El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad ofrecer los gastos de sus viajes y sus gastos de representación solo al Congreso o al Senado, y ello en el caso de que alguna de las dos Cámaras se los solicite. La decisión ha sido adoptada a raíz del escándalo protagonizado por su presidente Carlos Dívar (su renuncia será publicada mañana en el BOE), que pagó parte de sus viajes privados con dinero público, y al mismo tiempo que se conocen desplazamientos “oficiales” de vocales a destinos tan lejanos y sorprendentes como La Patagonia, China o Australia.

Indagaciones llevadas a cabo por la policía desde hace un año y la reciente detención de varios de los investigados han puesto al descubierto un amplia red que se apropiaba irregularmente de datos confidenciales de historiales laborales y médicos entre otros, guardados en organismos públicos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha reprochado a Amaiur que se ponga “del lado de los asesinos y los terroristas”. Respondía así a las declaraciones del portavoz de la formación abertzale en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, que acababa de decir que la detención de dos etarras en Francia es “un paso” del Gobierno que va “en la dirección contraria a la resolución del conflicto vasco”. Además, el ministro ha reiterado que si Bildu finalmente concede, a través de la Diputación de Vizcaya, una subvención a un documental sobre presos de ETA, incurrirá en una de las causas de ilegalización que recoge la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha declarado: “El contador de una posible ilegalización de Bildu y Amaiur ha empezado a avanzar”.

El magnate del juego Sheldon Adelson ha pospuesto hasta septiembre su veredicto sobre la ubicación de Eurovegas. El director de desarrollo de su empresa, Michael Leven, aterrizó ayer en Barcelona para arañar aún más la oferta de Cataluña y reunirse con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hoy se trasladará a Madrid para hacer lo mismo con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Adelson ha exigido, entre otras ventajas: expropiaciones de terrenos, manga ancha laboral, trato impositivo especial y exención legal en asuntos como la prohibición de fumar en espacios públicos. A cambio dice que se crearán hasta un cuarto de millón de empleos. Fuentes de la negociación aseguran que la mayoría de las exigencias de Adelson han sido satisfechas.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu ha valorado que esa formación independentista se haya desmarcado de la violencia de ETA. Representantes de la izquierda abertzale, del PSE y del PNV han indicado que, en coherencia con esa constatación del Supremo, no debería permanecer en prisión Arnaldo Otegi y otros dirigentes que precisamente han impulsado el alejamiento de los métodos terroristas de ETA y la apuesta exclusiva por las vías políticas.

El Tribunal Constitucional anuló ayer el auto del Supremo que hace un año declaró ilegal la formación abertzale Sortu, por considerarla heredera de Batasuna. La noticia ha sido recibida con división de opiniones entre las demás fuerzas políticas. De un lado, el Gobierno vasco señalaba que el Constitucional había legalizado y ratificado “una legalidad que ya existía”, y PNV y CiU mostraban su satisfacción. Del otro, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresaba la “discrepancia” del Gobierno con la sentencia, y algunas asociaciones de víctimas y UPyD lanzaban duras críticas contra ella. Pero, más allá de esta disparidad de criterios, queda en el aire la posibilidad de que los presos de ETA sigan el camino de la izquierda abertzale, acepten la legalidad y faciliten la consolidación del final de la violencia.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció ayer que su departamento prevé establecer límites de velocidad variable en autopistas y autovías en función de las condiciones meteorológicas y de la propia vía. Esta misma semana, su departamento ha indicado que estudia subir a 130 kilómetros por hora el límite permitido en esas vías rápidas. Y a la vez, Tráfico ha señalado que planea reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias a 90 km/h.

Tras una larga trayectoria de desacuerdos sobre la estrategia para salir de la crisis, el PP y el PSOE mostrarán el próximo jueves en el Congreso una posición común a favor de la ratificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea. Desde diversas instancias de la sociedad española se viene reclamando a los dos principales partidos más acuerdos para imprimir credibilidad y eficacia a las medidas para reducir el déficit y retomar la vía del crecimiento económico.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega hoy a la reunión del G-20 que se celebra en Los Cabos (México) con la intención de despejar el fantasma de la intervención que se cierne sobre España. Toda la presión será allí para la canciller alemana, Angela Merkel, que insiste en su apuesta por una austeridad que cada vez más analistas y líderes internacionales cuestionan. Pero Rajoy no participará en esa presión, cuyos principales protagonistas son los presidentes de EE UU, Barack Obama, y de Francia, François Hollande. Este último plantea abiertamente una inyección de 120.000 millones de euros para políticas de estímulo. Si Hollande lograra imponer su criterio a Merkel, España saldría beneficiada.

Con la prima de riesgo batiendo récords por cuarto día consecutivo (ayer superó los 550 puntos) y el interés del bono a diez años rozando el 7% (Irlanda fue recatada al 8,1%), ayer se sucedieron las declaraciones de alarma en el Gobierno y en la oposición. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que esta “no es una situación mantenible en el tiempo”. El titular de Exteriores, José Manual García-Margallo, afirmó: “El destino de la UE se juega en estos días, quizá en estas horas”. Y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró: “La situación es muy difícil, muy difícil, hoy especialmente. No sé si [los dirigentes de la UE] se dan cuenta, supongo que sí, de que tienen pocos días para actuar”.

Relevantes dirigentes de la Unión Europea están transmitiendo en los últimos días su enfado con el comportamiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras presentar en su día la flexibilización del objetivo de déficit como una “decisión soberana” española, en una carta a Herman van Rompuy la semana pasada empleó un tono dramático, en algunos momentos exigente hacia Europa, y además el pasado domingo presentó como un logro lo que en realidad es un rescate en toda regla del sistema financiero. Esa distorsión de los hechos ha suscitado crispación en la UE con Rajoy.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, respondió ayer a todos los grupos parlamentarios de la oposición, que han exigido que Mariano Rajoy comparezca en el hemiciclo para explicar el rescate financiero. Alonso defendió el aplazamiento de la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de ese asunto y, además, insinuó que el debate del estado de la nación no debería celebrarse hasta otoño. Respecto al rescate financiero, argumentó que es “prematuro” explicarlo antes de que concluya el proceso de concesión del crédito. En cuanto al estado de la nación, dijo que es pronto para evaluar al Gobierno, tras seis meses de ejercicio.

Mariano Rajoy no tiene previsto explicar en el Congreso el rescate a la banca española hasta mediados de julio. El presidente del Gobierno pretende hacer caso omiso a la petición de toda la oposición para que acuda de inmediato al Parlamento y busca demorar su comparecencia hasta después de la cumbre europea que se celebrará el 28 y el 29 de junio. Para lograr su propósito, se inclina por convocar para principios de julio –mes en principio inhábil a efectos parlamentarios- el debate sobre el estado de la nación, durante el que se referiría a ese asunto. El propósito de Rajoy se ha conocido dos días después de que el eurogrupo aprobara el rescate del sistema financiero y el mismo día en que, tras una ligera bajada, la prima de riesgo volvía a superar los 520 puntos.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se niega a dimitir porque no ha hecho “nada malo”, según aduce, al pagar con dinero público gastos de sus viajes a Puerto Banús (Málaga) en fechas y horarios que no corresponden con actividades oficiales. Miembros del CGPJ estiman que, con independencia de si ha incurrido en malversación, su comportamiento no ha sido el correcto y ejemplar en quien está al frente del Poder Judicial.

Mariano Rajoy, además de ser el presidente del Gobierno, preside desde el inicio de su mandato las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, función que en anteriores Ejecutivos desempeñaba el vicepresidente y ministro de Economía. Además, ayer Rajoy reclamó “pregúntenme a mí” cuando se trate de averiguar la posición del Ejecutivo sobre la evolución de la crisis económica en España.

El Ministerio del Interior ha decidido proseguir con las reuniones entre víctimas de ETA y los presos etarras puestas en marcha por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero a la vista del resultado positivo, aunque ha introducido algunos cambios para diferenciarse de la estrategia de los gobernantes socialistas y asumir todo el protagonismo, en detrimento del papel del Ejecutivo vasco. Para Interior, esa es una de las herramientas para favorecer que los presos se aparten del terrorismo.

Tras su dimisión al frente de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (PP) ha evitado defender en público su gestión pero ha distribuido en el Consejo de Administración de Caja Madrid, que aún preside, un informe que cuestiona la enorme cuantía de dinero público inyectado en Bankia y, por tanto, la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy para atajar la crisis financiera en esa entidad y reprocha los daños causados.

Tras los datos difundidos por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benitez sobre el uso de fondos públicos por parte del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para sus gastos privados en desplazamientos que incluían frecuentes alojamientos en Marbella, ahora existen indicios de que Dívar ha mentido sobre las causas que él ha invocado como motivo de sus viajes oficiales. Ese cúmulo de supuestas irregularidades plantean con fuerza la existencia de responsabilidades.

La crisis económica ha puesto de manifiesto las carencias de las instituciones democráticas y hay voces que aseguran que es preciso debatir reformas políticas para evitar que el shock económico arrastre también el sistema

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, compareció ayer ante la prensa para dar su versión sobre el escándalo de sus 20 viajes de larguísimos fines de semana a un lujoso hotel de Puerto Banús, parte de los cuales fueron pagados con dinero público. La rueda de prensa constó de una intervención del presidente de los jueces y de seis preguntas por parte de los informadores. Dívar rechazó pedir disculpas por sus viajes, aseguró que en todo momento distinguió los gastos privados de los oficiales y lamentó el daño que el asunto ha causado a las dos instituciones que preside. “No me he planteado el problema de la dimisión”, dijo. “No he cometido ninguna irregularidad moral, jurídica o política”.

La presión de los mercados sobre la prima de riesgo la elevó ayer hasta los 540 puntos básicos y la Bolsa cerró en 6.090 puntos, con una caída del 2,58%. El ex presidente del Gobierno Felipe González alertó ayer en Sevilla, donde recibió el título de Hijo Predilecto, de que “España vive una situación de emergencia y es la hora de aunar esfuerzos” entre políticos, empresarios, sindicatos e instituciones.

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy compareció ayer en la sede del Partido Popular para sentenciar que “no va a haber ningún rescate de la banca española” y para rechazar una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de Bankia. Defendió que lo importante, en su opinión, es sanear el banco y tranquilizar a los inversores. Pero las acciones de la entidad cayeron un 13% y la prima de riesgo alcanzó ayer los 513 puntos básicos.

El Partido Popular utilizó de nuevo ayer su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces del Congreso para impedir que se debata en el próximo Pleno de la Cámara la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de Bankia y los problemas que han llevado a su nacionalización. Dirigentes del PP y el Gobierno han señalado que no solo no es conveniente sino que podría ser “contraproducente” escarbar en los problemas de Bankia.

Las medidas que tienen que ver con los bancos y las cajas de ahorros son el único asunto referido a la crisis que PSOE y PP han preservado al margen de la disputa política en las dos últimas legislaturas. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, está dispuesto a mantener el acuerdo, pero con condiciones. La dirección de su partido ha entregado al ministro de Economía, Luis de Guindos, un documento con sus exigencias para apoyar el jueves la convalidación del decreto ley de reforma del sistema financiero. Entre otras cosas, reclama que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables una vez que las entidades afectadas tengan beneficios. También quiere que el decreto ley dé respuesta a los afectados por hipotecas impagadas y que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), se reúnen hoy en La Moncloa en un momento en que prosiguen los embates de los mercados contra la economía española pero a la vez hay otros numerosos asuntos que requieren de acuerdos entre el Gobierno y los socialistas para recuperar la credibilidad de España y asegurar el buen funcionamiento institucional.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró ayer convencido de que llegará a un “entendimiento” con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para renovar en breve el Tribunal Constitucional. Su afirmación se produce un día después de que los magistrados del organismo hicieran público un ultimátum para ser renovados, en el que amenazaban con tomar medidas “muy drásticas” en caso de que esto no se produzca ya. Rajoy ha añadido presión a la situación con estas palabras: “Creo que tienen razón”. El Constitucional tiene pendientes de renovación a tres de sus miembros desde hace año y medio, y una plaza más está a la espera de ser cubierta desde que, hace cuatro años, falleció el magistrado Roberto García-Calvo. Actualmente tiene una mayoría progresista: a siete de sus magistrados se les atribuye esta tendencia, frente a otros cuatro que tienen un perfil conservador. La renovación del tribunal puede alumbrar una mayoría de jueces afines al PP o un pleno pactado por el partido del Gobierno con el PSOE y los partidos nacionalistas. De ello dependen sentencias tan importantes como la de la legalidad de Sortu o la del matrimonio homosexual.

En la conversación telefónica que ayer mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a petición de este, no fraguó un acuerdo para mantener una posición común ante la Cumbre Europea de hoy en Bruselas. Rubalcaba había propuesto que “España hable con una sola voz” en la UE. Rajoy rebajó incluso la relevancia de su interlocución con el líder socialista al convocarle a una reunión el próximo viernes e incluir en ese día una cita con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer en Chicago una reunión con Angela Merkel al término de la cual aseguró que la canciller alemana apoya las medidas del Ejecutivo español para reducir el gasto. Rajoy insistió en que “la apuesta sigue siendo el control del déficit público”, porque esa es la vía para llegar a ser “más competitivos y poder vender mejor nuestros productos afuera”.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia por malversación de caudales públicos contra Carlos Dívar que había presentado el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. La denuncia afirmaba que el presidente del Supremo y del Consejo general del Poder Judicial había costeado con dinero público 20 viajes a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de cuatro días, supuestamente para actividades oficiales. La fiscalía ha archivado ahora la denuncia sin apenas haber iniciado investigación alguna y a pesar de reconocer, en la nota de prensa en la que ha dado cuenta de su decisión, que Dívar realizó “viajes que tienen consideración de oficial, pero que se ven prolongados en actividades que podrían ser consideradas privadas”. La decisión de la fiscalía se produce, además, después de que el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, se negara a certificar por escrito que los viajes del presidente habían sido oficiales. Rodríguez Padrón alegó que él no estuvo en ellos y que no tenía constancia de actividades oficiales en las fechas de los viajes.

El Ejecutivo se amparó ayer en la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados para convalidar los decretos ley con los recortes de 10.000 millones en sanidad y educación y para no tramitarlos como proyectos de ley, proceso que hubiera permitido un debate parlamentario a fondo sobre la idoneidad de esas medidas y la posibilidad de negociar enmiendas.

La Reina ha cancelado su asistencia a las celebraciones de los 60 años de reinado de Isabel II que tendrán lugar en Inglaterra a partir de este viernes. El Gobierno ha considerado que su viaje era “poco adecuado en las actuales circunstancias”. Las circunstancias a las que se refiere el Ejecutivo son fundamentalmente dos. La primera es la visita prevista del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina de Inglaterra, y su esposa a Gibraltar, dentro de la gira que varios miembros de la casa real británica están realizando por sus colonias, precisamente con ocasión del jubileo de su monarca. La segunda tiene que ver con los roces entre las autoridades gibraltareñas y la flota pesquera española con base en la provincia de Cádiz, a la que las primeras impiden faenar en las aguas que circundan el Peñón. El Gobierno estudia además responder con otras medidas en la verja de Gibraltar y de apoyo a los pescadores.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, compareció ayer en público para explicar cómo piensa acometer el tijeretazo de 1.500 millones de euros de su nuevo plan de ajuste. Más compareció durante casi dos horas: la primera la dedicó a exponer sus planes y durante la segunda se sometió a las preguntas de los periodistas. Su actitud contrasta con la del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien evitó a los medios y envió a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a anunciar el mayor recorte de la autonomía andaluza. Pero, sobre todo, la actitud del presidente catalán resalta la incomparecencia del jefe del Gobierno central, Mariano Rajoy, en un momento en el que la desconfianza acorrala a España. Ni la nacionalización de Bankia, el pasado día 8, ni la segunda reforma financiera del Gobierno, el pasado día 11, ni el récord de la prima de riesgo, este mismo lunes, han sido motivos suficientes para animar a Rajoy a explicarse ante la opinión pública.

La insistencia del Gobierno y de su presidente, Mariano Rajoy, este fin de semana respecto a la inflexibilidad para hacer cumplir a las comunidades autónomas el objetivo de déficit, y los mecanismos puestos ya en marcha para una posible intervención de Asturias, están planteando como una opción más próxima que remota la toma de control por parte del Ministerio de Hacienda de las cuentas de algunas comunidades autónomas. A su vez, estas piden flexibilidad para recortar el déficit y reclaman hispanobonos para disponer de liquidez.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, viajó 20 veces en fines de semana al mismo hotel de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) entre noviembre de 2008 hasta marzo de este año. Dívar cargó a los presupuestos del Consejo de Poder Judicial 12.996,09 euros por esos viajes, según la ampliación de la denuncia que el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presentó ayer en la Fiscalía General del Estado, como complemento de otra que interpuso el pasado día 8. Los indicios aportados por Gómez Benítez pueden constituir un delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal, que castiga con multa de seis a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y tres años a la autoridad que destine a usos ajenos a la función pública el dinero puesto a su cargo por razón de sus funciones.

La sentencia del Tribunal Supremo ha rebajado de 10 años a seis y medio la condena a Arnaldo Otegi, entre otros, por un delito de integración en organización terrorista. El tribunal, dividido entre tres magistrados a favor y dos en contra de la condena, considera a Otegi uno de los portavoces de la izquierda abertzale designados por ETA. Y afirma que la banda delegó en él y otros de los condenados la “labor negociadora y de aglutinación del sector soberanista en el País Vasco”. El cese de la violencia por parte de ETA se produjo después de que se lo pidiese formalmente la izquierda abertzale.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido ayer, indica que el PP saca una ventaja de 11 puntos porcentuales al PSOE en estimación de voto si bien en solo tres meses ya ha descendido 2,1 puntos y los socialistas han subido 1,6. La distancia sigue siendo considerable pero se empieza a reducir al poco de haber iniciado el Gobierno de Rajoy su política de recortes. La consideración sobre Rajoy también ha descendido.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, dio ayer por roto el pacto que en 2009 permitió al socialista Patxi López acceder a la presidencia del Gobierno vasco, una decisión que puso término a varias legislaturas seguidas de mandato del Partido Nacionalista Vasco. Mientras Basagoiti reprocha al Ejecutivo socialista, justo en su tercer aniversario en el poder, sus iniciativas contra los recortes del presidente Mariano Rajoy, el entorno del lehendakari lamenta que el líder vasco del PP justifique esos ajustes frente al modelo alternativo que quiere representar el Gabinete vasco. En el trasfondo se acerca, además, el debate sobre el anticipo electoral.

El Ministerio de Defensa estudia paralizar el único portaviones que tiene España, el Príncipe de Asturias, y dos fragatas por falta de dinero para mantener los tres buques de guerra. Los expertos consideran que se trata de un primer paso para llevarlos al desguace, por tres razones: porque no hay perspectivas de que la situación presupuestaria mejore a medio plazo, porque los barcos se deterioran con gran rapidez si no se utilizan y porque, debido a su antigüedad, su puesta a punto requeriría grandes inversiones. La noticia se produce cuando se anuncian cierres de hospitales (dos, en Baleares), la eliminación de las recetas para los pensionistas o el aumento de las tasas universitarias para intentar recortar el déficit público.

Unos 8.000 agentes –entre policías nacionales, guardias civiles y mossos d,Esquadra- forman el enorme dispositivo de seguridad para evitar posibles acciones de protesta durante la reunión en Barcelona del consejo del Banco Central Europeo. Se trata del mayor despliegue policial en la capital catalana desde que se celebró allí la cumbre de la Unión Europea en 2002. Las Fuerzas de Seguridad habían detenido hasta ayer a 17 personas e impedido el acceso en frontera a 43, tras haber suspendido el pasado 28 de abril el Tratado de Schengen.

El candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, afirmó ayer en el debate de investidura que Andalucía representa una esperanza para muchos españoles que quieren un camino "distinto" del que está imponiendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para salir de la crisis y poder entrar en una fase de recuperación y crecimiento. Pero las medidas que puede elegir el próximo Gabinete autónomo del PSOE e IU están limitadas por los recortes de Rajoy y por la propia crisis.

La dirección de los socialistas se ha volcado en las manifestaciones de los sindicatos en el primer Día de los Trabajadores con Mariano Rajoy en La Moncloa. El “compromiso con los trabajadores” que el PSOE hace público cada año en esta fecha, acompañado de un llamamiento a “los socialistas” a manifestarse en defensa de sus convicciones, ha ido más lejos en esta ocasión: pidió directamente a los ciudadanos, no a los socialistas, que se unieran a las 80 marchas que se celebraron en toda España. Hizo más: envió a los miembros de su cúpula a manifestarse. El PP ha acusado al PSOE de crear “alarma social” por movilizarse contra el Gobierno.

Desde mayo de 2011 se han celebrado 11 encuentros entre víctimas del terrorismo y presos etarras, bajo los auspicios del Gobierno socialista. Todos ellos fueron solicitados por los reclusos, con el objetivo de pedir perdón por sus crímenes. Cinco fueron entre terroristas y sus víctimas directas. Los otros seis fueron entre víctimas y miembros de la banda que no estaban implicados en los atentados concretos que truncaron sus vidas. Los presos no obtuvieron a cambio ningún beneficio penitenciario, ya que, a efectos legales, el perdón debe ser pedido por escrito, trámite que todos ellos ya habían cumplido. Sus beneficios eran fundamentalmente emocionales. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de variar esa política de encuentros, desarrollada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahora, solo se producirán entre etarras y sus víctimas directas. El Ministerio del Interior no ha ofrecido una explicación clara para este cambio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer por segunda vez su intervención en un acto del PP para responder a quienes se manifiestan en la calle contra los recortes presupuestarios, especialmente en sanidad y educación, advirtiéndoles en esta ocasión que “cada viernes continuarán las reformas; el viernes que viene, también”.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha un programa de reinserción de presos de ETA que constará de dos fases. La primera supondrá el posible acercamiento de los reclusos por terrorismo a prisiones del País Vasco. La segunda contemplará la posibilidad de que obtengan beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales. Los candidatos a acceder al programa deberán rechazar la violencia y desvincularse de la banda, pero no será necesario que pidan perdón a las víctimas, como ocurría hasta ahora con la llamada vía Nanclares. El nuevo plan de reinserción no supone cambio legal alguno. Lo que varía es la interpretación rígida de la ley que aplicaron hasta ahora tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy. En esencia, es un gesto político del Ejecutivo del PP tras las acusaciones de inmovilismo en el final de ETA que ha recibido por parte de los partidos políticos vascos.

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una página web (www.gentcat/mossos) que incluye fotos de 68 personas para que los ciudadanos las identifiquen. Los Mossos creen que protagonizaron actos de violencia callejera durante la huelga general del 29-M en Barcelona. La página exige nombre, primer apellido, DNI y número de teléfono o correo electrónico de los informantes, pero promete que sus datos serán confidenciales. Aunque el director general de la Policía catalana afirmó que su departamento ha informado a la fiscalía y a la judicatura de la puesta en marcha de la web para “asegurar las garantías jurídicas”, admitió que no puede garantizar que algunas de las personas que aparecen en las fotos no sean menores de edad, por lo que estaría prohibida la difusión de sus imágenes. La intención de la Generalitat es que el sitio en internet sirva a partir de ahora para que los ciudadanos delaten a los protagonistas de incidentes violentos.

La confrontación en el Pleno del Congreso entre el Gobierno y el PSOE sobre los Presupuestos para 2012 se apoyó ayer en las acusaciones mutuas de engañar en relación con el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ocultó la cifra real de déficit de 2011, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recriminó a Montoro que haya escondido ante los ciudadanos y el Parlamento el hecho de que “conocía el dato del déficit” desde que el Ejecutivo del PP tomó posesión. Asimismo, el ministro de Hacienda puso en duda que las comunidades autónomas puedan bajar la cifra al 1,5%, objetivo para este año.

Los primeros Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP han provocado no solo criticas de los sindicatos sino enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluida CiU pese a los esfuerzos del Gobierno para no quedarse solo. Dado que hasta ahora ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Economía y Hacienda los que han dado la cara, algunas fuentes consideran que debe ser el presidente en esta ocasión quien salga a defender las cuentas públicas.