Ecuador suspende al movimiento político de Rafael Correa

El pulso político entre el gobierno de Daniel Noboa y el correísmo entró en una nueva fase tras la suspensión por nueve meses de Revolución Ciudadana, el principal partido opositor del país. La medida, dictada por el Tribunal Contencioso Electoral a partir de una investigación fiscal por presunto lavado de activos, mantiene fuera del registro electoral al movimiento del expresidente Rafael Correa mientras Ecuador empieza a mirar hacia las elecciones locales de 2027.

La decisión fue adoptada por el juez electoral Joaquín Viteri, quien admitió un pedido de la Fiscalía para suspender provisionalmente a la organización política mientras avanza una investigación que permanece bajo reserva. Con esa resolución, la Revolución Ciudadana —lista 5— quedó temporalmente fuera del registro electoral, lo que abre interrogantes sobre su capacidad para participar con su propia sigla en los próximos comicios.

El origen del caso se remonta apenas 48 horas antes de la suspensión, a principios de este mes. El 4 de marzo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, notificó al Tribunal Contencioso Electoral sobre una investigación en el denominado caso Caja Chica, que indaga un supuesto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Según la hipótesis de la Fiscalía, dinero ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. La investigación menciona a ocho figuras vinculadas al correísmo, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González, quien hasta el 18 de enero de este año presidía el movimiento.

Esta interrupción surge en una etapa sumamente delicada. A falta de casi un año para los comicios seccionales de febrero de 2027, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició las gestiones para designar a 222 alcaldes y 23 prefectos, los líderes territoriales de mayor relevancia en la nación. El aviso adelantó el cronograma de votaciones en un territorio que suma más de diez años acudiendo a las urnas con una regularidad prácticamente anual.

Y en ese escenario político, el gobierno de Daniel Noboa tiene un adversario claro: la Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa que gobierna varias de las principales alcaldías y prefecturas del país.

En estos meses que vienen, los partidos deben realizar sus procesos internos, elegir candidatos y registrar sus listas para los comicios de febrero de 2027, unas metas que ahora se vuelven especialmente complejas para la principal fuerza opositora. “Nos enteramos por redes sociales que habíamos sido suspendidos”, dice Gabriela Rivadeneira, actual presidenta del partido, en entrevista con Papallones. “La Revolución Ciudadana ni siquiera ha sido notificada de que está inmersa en una investigación judicial”, añade.

En su dictamen, el magistrado admite que no logró examinar “elementos informativos” de la causa por el carácter reservado de las pesquisas. Asimismo, reconoce que hay una laguna legal para gestionar esta clase de disposiciones. Sin embargo, afirma que dicha falta de reglamentación “no puede conducir a la inacción jurisdiccional”.

“Lo que hace el juez es una interpretación preventiva”, explica Mónica Jaramillo, abogada especialista en derecho electoral. “Parte de la premisa de que un proceso electoral debe ser transparente y que una investigación por lavado de activos podría afectar la confianza en el sistema democrático. Por eso aplica una suspensión temporal”.

Luego del fallo, la agrupación solicitó que se anulara el dictamen. El escrito fue suscrito por Rivadeneira en su calidad de líder vigente; no obstante, el magistrado denegó el pedido debido a que en los archivos del CNE todavía figuraba la directiva previa en la presidencia. Según la representante correísta, esto representa una nueva “artimaña jurídica” con el fin de impedir su participación en los comicios. Al descartarse la nulidad, el veredicto se volvió definitivo. La Revolución Ciudadana fue excluida del padrón de organizaciones políticas.

A pesar de la suspensión, el correísmo explora alternativas para participar en las elecciones. Rivadeneira asegura que el movimiento analiza alianzas con otros partidos para que sus candidatos puedan competir en los comicios, aunque evita dar detalles. “No queremos provocar una persecución contra esas organizaciones”, afirma.

La Revolución Ciudadana mantiene una base electoral sólida, articulada alrededor de la figura de Rafael Correa. Pero también despierta un rechazo —igualmente intenso— en sectores del electorado que se identifican como anticorreístas y que suelen votar por cualquier opción que enfrente a ese movimiento.

Para Rivadeneira, ese escenario político está cambiando. “Ese falso dilema se está rompiendo por la forma de gobernar de Noboa y por las crisis multidimensionales que vive el país”, sostiene. La dirigente va más allá y denuncia una deriva autoritaria. “Hoy somos nosotros como un hecho disciplinador, pero mañana puede ser cualquier otra organización política. Vivimos en una dictadura donde se rompió la norma básica de la democracia: poder elegir”.

La decisión del TCE también generó reacciones en otras fuerzas políticas. El movimiento indígena Pachakutik rechazó la suspensión por considerarla “un hecho grave que debilita el pluralismo político”.

No es la primera vez que una decisión judicial altera el tablero electoral reciente. En noviembre de 2024, el mismo Tribunal Contencioso Electoral inhabilitó la candidatura presidencial de Jan Topic al considerar que mantenía vínculos con empresas contratistas del Estado, algo prohibido por la ley para quienes aspiran a cargos de elección popular. La decisión fue cuestionada por varios actores políticos, que recordaron que Topic había participado sin objeciones en las elecciones de 2023.

Mientras tanto, la Revolución Ciudadana prepara recursos ante organismos internacionales. Pero, en el ámbito interno, la llave para revertir la suspensión está en manos de la Fiscalía: solo si el fiscal Alarcón retira el pedido o concluye la investigación, el partido podría recuperar su lugar en el registro electoral. Hasta entonces, el caso amenaza con redefinir el mapa político ecuatoriano justo cuando empieza a calentarse la carrera hacia las elecciones de 2027.