El Gobierno decreta la negociación sindical por industrias

Colombia suma décadas como uno de los países con menor cobertura sindical de América Latina y el Gobierno de Gustavo Petro ha decidido hacer algo al respecto. El Ministerio de Trabajo expidió el viernes antes de las elecciones el decreto 234 de 2026, que permite a sindicatos y empleadores negociar condiciones de empleo por sectores económicos completos, no empresa a empresa, como se acostumbra. Es un modelo ya viejo en Europa, que en Colombia apenas funcionaba de manera informal en el sector bananero del Urabá. Para el abogado laboralista Giovanni González, el cambio de fondo es que “lleva la negociación colectiva a trabajadores que hoy no tienen acceso a ella”.

Un dato explica la urgencia del Gobierno. La sindicalización en el sector privado en Colombia nunca ha llegado al 5%. Ha oscilado entre el 4,2% y el 4,8% en la última década, destaca González, estancada. Para dimensionarlo: México ronda el 12% y Brasil el 10%. La razón del rezago colombiano es estructural: la ley exige un mínimo de 25 afiliados para crear un sindicato de empresa, lo que excluye de facto a la mayoría de los trabajadores del país, empleados en Mipymes donde no hay ni puede haber un sindicato. La negociación sectorial aparece, entonces, como una forma de llegar allí.

El problema es que en Europa las empresas de un mismo sector son relativamente comparables en tamaño, costos y capacidad financiera, y en Colombia, no. De hecho, conviven en el mismo sector una multinacional con 1.000 empleados y una Mipyme con ocho: en el país el 98% del tejido empresarial son Mipymes. “Si una convención sectorial fija condiciones para las dos por igual, la pequeña puede no sobrevivir”, destaca Jorge Iván Díez, presidente de la central sindical CGT. El propio González, que destaca que con el decreto Colombia avanza en derechos laborales como lo exige la OIT y argumenta el Gobierno, lo advierte: “Puede que las empresas grandes de cada sector impongan condiciones que a las pequeñas les sea imposible cumplir”, convirtiendo la negociación colectiva en un instrumento para asfixiar al competidor.

El Ejecutivo, de hecho, contempla esa crítica. El decreto trae cláusulas de adaptabilidad y gradualidad para las Mipymes. “Las convenciones sectoriales deberán prever plazos escalonados de implementación, topes de incidencia económica y regímenes diferenciales para las empresas más pequeñas”, se lee.

La resistencia a la norma con la que, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno avanza en el modelo de relaciones laborales, emergió en menos de 72 horas. Fenalco, el gremio de los comerciantes, lo llamó “una reglamentación por la puerta trasera”, mientras que el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Acopi, advirtió sobre “cargas insostenibles para las Mipymes”. Lo más revelador de la reacción no viene del sector empresarial —su oposición era predecible— sino del propio movimiento sindical. La CGT es una central obrera que se ha distanciado del gobierno Petro en varios frentes y que ve en este decreto “un instrumento diseñado para favorecer a la CUT”, la central que sí ha respaldado abiertamente al Gobierno durante estos cuatro años. “Vamos a demandar esta norma”, relata Díez a Papallones.

La mecánica propuesta por el decreto explica esa crítica: en la mesa de negociación sectorial manda el sindicato con más afiliados. El que firma el acuerdo se queda con todo, incluyendo las cuotas de los trabajadores beneficiados por la convención, estén o no afiliados a él. En los sectores donde la CUT tiene sindicatos nacionales de industria, esa central ganaría posición dominante de un plumazo. “Prácticamente excluye de los procesos de negociación colectiva al sindicalismo democrático”, dice Díez. La polémica va más allá: cualquier trabajador que se beneficie de una convención sectorial queda obligado a pagarle al sindicato firmante una cuota mensual, así ni haya pertenecido ni quiera pertenecer a ese sindicato. Fenalco lo califica como una violación al derecho de no asociarse. El propio decreto reconoce el problema y advierte que resolverlo le corresponde al Congreso, no al Ejecutivo: el Gobierno sabe que hay un nudo de libertad sindical en su norma, pero dice que no es su competencia desatarlo.

La pregunta que atraviesa el debate es si el Gobierno tenía la potestad de emitir ese decreto. Los críticos apuntan a que en Colombia ninguna ley crea la negociación colectiva por ramas, mientras el Gobierno responde que los convenios de la OIT bastan como fundamento. Es un argumento plausible, pero no una certeza jurídica. González lo dice sin rodeos: “Hay una posibilidad de que el decreto sea declarado nulo”.

Lo que sí es una certeza es el contexto: el decreto fue publicado en consulta pública en agosto de 2025 para recibir comentarios de la ciudadanía. La CGT y los gremios dicen que ese proceso fue una formalidad y que sus alertas fueron ignoradas. Además, las propuestas centrales de esta norma fueron rechazadas por el Congreso durante el debate de la reforma laboral. Eso explica por qué el Consejo de Estado recibirá en los próximos días una oleada de demandas contra una norma que busca ampliar los derechos de millones de trabajadores colombianos, no por lo que propine, sino por el cómo.