El PSOE y el precio territorial del poder

El PSOE se ha presentado durante décadas como el partido que más se parece a España. Algo de fundamento tiene esta afirmación si se tiene en cuenta que ha gobernado casi 30 años frente a los 15 de los populares. De hecho, la ideología de la opinión pública en España está, en promedio, ligeramente escorada hacia la izquierda (4,6 según el último dato). Incluso hoy, el PSOE es el partido que los ciudadanos perciben más cerca de esa posición. Si descendemos al detalle de sus políticas progresistas en materia social o de derechos, la mayoría de la ciudadanía las apoya, como las subidas del salario mínimo, los ERTE, la ley de eutanasia e incluso la ley trans.

Esa posición podría ser una ventaja electoral. Ahora bien, merece la pena recordar que España es un país heterogéneo. Cabe pensar que, aunque la población se sitúe en promedio en el centroizquierda, ese dato oculte diferencias territoriales. Podría ser que Euskadi o Cataluña tiren hacia la izquierda y generen una media que haga que el PSOE esté lejos de los votantes de otros territorios. Sin embargo, la ideología de los españoles no registra grandes diferencias entre comunidades autónomas (durante la última década la opinión pública en la mayoría de ellas se ha posicionado entre el 4,7 y el 5) y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. En términos ideológicos, el PSOE está más cerca que el PP del votante medio en todas las comunidades.

El panorama cambia cuando hablamos del eje territorial, la otra gran dimensión política en España. Para empezar, porque las opiniones sobre el modelo autonómico difieren mucho más entre comunidades que las que existen sobre el salario mínimo o el matrimonio homosexual. Hay territorios que reclaman más autogobierno, como el País Vasco; otros que defienden como posición central el Estado autonómico, como Andalucía o Galicia; y otros que preferirían recentralizar competencias, como Murcia o Castilla-La Mancha. Además, el modelo territorial es el ámbito en el que más han cambiado las posiciones de los españoles en la última década. Aunque durante los años de la crisis económica se produjo un aumento generalizado del centralismo, hace casi una década las posiciones en la izquierda se polarizaron y, aunque algo más moderadas hoy, esas diferencias se han mantenido.

Esta situación representa una desventaja estructural para el PSOE. Dado que los españoles tienen visiones muy distintas sobre el modelo autonómico, la oferta socialista de cada territorio encaja peor. Por una parte, el PSOE es visto como más centralista en regiones como Cataluña o el País Vasco. En estas comunidades, el PSOE compite peor que los partidos nacionalistas si la agenda gira en torno a la cuestión territorial. Por otra parte, los socialistas son percibidos como demasiado autonomistas en las comunidades más centralistas (respecto a la media de la opinión pública en la región). Aquí, el PSOE compite peor que el PP, que además obtiene un mejor rendimiento en escaños por voto en esos territorios, al tratarse de regiones menos pobladas. De ahí que la derecha quiera activar la cuestión territorial: cuenta con un electorado mucho más homogéneo, puede articular un discurso nacional sin provocar alboroto entre sus barones, sabe que moviliza a los propios y segmenta a sus rivales.

No obstante, no es un problema nuevo: ya lo afrontó el PSOE en etapas anteriores, como durante los gobiernos de Zapatero. Desde este periodo los pactos con nacionalistas e independentistas fueron decisivos para que los socialistas estuvieran en el poder. Sin embargo, tres factores explican que esas alianzas tuvieran entonces un coste territorial más bajo que en la actualidad.

El primero es que la polarización sobre la cuestión territorial era menor: los partidos nacionalistas catalanes tenían posiciones más moderadas y gozaban de una mayor aceptación entre los votantes. Las alianzas con estos partidos eran menos impopulares que en la actualidad, como también lo era el coste político asociado a este tipo de acuerdos. Desde esta perspectiva, las cicatrices del procés aún tienen inercia.

El segundo factor era la posibilidad de recurrir a “políticas de compensación”. Los pactos con partidos nacionalistas pueden ser considerados un mal menor si, a cambio, se aprueban medidas sociales. Es decir, si los temas centrales de la legislatura vuelven a situarse en el eje progresista que demanda su electorado. Es evidente que no es el caso de esta legislatura. Que desde 2023 exista una mayoría en el Congreso de los Diputados articulada para evitar un gobierno del PP y Vox no garantiza cohesión en la izquierda. La reducción de jornada, las políticas fiscales o de vivienda más ambiciosas quedan descartadas. El PSOE gobierna por ser el partido mediano en el eje territorial del Congreso, no en el ideológico. Hoy los socialistas no pueden compensar a su votante por el peaje de sus alianzas con los partidos territoriales.

El tercer factor es de carácter organizativo. Para el PSOE, la gestión del conflicto con Cataluña o la financiación autonómica ha sido impopular tanto entre su electorado ―un amplio porcentaje de votantes socialistas estaba en contra del indulto a los condenados por el procés― como dentro de la organización. Lambán en su día o Page en la actualidad han mantenido u n discurso distinto al del Gobierno de Sánchez, pero más coherente con las preferencias del electorado en su región. Ahora bien, para que esta estrategia discursiva sea eficaz los barones territoriales necesitan el altavoz de estar en un gobierno autonómico. Desde la oposición, especialmente cuando los aspirantes a gobernar esos territorios son ministros, resulta muy difícil evitar la nacionalización del discurso. El resultado del socialista Carlos Martínez en Castilla y León se explica precisamente por haber sabido capaz de articular un mensaje creíble en clave local y autonómica. No obstante, la falta de banquillo territorial del PSOE reduce la existencia de contrapesos internos para modular el debate territorial en cada electorado autonómico.

Sin margen para compensar con políticas sociales, con dificultades organizativas y en una coyuntura descendente para la izquierda, el PSOE queda atrapado en un escenario de suma cero. Lo que sea favorable a las comunidades más nacionalistas es muy probable que le reste votos en el resto, especialmente en aquellas donde la posición sobre la cuestión territorial es más centralista. Este era el caso de Aragón y, en menor medida, en Andalucía, donde el PSOE competirá en las próximas semanas con una vicepresidenta y ministra como candidata. En paralelo, lo que permite a Pedro Sánchez continuar en La Moncloa es lo mismo que dificulta la viabilidad electoral de su organización en las autonomías. El PSOE gobierna España al precio de encoger su mapa territorial.