Faltan por justificar 65.0

La Auditoría Superior de la Federación presentó este martes su análisis del último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que detectó “montos por aclarar” por 65.000 millones de pesos, sobre 3.800 millones de dólares al cambio actual. La cifra que da la agencia encargada de vigilar cómo se gasta el dinero público en México es el consolidado de todo 2024 y son asignaciones sobre las que, cuando cerraron los informes, las entidades fiscalizadas no habían entregado los documentos que demuestran que se ejercieron de forma correcta. Esta podría ser la última entrega de David Colmenares como cabeza de la institución, ya que en pocos días arranca el proceso para elegir a un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia.

Durante la presentación de este informe en la Cámara de Diputados, el auditor Colmenares presumió que las 2.264 auditorías realizadas para 2024 son la cifra más alta en la historia de la institución. Su gestión ha sido criticada desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que señalan su cercanía con Morena, y aportan como evidencia la caída en la presentación de denuncias de la Auditoría ante las fiscalías por los desfalcos de recursos. Las instituciones que han recibido observaciones tienen ahora un mes para presentar la información correspondiente y, en otros cuatro meses, la Auditoría deberá emitir un dictamen sobre si sí han logrado—o no— demostrar que el dinero se ejecutó de forma correcta.

Dentro de la Cuenta Pública 2024, la administración federal posee cerca de 673 millones de pesos pendientes de justificación, focalizados en el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. En el Consejo, los 272 millones sin rastro preciso obedecen a la carencia de soportes documentales en prestaciones de comedor, vigilancia, aseo y tecnologías de la información. En este apartado final se liquidaron 92 millones de pesos a una firma de servicios de impresión sin monitoreo digital de fotocopias, junto con un proceso judicial por la adquisición de casi 9.000 dispositivos.

Respecto a la Secretaría de Marina, se identificaron 108 millones por trabajos ya abonados pero en los cuales “se constató que estos trabajos no se encontraban ejecutados” para la “Construcción del Sector Naval y Batallón de Infantería de Marina número 34” en los complejos de Boca de Chila en Nayarit. Un hecho similar sucedió con otros 80 millones de pesos en los recintos navales de Puerto Libertad, Sonora.

Para la categoría de Desarrollo Económico, que son las instituciones y proyectos federales para la actividad productiva, la infraestructura y los sectores estratégicos, hay 3.700 millones de pesos sin justificar, concentrados en Pemex con 1.700 millones, y el sector de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 1.200 millones. En Pemex, la mayoría se centra en los campos petroleros como Quesqui, en Tabasco, donde se pagaron 1.200 millones de pesos de más en supuestos trabajos de perforación no comprobados; y en el sector de infraestructura son diversos proyectos por toda la república. Además, en Desarrollo Social, hay más de 1.400 millones para aclarar, concentrados en hallazgos en salud, educación, y medio ambiente y recursos naturales.

No obstante, la mayor cuantía de los saldos pendientes se registró en el gasto federalizado; esto es, los fondos asignados a Estados y ayuntamientos para áreas como enseñanza, sanidad u obras públicas. En este punto existen incertidumbres sobre 59.000 millones de pesos, distribuidos entre gobiernos locales, demarcaciones, centros educativos, fiscalías estatales y demás organismos. Sobresale Estado de México con una suma superior a 13.000 millones de pesos, donde la gran mayoría se imputa a los municipios, e integran a Valle de Chalco, que en aquel ciclo padeció un anegamiento de varios meses.