de subsidios fuerza la salida del secretario de Transporte de Milei

La revelación de un supuesto esquema fraudulento contra el Estado terminó con la salida del Gobierno argentino de Luis Pierrini, hasta el miércoles pasado secretario de Transporte de Javier Milei. La denuncia fue hecha por cuatro cámaras del sector contra uno de los principales grupos empresarios de autobuses, acusado de sobrefacturar viajes para quedarse con una porción mayor de subsidios estatales. Según aseguran fuentes de una de las entidades denunciantes, la información detallada fue puesta tres veces a disposición del funcionario, quien debía impulsar una investigación interna, pero fue ignorada. Días después de la presentación de la última nota, y de acuerdo a una instrucción que habría dado desde Davos el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su renuncia.

El grupo La Nueva Metropol —dueño de 27 líneas de autobuses y 1.500 unidades de servicio que recorren Buenos Aires y sus alrededores— les habría cobrado a los usuarios tarifas correspondientes a viajes más largos que los efectivamente realizados con el objetivo de obtener del Estado nacional sumas superiores de compensaciones, según consta en las notas presentadas en conjunto por la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). La quinta cámara del sector, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), está integrada por la empresa denunciada y se mantuvo al margen.

Este esquema habría afectado a los usuarios, que debieron pagar boletos más caros, así como al resto de las empresas de la jurisdicción, dado que ese dinero proviene del presupuesto destinado a compensar las tarifas de todo el sector. Según apuntan, la maniobra se realiza desde al menos nueve meses y ha representado un desvío de fondos de 30.000 millones de pesos (equivalente a unos 21 millones de dólares).

La empresa Metropol desmintió las acusaciones y habló de una “vendetta” de sus competidores por la compra de 150 unidades de China, algo que efectivamente el resto de las empresas mira con sospecha. “El sector está en su peor momento en materia económica, con una baja importante del caudal de pasajeros. Nadie se explica cómo pueden renovar unidades, no de a una o de a 10, sino de a 150, que es una inversión millonaria, cuando el 90% del transporte no lo puede hacer”, apuntan fuentes del sector.

El escrito fue presentado ante la Secretaría de Transporte el 26 de diciembre, ampliado el 30 de diciembre y reiterado el 15 de enero, siempre con firmas de los presidentes de las cuatro cámaras. “Elevamos la tercera presentación sorprendidos y desconcertados por la escasa repercusión que ha tenido en el seno de vuestra Secretaría la referida denuncia”, agregan en el último documento.

Si bien las cámaras aseguran que lo denunciado se encuentra plenamente sustentado y corroborado por los datos de sus oficinas técnicas, no hicieron una denuncia formal ante la Justicia, sino que apelaron al camino institucional: presentaron la información a la Secretaría de Transporte para que sea esta la que avance con la verificación y tome las medidas que considere. De todos modos, no descartan presentarse directamente en los tribunales penales.

“No hemos tomado conocimiento de la adopción de medida alguna por parte de la autoridad de Transporte tendiente a impedir la continuidad de las maniobras descriptas, ni a sancionar a las empresas denunciadas, ni tampoco a proceder al recobro de los fondos indebidamente percibidos a fin de compensar a las empresas que resultan directamente perjudicadas”, señalaron en la última nota, tras lo cual fueron convocados a una reunión. En ese encuentro, según reconstruye uno de los transportistas convocados, las autoridades se mostraron “sorprendidas” ante el planteo. “Quedaron en informarnos cómo iban a compensar y devolver ese dinero al sistema, pero a los cuatro días las autoridades fueron eyectadas de sus cargos”, agrega.

Aunque en el Ministerio de Economía —cartera de la que depende Transporte— evitaron confirmarlo, la información extraoficial señala que fue el ministro Caputo quien solicitó la renuncia de Pierrini desde Davos, a donde viajó a acompañar al presidente Milei. Su salida sumó al abultado número de funcionarios que dimitieron o fueron desplazados durante la gestión de La Libertad Avanza: 217 en 778 días, según el registro que lleva el politólogo Pablo Salinas. El 35%, en la órbita de Economía.

La Secretaría de Transporte, que hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada tenía jerarquía de ministerio, es un área particularmente sensible en Argentina: una importante caja de dinero históricamente cruzada por tramas de corrupción. De acuerdo con el presupuesto 2026, este año contará con un cheque de más de un billón de pesos destinado a los subsidios de colectivos, equivalente a unos 1.110 millones de dólares. Luego de la salida de Pierrini, será observada de cerca.