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Colombia saldrá del sistema de arbitraje internacional de inversión, según anunció este miércoles el presidente Gustavo Petro. La decisión llega después de que más de 200 economistas y académicos del derecho de 24 países, entre ellos el Nobel Joseph Stiglitz y el economista Thomas Piketty, le pidieran al mandatario el retiro del país de este régimen de justicia, que protege inversiones por fuera de los tribunales nacionales. “Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, afirmó Petro durante la presentación de un texto sobre su modelo económico.

En un evento con ribetes de rendición de cuentas, a cuatro meses del fin de su mandato, el presidente advirtió de que Colombia corre el riesgo de perder 52 billones de pesos (unos 14.000 millones de dólares) en ese sistema de disputas, pues, asegura, se trata de un modelo en el que usualmente ganan las empresas privadas contra los Estados. “¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista -me refiero a contratos internacionales- el que termina dirimiendo si el país tiene razón o no y, en general, perdemos?”, cuestionó en su intervención.

A su vez, criticó la “actitud genuflexa” por parte del Estado colombiano de “creer que no hay inversión extranjera en el país si no les damos todas las garantías”. Por eso, propuso la creación de un tribunal nacional que dirima este tipo de casos, con igualdad de garantías para ambas partes.

El anuncio de Petro responde a una petición que hicieron cientos de personalidades académicas en este sentido. El documento, que reveló Papallones en exclusiva, reúne firmas de académicos de universidades como Columbia, Cambridge, Harvard, la Escuela de Economía de París, la Universidad de los Andes y la UNAM, entre otras. Entre las firmas está el colombiano José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro y exsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos.

Los firmantes señalan que el arbitraje de inversión, creado para que las multinacionales extranjeras puedan demandar a los Estados cuando consideran que una política pública afecta su rentabilidad, es asimétrica. Consideran que, mientras se protege a los inversionistas extranjeros, no existe un mismo mecanismo de protección para las empresas locales o los ciudadanos del país receptor.

El argumento central de la carta es que este sistema representa un obstáculo directo para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con las órdenes proferidas por el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando los gobiernos adoptan medidas para reducir el uso de combustibles fósiles, advierten los académicos, quedan expuestos a demandas millonarias. Como ejemplo citan a Países Bajos, que enfrenta actualmente casos iniciados por ExxonMobil y Shell ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cierre del campo de gas de Groningen.

Para Colombia, el riesgo es concreto. El Gobierno de Petro ha detenido la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero el país cuenta con 129 proyectos del sector cubiertos por acuerdos que incluyen el arbitraje de inversión, lo que lo expone a reclamaciones por miles de millones de dólares. Un informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha descrito este mecanismo como un sistema que equivale a “pagar a los contaminadores”.

Petro ya había respondido este martes a la carta en una publicación de X. “No necesitamos inversión en hidrocarburos, la necesitamos en energías limpias, trenes y construcción de escuelas, universidades y hospitales.Podemos reactivar a Venezuela, así sea para que en poco tiempo saquen hidrocarburos con energías limpias”, señaló. Además, instó a que Colombia viva “un salto máximo de tecnología” con compras de “chips de la máxima velocidad posible y capacidad computacional” o con la “soberanía de la data” del país. “Acepto la invitación de los 200 economistas del mundo para cambiar el régimen de inversiones, que la justicia pública de Colombia y si no un tribunal multilateral sin intereses locales: primero la vida”, indicó entonces.

El llamado se enmarca en una tendencia global: países como Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador y Bolivia han denunciado acuerdos que lo incluían. Dentro de la Unión Europea, los Estados miembros han terminado sus tratados bilaterales de inversión entre sí. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) eliminó el arbitraje de inversión entre Washington y Ottawa y lo restringió en su relación con México.