Bolivia detiene a 19 personas que recogieron dinero de un avión militar estrellado en La Paz

Un juez de El Alto, en Bolivia, decidió el lunes enviar preventivamente a la cárcel a 19 personas que recogieron dinero que quedó desparramado en la calle después de que el avión que lo transportaba con dirección al Banco Central se estrellara, al salirse de la pista de aterrizaje. El accidente ocurrido el viernes pasado ha dejado hasta el momento 24 muertos y una treintena de heridos. En el segundo de los tres días de luto decretados por el presidente, Rodrigo Paz, se desarrolló la audiencia virtual de medidas cautelares contra 35 personas acusadas de robo agravado, instigación pública a delinquir y daño a bienes del Estado. Quince de los aprehendidos se beneficiaron con detención domiciliaria y uno quedó en libertad.

El avión pertenecía a las Fuerzas Armadas de Bolivia y trasladaba aproximadamente 50 millones de bolivianos (7,2 millones de dólares), de los cuales se sustrajo un 30%, segun el ministro de Economía, Gabriel Espinoza. La Fiscalía abrió una investigación por el suceso, en el que declaró el piloto y parte de los ocho tripulantes de la nave, uno de ellos fallecido. El aviador contó que la pista de aterrizaje estaba congelada por la fuerte granizada del día. “Ya en tierra, se activan los frenos y no responden porque la pista estaba como una pista de patinaje, llena de hielo que se había congelado con el frío”, relató a los medios su abogado, Ricardo Maldonado.

La aeronave se descarriló entonces por un kilómetro en una transitada avenida, impactando con al menos 15 vehículos y dejando varios muertos, entre ellos cuatro niños. Los vecinos se apresuraron a recoger los fajos de billetes esparcidos; la Policía intentó dispersarlos primero con descargas de agua y después con gases lacrimógenos. Los alteños, sin embargo, una vez disipado el humo, volvían a arremeter contra el cordón de seguridad. El Ministerio de Defensa llegó a asegurar que eran miles de personas intentando acceder a las cajas con dinero del avión, protegidas por un cerco policial.

Ante la gasificación, los vecinos protestaban con piedras, algunas llegaron a impactar contra las ambulancias que socorrían a los heridos y levantaban los cadáveres. Por ello, se presentaron denuncias por daño a bienes del Estado e instigación pública a delinquir. Ante el inminente rebalse de las fuerzas de seguridad, el presidente del Banco Central, David Espinoza, quien se encontraba en el lugar de los hechos, ordenó quemar el dinero. “Los billetes no están autorizados para su circulación y carecen de sello legal. Cualquier persona que detente estos billetes está cometiendo un crimen y tiene que devolverlos a las entidades financieras”, aseguró entonces.

Para evitar que el dinero encontrado ingresara al sistema financiero, el banco central inhabilitó durante el sábado y domingo todos los billetes de la serie B para después revelar el número de serie específico de los que iban a bordo del avión. Las personas que no adquirieron el efectivo durante el accidente podían canjearlo en los bancos. La información, no obstante, fue confusa y, a pesar de que la restricción ya se levantó, el caos todavía reina en transacciones que incluyen los indeseados billetes de la serie B.

Durante el lunes y martes, varias personas se amontonaron en las puertas de la sede del Banco Central de Bolivia intentando averiguar si su dinero tenía validez o no. La institución colgó carteles con las series ilegales, además de habilitar un verificador en línea para comprobar si tenían valor. La población se confunde y considera poco práctico el método. “Quiero viajar y no me aceptan el billete. ¿Cómo hago para hacerle entender al señor que sí tiene valor?”, se quejaba una señora en las puertas del banco.

En otros negocios, se han colgado avisos de que no se aceptará dinero de esa serie, y el secretario de la Federación del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, instruyó el martes a sus afiliados no recibir los billetes evitados: “Imagínense estar esperando verificar la serie persona por persona; va a ocasionar trancadera, tal vez algún hecho de tránsito y, obviamente, puede causar daño”.

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) solicitó al banco central sacar de circulación la nueva serie y cambiarlos a las personas que lo hayan adquirido legalmente. Paralelamente a la investigación de la justicia ordinaria, se desarrolla otra a cargo de la Junta de las Fuerzas Armadas de Bolivia para esclarecer el caso.