La Fiscalía pide la absolución para los acusados en el caso de los 21 menores con síndrome del hombre lobo
El ministerio público considera que no hay delito, aunque los responsables de la empresa que etiquetó como omeprazol varios lotes de un crecepelo (minoxidil) irán a juicio


La Fiscalía de Málaga ha solicitado la absolución de las cuatro personas acusadas en el caso de los 21 bebés y niños afectados por hipertricosis, enfermedad que provoca el crecimiento del vello por todo el cuerpo, porque considera que no existe ninguna infracción penal. La fiscal subraya que todo partió de un error en el envasado, de tal manera que varios lotes de minoxidil ―medicamento que estimula el crecimiento del cabello― fueron etiquetados como omeprazol y se distribuyeron por farmacias de Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Los menores que los tomaron tuvieron que pasar un tratamiento, aunque no han sufrido efectos secundarios y solo algunos de ellos han tenido leves secuelas. Los acusados se sentarán de todas formas en el banquillo, puesto que hay varias acusaciones particulares que consideran los hechos como delito. Aún no hay fecha para el juicio.
Los hechos ocurrieron en verano de 2019, cuando varias familias denunciaron lo ocurrido en Andalucía, Valencia y Cantabria tras detectar un crecimiento desmesurado en el vello de sus pequeños, algo también denominado síndrome del hombre lobo. “A mi hijo se le llenó de pelo la frente, los mofletes, los brazos y piernas, las manos... Tenía las cejas de un adulto”, contó Ángela Selles, madre de uno de los 21 niños de entre dos y siete años afectados. Los casos fueron notificados por distintos médicos al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) y este a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps). Las investigaciones posteriores llegaron hasta unos jarabes contra el reflujo gástrico preparados con fórmulas magistrales y que habían sido vendidos por varias farmacias. El origen estaba en la empresa Faram-Química Sur, con sede en Málaga y licencia para su actividad, donde se comprobó que varios lotes de omeprazol en realidad eran minoxidil “por un error en el envasado”, según recoge el escrito de la Fiscalía.
En agosto, poco después de que saltara la alerta sanitaria, la Fiscalía malagueña abrió diligencias. Y en diciembre solicitó la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la compañía porque apreciaba indicios de delito contra la salud pública y negligencia profesional al haber suministrado a distintas oficinas de farmacia envases etiquetados como omeprazol cuando en realidad contenían minoxidil. Los acusados fueron el administrador único de la empresa, el director técnico y dos trabajadores.
Tras la instrucción del caso y analizar los informes forenses realizados sobre los 21 menores afectados, en verano de 2025 la fiscal acabó solicitando el archivo de la causa al entender que no había “base probatoria suficiente para formular acusación” contra los cuatro responsables de la empresa, sin perjuicio de las posibles acciones civiles que pudieran corresponder. Poco después el juzgado de Instrucción número 1 de Málaga acordó la apertura de juicio oral al existir varias acusaciones particulares.
Ahora la Fiscalía, como ha adelantado EFE, pide la absolución para los acusados porque entiende que lo ocurrido no tiene ninguna infracción penal. En su escrito, el ministerio público expone que ante la posibilidad de que el minoxidil pudiera producir efectos secundarios a medio plazo, la fiscal solicitó que las diferentes Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas afectadas informaran sobre si los menores, dos años después de los hechos, presentaban algún efecto adverso. Todas las administraciones, Valencia (tres casos), Cantabria (siete) y Andalucía (11), informaron de que no existían complicaciones o efectos secundarios más allá del crecimiento del vello. También que muchos de los menores tienen como secuela una ligera hipertricosis con un perjuicio estético ligero o moderado, según cada caso.
El juicio aún no tiene fecha, pero en él se prevé el interrogatorio a las cuatro personas acusadas y que participen como testigos tanto las familias de los menores como los médicos forenses que elaboraron los informes de Sanidad, entre otros.
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