El Estado de derecho bajo presión en Estados Unidos

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha convertido a los tribunales en uno de los principales escenarios de la política estadounidense. En sus primeros meses de mandato, su Administración acumuló un volumen de litigios sin precedentes. Según un informe del Congressional Research Service publicado en mayo de 2025, el Ejecutivo se enfrentó a 25 medidas cautelares de alcance nacional en sus primeros 100 días, una cifra muy superior a la registrada en periodos comparables de presidencias anteriores, incluido su primer mandato. Hasta la fecha, se han registrado más de 570 impugnaciones judiciales contra actuaciones del Gobierno federal.

Este choque constante entre el poder ejecutivo y el judicial plantea una cuestión central: si el Estado de derecho en Estados Unidos está seriamente amenazado o si, pese a las tensiones, las instituciones siguen funcionando como deberían. A partir de ahí, suelen emerger dos interpretaciones contrapuestas. La primera es abiertamente pesimista: las normas democráticas se estarían vaciando desde dentro, y los frenos al poder habrían dejado de ser efectivos. La segunda es tranquilizadora: los jueces intervienen, los tribunales corrigen excesos y el sistema, aunque sometido a tensión, sigue resistiendo. Ambas lecturas captan aspectos reales, pero ninguna por sí sola permite entender plenamente lo que está ocurriendo.

Investigaciones recientes en ciencia política y economía —incluido un análisis publicado en el último número del American Journal of Political Science junto con Pedro Trivín, de la Universidad del Piamonte Oriental— muestran que gobiernos populistas como el de Trump tienden a erosionar el Estado de derecho. Los gobernantes populistas buscan debilitar o sortear los contrapesos que limitan el ejercicio de su poder personalista. El resultado no suele ser la abolición de la legalidad sino su uso selectivo. Las normas formales se mantienen, pero se aplican de manera desigual: para favorecer a aliados y castigar a críticos, para proteger a quienes son leales y presionar a quienes disienten. Es un “Gobierno mediante la ley”, más que un Gobierno sometido a ella.

La clave, sin embargo, no es solo que el populismo haga daño, sino cuánto daño puede hacer. Y eso depende en gran medida de las herencias institucionales con las que se encuentra al llegar al poder. El Estado de derecho no es únicamente un conjunto de leyes o tribunales; es también un entramado de normas sociales que definen el cumplimiento de la ley y su aplicación imparcial como comportamientos esperados, tanto entre jueces y funcionarios como entre los ciudadanos. Donde estas normas son débiles, el deterioro resulta rápido y duradero. Donde son fuertes, el daño es más limitado, pero no desaparece. Una tradición de respeto a la ley no hace a un país inmune; lo hace más resiliente.

Esta distinción entre resiliencia e inmunidad es fundamental para entender el caso estadounidense. Según datos del proyecto Varieties of Democracy, con sede en la Universidad de Gotemburgo, tras algunos retrocesos durante el primer mandato de Trump y una recuperación posterior bajo la presidencia de Joe Biden, la segunda Administración de Trump asumió el poder en un contexto caracterizado por un Estado de derecho aún robusto.

Esto ayuda a explicar por qué muchas iniciativas del Ejecutivo han encontrado obstáculos judiciales y por qué otras han generado fricciones dentro del aparato administrativo. No se trata de una oposición coordinada ni de una rebelión institucional, sino del funcionamiento ordinario de procedimientos, normas y rutinas profesionales que limitan la discrecionalidad política. La resistencia, en este sentido, no proviene de una sola institución, sino de la interacción entre tribunales, funcionarios y reglas establecidas.

Ahora bien, resistencia no es lo mismo que reversión. Incluso en contextos con un Estado de derecho fuerte, la evidencia comparada apunta a un deterioro gradual tras la llegada de líderes populistas. Este proceso se ve facilitado por una dinámica menos visible pero crucial: el desfase temporal inherente al funcionamiento de la justicia. Los litigios suelen comenzar en tribunales inferiores, que a menudo deben actuar con rapidez mediante medidas provisionales. Las apelaciones llevan más tiempo, y la revisión por parte de los tribunales constitucionales es aún más lenta y selectiva. En cada momento, lo que observamos no es tanto un juicio definitivo sobre la legalidad de las políticas, sino una fotografía provisional del punto en el que se encuentran dentro del recorrido judicial.

En Estados Unidos, este desfase temporal se ha visto acentuado por la creciente tendencia del Tribunal Supremo a resolver los casos mediante decisiones estrictamente procesales —por ejemplo, en asuntos relacionados con actuaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)—. Estas intervenciones suelen dejar sin resolver las cuestiones jurídicas de fondo. Al mismo tiempo, permiten que la acción del Ejecutivo continúe, ampliando de forma temporal la discrecionalidad presidencial sin aclarar definitivamente los límites de su poder.

Los tribunales pueden frenar políticas concretas, y las administraciones pueden ralentizar o condicionar su aplicación, pero ninguna de estas instancias garantiza por sí sola la estabilidad a largo plazo del Estado de derecho. En última instancia, sus verdaderos garantes son los ciudadanos. Las herencias institucionales descansan sobre una expectativa compartida: que la ley debe aplicarse de manera igual e imparcial, también a quienes gobiernan.

Aquí, la evidencia estadounidense es ambivalente. Las encuestas muestran un amplio apoyo a la idea de que el presidente debe acatar las decisiones judiciales, pero también revelan una fuerte polarización entre demócratas y republicanos cuando se pregunta si los jueces actúan legítimamente al bloquear decisiones del Gobierno. Esta fractura partidista debilita la capacidad de frenar electoralmente los ataques al Estado de derecho.

En conjunto, la experiencia de Estados Unidos bajo Trump se asemeja menos a un colapso institucional que a una prueba de estrés prolongada. Las instituciones han resistido, pero ninguna es inmune al desgaste. Una herencia sólida de Estado de derecho compra tiempo, pero no garantiza la preservación de la democracia constitucional.