Paz consigue una pasajera estabilidad económica en Bolivia evitando al Parlamento

Las filas de días para conseguir combustible en Bolivia han acabado. Es cierto que el precio de la gasolina es un 80% más caro, pero el impacto en la canasta básica no ha sido tan drástico como se temía. La inflación mensual de febrero fue de 0,68%, según el Instituto Nacional de Estadística; en 2025 ese dato cerró con dos dígitos. El presidente Rodrigo Paz, quien cumple cuatro meses de gobierno el 8 de marzo, se afana: “Este barco estaba prácticamente hundido, todavía queda mucho por hacer, pero hoy está flotando”, dijo en un mensaje por los 100 días de mandato. Analistas y la oposición reconocen el avance, pero alertan de una realidad “pasajera”: las leyes necesarias para cambiar la suerte del país tienen que pasar por el Parlamento, al que el mandatario ha estado evitando con la vía del decreto.

La medida más importante del presidente de derecha moderada ha sido eliminar la subvención a los hidrocarburos, que provocaba en gran medida el déficit fiscal que llegó hasta un 12% del PIB en 2025. Lo intentó primero a través del decreto supremo 5503, pero la norma, además de quitar el subsidio, permitía firmar contratos sobre recursos estratégicos entre el Ejecutivo e inversionistas pasando por alto a la Asamblea y otorgando varias facilidades al capital extranjero. El académico e investigador en temas de diseño del Estado, Carlos Bellot, asegura a Papallones que estos asuntos, según establece la constitución, deben ser decididos por ley.

“Si bien puede generar reglamentos mediante decretos, estos no pueden tener efecto sobre la población ni sobre los otros órganos de gobierno. Los decretos reglamentarios únicamente pueden tener efecto al interior del órgano Ejecutivo”, explica el analista. En efecto, el decreto 5503 generó varias semanas de marchas de rechazo y Paz finalmente cedió y lo derogó. La eliminación del subsidio y las medidas para contener su impacto fueron transferidas al nuevo decreto 5516, mientras que los otros puntos —se anunció— serían enviados al Congreso.

El economista Gonzalo Colque le atribuye al Gobierno la firmeza política de continuar con la supresión de la subvención a la gasolina y el diésel, pero pronostica que el alivio es momentáneo. “La actualidad está alimentada con deuda externa [la CAF comprometió 3.100 millones de dólares, el BID otros 4.500 millones] y el gasto público no ha bajado. Hasta ahora no se ha presentado el nuevo Presupuesto General del Estado, porque el anterior es del pasado Gobierno de Luis Arce y tiene programado un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares”. El proyecto fue tumbado en el Parlamento. El principal partido opositor y segunda fuerza en la Asamblea, Libre, votó en masa en contra.

El líder del partido de derecha conservadora y expresidente Jorge Tuto Quiroga explicó que aceptar el presupuesto sería “seguir con lo mismo”, aludiendo al modelo económico operado durante los 20 años de mandato del Movimiento al Socialismo (MAS). “Estamos en un veranito, pero no es estructural. Hay que arreglar las cosas de raíz. Ya estamos en el cuarto mes y no hay una sola ley económica que se haya aprobado. Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, un nuevo código minero, tributario y agropecuario”, opinó en una entrevista con un medio nacional.

Para lograr esos cambios estructurales es obligatoria la negociación con los diputados y senadores de las distintas bancadas. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció recientemente que envió a la Asamblea un paquete de leyes orientadas a aliviar el sistema tributario, entre ellas una condonación de deudas. Sin embargo, todavía no es de conocimiento público qué normativas se están tratando en lo referente a la minería o la agroindustria, las áreas en las que se apuesta que suplirán el ingreso al erario que antes provenía del gas.

Incluso para materializar los créditos prometidos por los organismos internacionales es necesario que la Asamblea dé el visto bueno. Es también este órgano el que tiene potestad para modificar el funcionamiento y asignar a los directores de instituciones clave, como el Banco Central. La organización que se ha mostrado más crítica con el Gobierno —encabezando las protestas contra el decreto 5503—, la Central Obrera Boliviana (COB), concentra sus críticas en el centralismo que, según considera, se ha adoptado desde el Palacio Quemado.

“Si no nos pronunciamos, actuarán con otros decretos de manera abusiva, atentando contra la constitución. Esta manera de actuar del Gobierno debe preocupar”, señaló el secretario ejecutivo de la mayor confederación sindical del país, Mario Argollo. Paz, sin embargo, no es el primero en recibir acusaciones de “legislar” mediante decretos. Un comunicado oficial aclaró que los más de 60 decretos que se han promulgado hasta el momento constituyen la cifra más baja registrada en las últimas tres décadas. La cuestión de fondo, advierten los expertos, es si esas normas toman atribuciones del Legislativo.

La fracturada relación entre órganos se explica en parte porque al oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) no le alcanzan los dos tercios para conseguir cambios estructurales. Peor aún cuando la bancada de la agrupación se ha visto partida en dos después del quiebre de relaciones entre el vicepresidente y, por constitución, presidente del Congreso, Edmand Lara, con Paz. La segunda máxima autoridad anunció el divorcio alegando que se sentía excluido de las decisiones de los altos mandos. Lanzó, en altisonantes tiktoks, denuncias de corrupción contra el gabinete de ministros y directores de instituciones públicas. La respuesta del presidente fue, más bien, silenciosa y administrativa.

Primero, en noviembre, promulgó el decreto 5488 que, entre otras disposiciones, creaba el viceministerio de Coordinación Política y Legislativa. La nueva institución se atribuye una función que, por constitución, le corresponde a Lara: articular la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Un mes después dictaminó el 5515, que le permite gobernar digitalmente a distancia cuando se encuentre en el exterior, evitando la línea de sucesión temporal del mando que recaía originalmente en el vicepresidente. La última ofensiva fue el pasado febrero con el 5552, que reduce a un 20% la estructura organizacional, el personal dependiente y el presupuesto de la Vicepresidencia, y la pone bajo dependencia administrativa del Ministerio de la Presidencia.

Para el analista constitucional Bellot, estas disposiciones contradicen la Carta Magna. “Existe el derecho de ejercer el cargo electo. Cuando alguna persona o autoridad pretende impedir, de forma directa o indirecta, que una autoridad electa ejerza el cargo, se da algo que se conoce como acoso político. Una entidad como la Vicepresidencia no puede depender de otra entidad jerárquicamente inferior”.