La UE lanza la respuesta “a corto plazo” contra la subida de precios de la energía

La UE se prepara para dar una respuesta urgente a la escalada de precios de la energía provocada por la guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán. En plena escalada bélica en Oriente Próximo, que está causando turbulencias a nivel global, los líderes de los 27 Estados miembros de la UE han acordado este jueves en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas lanzar “soluciones selectivas a corto plazo” para asegurar energía asequible para ciertos sectores industriales y “una respuesta coordinada” que alivie el golpe a empresas y familias. Es el primer paso, necesario para que la Comisión Europea presente “sin retraso” sus propuestas de medidas concretas para paliar la crisis.

La subida de precios de los combustibles por la guerra en Oriente Próximo se suma a un problema serio de precios que arrastraban ya varios países de Europa desde que Rusia lanzó la guerra a gran escala contra Ucrania y la UE cerró la llave de paso del gas ruso, que el Kremlin usaba como arma contra Europa. Así, la UE busca ahora soluciones tanto a corto plazo como otras más estructurales, para paliar ese asunto a la par que fomentar la independencia energética de Europa.

Los líderes quieren medidas para que la guerra no afecte al bolsillo de sus ciudadanos y la Comisión Europea les recuerda que aún tienen margen de maniobra para aprobar iniciativas dentro de la estructura ideada para dar respuesta a la crisis energética que causó la guerra de Vladímir Putin en 2022 y 2023. Entre las medidas a corto plazo: bajar impuestos a la electricidad, subvencionar a las industrias intensivas y promover ayudas a sectores y empresas vulnerables. También, aprobar un tope para el precio del gas.

El engranaje europeo se activó hace días. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya informó el martes por carta a los líderes europeos de cuáles eran sus planes. Y esto también está reflejado en esas conclusiones que se han ido elaborando durante los días previos al Consejo Europeo, que reclaman al Ejecutivo un paquete de medidas “temporales para hacer frente a los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados, derivados de la crisis en Oriente Medio”.

En su carta, Von der Leyen ya advertía de que hay que aprender de lo sucedido en 2022. Entonces, recordó la alemana, ante la crisis energética e inflacionaria, los países europeos desplegaron ayudas generales y selectivas “que condujeron a ineficiencias y grandes costes fiscales”. De ahí que no se pueda esperar que en las opciones que ponga ahora la Comisión sobre la mesa haya rebajas de impuestos indiscriminadas y, todavía menos, contemplar ahora una suspensión de las reglas fiscales para que pueda echarse mano del gasto público.

Las medidas deberán ser “temporales, adaptadas y específicas”, ha subrayado Von der Leyen al término de la cita en Bruselas. Entre las medidas que ha confirmado figura proponer “rebajar los impuestos a la electricidad”, asegurándose, en cualquier caso, que siempre sean “más bajos” que los de los combustibles fósiles. También ha anticipado que flexibilizará las normas sobre ayudas públicas para permitir a los gobiernos desplegar ayudas a las empresas más afectadas, además de que preparará una normativa para “mejorar la productividad de la infraestructura de red”.

Las directrices de Bruselas, no obstante, llegarán tarde para países como Portugal, que ya han puesto en marcha rebajas en los impuestos sobre hidrocarburos si el precio de estos crece de forma significativa. España, en cambio, lleva dos semanas preparándolas y negociándolas en el seno del propio Gobierno. Su intención es presentarlas este viernes en un consejo de Ministros extraordinario, aunque no se espera una gran ambición fiscal: “No estamos en las circunstancias de la guerra de Ucrania, por eso estamos preparando un paquete de medidas que será proporcional, perimetrado en las áreas afectadas”.

Pero el plan que plantea la Comisión también tiene medidas a un plazo medio y largo. En las primeras cabe incluir los límites al precio del gas empleado para la generación eléctrica, algo que se probó con éxito en 2022 y 2023 en la península Ibérica y que ahora se plantean países como Italia. También están las ayudas de Estado para los sectores industriales que utilizan la energía de forma intensiva y a las que un aumento de la factura eléctrica o del gas les puede restar mucha competitividad.

No obstante, estas medidas se cruzan con un debate que empezó antes de que cayeran las bombas en Irán: el alto precio estructural de la energía en Europa y cómo eso castiga a las empresas europeas en los mercados internacionales. Ahí cabe incluir el debate en torno al mecanismo de compra de derecho de emisiones de carbono (ETS, por sus siglas en inglés), un elemento que cuenta entre sus mayores críticos a la República Checa o Italia, países con poca generación eléctrica a través de renovables. En el otro extremo están los países ibéricos y los nórdicos, que sí recurren mucho a estas fuentes energéticas.

La postura que, por el momento, ha dejado entrever la Comisión y que se infiere de las conclusiones adoptadas, pasa por un incremento de los derechos que hay en el mercado en este momento para contener los precios que se pagan por emitir y así poder reducir las cotizaciones eléctricas. No obstante, lo que no se contempla es un cambio estructural, según las conclusiones aprobadas.

En el plazo más largo, la UE defiende “acelerar el desarrollo y la integración de las energías renovables y las fuentes de bajas emisiones”, lo que viene a ser un guiño a la energía nuclear.