El presidente de Perú enfrenta crecientes presiones mientras enfrenta una crisis que pone en jaque su mandato.

José Jerí podría convertirse este martes en uno de los presidentes más efímeros de la historia republicana del Perú. Con poco más de cuatro meses de Gobierno, su suerte será discutida por el Congreso en una sesión extraordinaria. Siete mociones de censura pesan sobre el abogado de 39 años que sucedió a Dina Boluarte en octubre. Si bien en un inicio su figura refrescó el Ejecutivo, con una presencia intensa en redes sociales, su popularidad se desplomó a raíz de sus reuniones fuera de Palacio con empresarios chinos —proveedores del Estado y, además, vinculados a mafias de economías ilegales— y dentro de Palacio hasta altas horas de la noche con un grupo de mujeres que luego fueron contratadas por el Estado.

Después de semanas de negociaciones, la semana pasada se obtuvieron las 78 firmas para convocar al Pleno extraordinario. Será nuevamente el Parlamento quien decida el curso del país. En el 2020 determinó la caída de Martín Vizcarra por actos de corrupción, a fines de 2022 fue la Cámara la que vacó a Pedro Castillo por su fallido autogolpe, y en el 2025 hicieron lo propio con Dina Boluarte por su incapacidad para frenar la crisis de criminalidad. En los tres casos emplearon el mismo mecanismo legal: vacancia por incapacidad moral permanente.

Para ejecutar la destitución de Jeremías, se requeriría previamente el respaldo de la Cámara, pero en este caso, el respaldo se lograría mediante una votación en la que se considera la abstención de algunos miembros, con el fin de lograr el consenso necesario, dado que el número de votos necesarios se vería afectado por la ausencia de ciertos miembros, cuya ausencia se justifica en el contexto del procedimiento establecido.

De prosperar una de las siete mociones de censura que acorralan a José Jerí, se convocará a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien automáticamente asumirá como el nuevo presidente de la República. Se trataría del cuarto gobernante en un solo periodo presidencial y lo más llamativo: el octavo en una década, desde que el economista Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones de 2016 y el militar retirado Ollanta Humala le entregó el mando.

“Los presidentes en el Perú son inquilinos precarios [...] El Parlamento se dio cuenta de que podía forzar el marco institucional y poner en jaque al presidente de turno. Tanto se normalizó deshacernos de los presidentes que, sí sale Jerí, nadie lo defenderá, como ocurrió con Dina Boluarte. Será un episodio más de una serie que pasó de tragedia a drama”, explica el analista político, Fernando Tuesta. “Se podrá discutir la legalidad o no de sus actos. Pero lo cierto es que, para los partidos que controlan el Congreso, importa la suma de votos y no el peso de las razones. Importa si les afecta o beneficia de cara a las elecciones”, agrega.

Ciertamente, el Perú está a solo ocho semanas de los comicios generales. Superando los 27 millones, los electores designarán al próximo mandatario, así como a los integrantes de un Congreso que recuperará la bicameralidad (60 senadores y 130 diputados) y a los miembros del Parlamento Andino. Resulta comprensible que Fuerza Popular y Renovación Popular, los grupos parlamentarios mayoritarios cuyos dirigentes (Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, en ese orden) encabezan los sondeos de opinión, mantengan una disputa abierta sobre la continuidad de José Jerí. Las dos agrupaciones compiten por obtener el apoyo del sector derechista.

Primero Renovación Popular emitió un comunicado donde acusó a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” por negarse a apoyar las mociones de censura en contra de Jerí. Sostuvo que el presidente “no debe continuar un día más” porque “es un operador de decenas de grupos chinos”, “ha abusado de su posición para llevar mujeres a Palacio” y porque “invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución”. Remarcaron que son una “derecha cristiana” y no una “derecha mercantilista y farisea financiada por empresas corruptas que sostiene, en aras a una estabilidad sin ningún fundamento, a un personaje que ha mancillado el rol de ser presidente del Perú”.

Fuerza Popular, el partido heredero del fujimorismo, respondió con un video donde aseguran que “Renovación se ha convertido en un títere de los caviares y los que apuestan por la confrontación permanente y empujan a la inestabilidad”. “Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”, insisten. Será clave la decisión que tome Alianza para el Progreso, la tercera fuerza del Parlamento. Sea como fuere, diversas fuentes periodísticas ya han voceado a los probables reemplazantes de Jerí: José Cueto (Renovación Popular) y Maricarmen Alva (Acción Popular).

Pero el panorama, que asoma adverso para Jerí, podría revertirse con una movida de último minuto. Según el periodista Eloy Marchán, del semanario Hildebrandt en sus Trece, en la sesión de este martes se plantearía una cuestión previa para proponer que al presidente le corresponda la vacancia y no la censura. Bajo esta figura se necesitarían 87 votos para aprobar su salida. “Como el pleno fue convocado para ver la censura se levantaría la sesión”, explica.

Tras un silencio que se extendió a sus redes sociales, el presidente Jerí dio una entrevista este domingo al programa Panorama, donde repitió que “no cometió ningún delito”. “Lo que sí tengo que reconocer es que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que a muchas personas les ha despertado suspicacias”, dijo sobre sus encuentros extraoficiales con empresarios chinos. Sobre las visitas de personas de dudosa reputación a Palacio señaló que se trata de “un problema de seguridad que ha heredado” y reconoció que, cuando era congresista, contrató a una “amiga” fuera de los parámetros legales, pagándole de su dinero para que lo asistiera a pesar de contar con siete asesores.

Este martes, Perú celebrará su nueva etapa, mientras el presidente asumirá el mando mientras se mantiene la incertidumbre sobre el rumbo, mientras que el Vaticano mantiene su postura.