Draft 2:* Por el caso UNGR

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado en la tarde de este miércoles el envío a prisión de los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de víctimas. El Alto Tribunal ha emitido orden de captura contra estos dos parlamentarios elegidos de nuevo el pasado domingo por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). La sala de instrucción de la Corte que investiga a los senadores y representantes a la Cámara también ha llamado a juicio por el mismo caso a Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, y al excongresista del partido Alianza Verde Juan Diego Muñoz.

El entramado criminal consistió en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro compró congresistas con dineros públicos destinados a la atención de desastres a cambio de que estos aprobaran las reformas y las solicitudes de crédito del Ejecutivo, según la investigación. Manrique y Manzur formaron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de aprobar o negar el endeudamiento estatal. La justicia los acusa de dar el visto bueno a los créditos a cambio de direccionar hacia sus municipios y sus contratistas proyectos millonarios financiados por la UNGRD.

De acuerdo con declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, director de la entidad encargada de la atención de los desastres a inicios del Gobierno y hoy capturado, Manrique se reunió varias veces con él y con funcionarios de su entidad en 2023. En los encuentros revisaron los avances de tres contratos que sumaban en total 92.000 millones de pesos. La indicación era que debían ser entregados a dedo para asegurar los votos positivos de los seis congresistas en la comisión de crédito. Los contratos serían destinados al municipio de Cotorra (Córdoba), al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar) y a Saravena (Arauca), de donde es Manrique.

La representante volvió a ser elegida por la curul de víctimas de paz del departamento de Arauca con más de 6.000 votos. Manzur, por su parte, logró dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado el pasado domingo con más de 135.000 votos en el preconteo. El cordobés, de 39 años, fue una de las votaciones más altas del Partido Conservador en estas elecciones.

La declaración de Olmedo López, difundida por el equipo de investigación de Noticias Caracol durante julio de 2024, sostiene que la congresista anotó en su cuaderno privado los convenios requeridos para asegurar los sufragios en la comisión de Crédito —responsable de avalar los créditos externos para el Ejecutivo—, indicando las localidades destinatarias y los legisladores favorecidos. Todo aquello ocurrió tras pactar presuntamente con el titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla. “La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos (...) Yo le entrego mi libreta y ella escribe”, manifestó López frente a la Corte. Noticias Caracol, tras inspeccionar las entradas a la UNGRD entre diciembre de 2023 y el inicio de 2024, ratificó que Manrique acudió a dichas instalaciones en diversas ocasiones para entrevistarse con López.

La adjudicación en Saravena, Arauca, valorada en más de 32 mil millones, buscaba formalmente edificar infraestructuras de mitigación de riesgos y control de crecidas en el río Bojaba. No obstante, de acuerdo con Olmedo López, el propósito verdadero era proveer fondos a la guerrilla del ELN, grupo que mantiene una sólida influencia en esa zona desde hace mucho tiempo. Finalmente, ninguna de las tres licitaciones llegó a formalizarse ni llevarse a cabo, debido a que la prensa reveló un nuevo caso de irregularidades en la institución, lo que motivó al presidente Petro a solicitar la dimisión de Olmedo López. Pese a ello, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han dedicado dos años a indagar a los involucrados con el fin de establecer las infracciones legales cometidas.

Además de Mazur y Manrique, entre los capturados por el escándalo de la UNGRD están los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la UNGRD, Olmedo López; el subdirector, Sneyder Pinilla. Entre los legisladores, solo han sido capturados los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, artífice del plan delictivo según la Fiscalía, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia en Nicaragua.

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