Ocho policías para 3.000 casos: el reto de investigar los crímenes de guerra en Ucrania

Cajas y cajas de cartón con cientos de expedientes acumulados ocupan el suelo de una habitación en un edificio de Kiev. Corresponden a casos de posibles crímenes de guerra cometidos por los rusos durante la gran invasión de Ucrania desatada desde febrero de 2022. Estas instalaciones destartaladas de varios pisos de altura bien podrían ser el escenario de una película de suspense. Tras la puerta de otra estancia, sorprende un despacho de dimensiones estrechas pero reformado y bien iluminado. Un gran mapa de los alrededores de la capital ucrania, lleno de marcas e indicaciones, cuelga de la pared. Alrededor de la mesa, hay dos hombres, Artur y Dmytro (el de este segundo no es su nombre real), y una mujer, Alla. Son policías dedicados en cuerpo y alma durante estos cuatro años a tratar de desentrañar todos esos casos. “Tenemos 3.000 expedientes para ocho agentes”, se quejan. Haciendo referencia a la escasez de efectivos en el ejército, dan a entender que este es otro frente en el que andan muy necesitados de ayuda.

En el quinto año de gran invasión rusa, las pesquisas avanzan como un dinosaurio y en medio de una gran falta de medios materiales y humanos, según denuncian algunos especialistas. La Fiscalía eleva a más de 216.000 los posibles crímenes de guerra y hay identificadas 253.000 víctimas, según datos de febrero. “No disponemos de capacidad física para investigar toda esta cantidad de crímenes”, pues se trata de algo “sin precedentes”, estima Maryna Slobodianiuk, investigadora de Truth Hunds, una de las organizaciones humanitarias que colabora para arrojar luz y denunciar lo que ocurre. Calcula que el número de casos está en torno a cien por investigador, algo “inasumible”.

A finales de septiembre de 2025, cuando la estimación era todavía de 185.000 casos, únicamente habían llegado a los tribunales 446 y en 156 se habían dictado sentencia, es decir, menos de uno de cada mil, según un estudio llevado a cabo por la Unión Ucrania de Derechos Humanos de Helsinki. El informe incide también en la imposibilidad del sistema a la hora de gestionar tal magnitud de delitos. Abarcan ejecuciones extrajudiciales, bombardeos y ataques a infraestructuras civiles, deportación de menores, tortura, violencia sexual o desapariciones forzosas.

“El 67,2% de los fiscales —han sido entrevistados 64— proporciona orientación procesal en más de 100 casos de crímenes de guerra al mismo tiempo, la misma cifra que da Slobodianiuk. Para comparar: solo el 27,4% de los investigadores —se ha entrevistado a 117— tienen más de 100 casos en curso. Tal desproporción afecta inevitablemente a la calidad de los procesos y genera riesgos para el cumplimiento de las normas procesales”, alerta el texto, publicado a finales de febrero.

Asimismo, se ha detectado una falta de medios técnicos: vehículos con y sin blindaje, espacios donde llevar a cabo el trabajo, equipos de oficina o de protección personal. Los responsables han de llevar a cabo su tarea “a menudo bajo el fuego” y “los misiles”. De hecho, el acceso a las pruebas está limitado con frecuencia porque estas se hallan en primera línea de combate o en territorio ucranio bajo ocupación rusa.

Los autores piden mejoras al Gobierno, el Parlamento y la Fiscalía de Ucrania, conscientes de que supone un gran reto lograrlo en plena contienda, lo que “plantea desafíos adicionales” para acometer “una investigación eficaz de los crímenes de guerra para el futuro de la justicia y la memoria nacional”. En todo caso, “garantizar la justicia para más de un cuarto de millón de víctimas requiere (…) una transformación estructural del sistema policial”, añaden.

“En primer lugar, necesitamos personas, necesitamos a alguien que lleve a cabo el trabajo y, por supuesto, necesitamos mucho equipo técnico”, agrega Maryna Slobodianiuk, que ha investigado crímenes por diferentes regiones de Ucrania para Truth Hounds, organización nacida en 2014, cuando Rusia lanzó la invasión del este de Ucrania y de Crimea. El caso más complicado al que se ha enfrentado ha sido el ataque con un misil Iskander sobre el restaurante Ria Pizza de Kramatorsk en el verano de 2023, en el que fueron asesinadas una docena de personas, entre ellas la escritora Victoria Amelina.

La Fiscalía trata de recabar cuanta más información posible, incluso de aquellos que han abandonado el país durante la contienda. “Pedimos a todos los que presenciaron un crimen de guerra que informen a las fuerzas del orden del país donde se encuentran ahora”, solicita un mensaje en su página web. Desde 2022, se han identificado a 1.127 sospechosos; los acusados son 809 y los condenados​ 242, según datos de la Fiscalía hechos públicos en el medio Suspilne el 4 de marzo. Entre los sospechosos se encuentran 30 prisioneros de guerra. De ellos, 27 han sido acusados ​​y sus casos presentados ante los tribunales, mientras que 22 ya han recibido sentencia.

“Los casos más fáciles de investigar” son aquellos en “los que los investigadores ucranios tienen acceso a los sospechosos, es decir, casos relacionados con crímenes cometidos por prisioneros de guerra rusos”, señala Kostiantyn Zadoya, profesor del Departamento de Política y Derecho Penal de la Universidad Nacional Taras Shevchenko y especialista del Centro de Libertades Civiles (CLC) de Ucrania, que ha publicado el estudio elaborado por la Unión Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki. El CLC fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2022 por su lucha por los derechos humanos. “Sin embargo, estos son muy pocos. La mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en ausencia, lo que, de inmediato, complica el proceso de investigación, independientemente del tipo de crimen de guerra que sea”, Agrega Zadoya.

Tal es el caso, por ejemplo, de los tres soldados rusos que participaron en 2022 en la ocupación de Bucha, a las afueras de Kiev, acusados por las autoridades ucranias del asesinato del ingeniero Sergey Emelyanov 8 de marzo de aquel año. Los tres están identificados, pero fuera, por el momento, del alance de la justicia. La investigación la han llevado a cabo precisamente los tres agentes que recibieron al enviado especial de Papallones en su despacho.

En medio de la descomunal montaña de casos pendientes, Zadoya ve muy lejos que los más altos responsables rusos de la invasión de Ucrania, como el presidente Vladímir Putin, vayan a sentarse en el banquillo de los acusados. “Eso sería realista si los investigadores del Tribunal Penal Internacional (TPI) o de Ucrania lograran acceder a esas personas. Sin embargo, esto solo podría ocurrir si se produce un cambio radical en la situación en Rusia. Y es difícil predecir cuándo podrían producirse dichos cambios”, valora el profesor especialista en Derecho.

Esta Corte, con sede en La Haya (Países Bajos) emitió en marzo de 2023 una orden de detención contra el mandatario ruso por crímenes de guerra por su posible relación con la deportación de niños. Pero Moscú no reconoce al TPI, que se limitó a solicitar la colaboración de la comunidad internacional por si podía ser arrestado en alguno de sus desplazamientos. Putin es el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención de este tribunal, tras Omar al Bashir, de Sudán, y Muamar el Gadafi, de Libia.

Una investigación de la ONU ha concluido el 10 de marzo que la deportación y el traslado de niños ucranios por parte de las autoridades rusas constituyen crímenes contra la humanidad. Tras seguir 1.205 casos de niños procedentes de cinco regiones ucranias, se ha concluido que el 80% de ellos aún no ha regresado a Ucrania. Las autoridades ucranias afirman que Rusia ha deportado ilegalmente o desplazado por la fuerza a más de 19.500 niños hacia Rusia y Bielorrusia, en violación de las Convenciones de Ginebra.

En enero del año pasado, Ucrania se convirtió en el país miembro 125 del Tribunal Penal Internacional. ¿Eso ha supuesto algún cambio? “Nada, en general”, sostiene el profesor Zadoya.

Los agentes Artur, Dmytro y Alla permiten fotografiar la habitación en la que se agolpan las cajas con los expedientes. Observan el panorama con una media sonrisa conscientes de que tienen por delante un muro muy complicado de franquear. Dmytro trata de dar una idea de cómo les ha cambiado la vida la invasión orquestada por Putin incluso a nivel personal. En su caso, se separó de su mujer, de postura pro rusa, desde que en 2014 Moscú se lanzó sobre Crimea y parte de las regiones de Donetsk y Lugansk, donde ella vive ahora. Lo cuenta como agua muy pasada, como si formara parte de otra guerra.