Más de 130.0

Hace escasamente medio año, los habitantes de Madrid comenzaron a abonar un gravamen inédito: el canon de residuos, un gasto que oscila dependiendo de la localidad. En la urbe, la administración de José Luis Martínez-Almeida (PP) tuvo que corregir la ordenanza un mes y medio después su implementación debido a las protestas ciudadanas y los reproches de los grupos opositores con el fin de considerar la cantidad de residentes registrados por domicilio. La consecuencia: los residentes madrileños abonaron un promedio de aproximadamente 142,6 euros anuales por cada casa para financiar las labores de recolección y gestión de desechos, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno local. El malestar de la población ante la disparidad de tarifas entre barrios —que va desde los 60 euros en ciertos casos hasta superar los 200 en otros— ha derivado en 130.187 impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) o la Agencia Tributaria con fecha de 9 de febrero de 2026, tal como comunicó a Papallones un representante del departamento de Hacienda, y confirmó la delegada, Engracia Hidalgo, este lunes. Tanto la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) como Más Madrid impugnaron la normativa frente al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, organismo que todavía tiene pendiente emitir un fallo respecto a este impuesto.

“La inmensa mayoría de los recursos y reclamaciones interpuestas se basan en modelos difundidos por grupos políticos que se fundamentan en la impugnación de la validez de la Ordenanza”, señala el portavoz. Se refiere a las campañas que Más Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) impulsaron para animar a los ciudadanos a recurrir en masa el pago del “basurazo”, por considerarlo “injusto, desproporcionado y poco transparente”. En el área de Hacienda señalan que “ni la Agencia Tributaria de Madrid ni el TEAMM tienen competencia para pronunciarse sobre la validez de la ordenanza, potestad que corresponde únicamente a los tribunales”.

La Aedaf denunció a finales de enero que el TEAMM estaba “desistamando las reclamaciones presentadas por los contribuyentes de forma acelerada, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre la legalidad de la Ordenanza Municipal”, según expusieron en una nota de prensa, en la que también acusaron al órgano económico de resolver las reclamaciones en plazos “excepcionalmente breves —dos meses, frente al plazo medio de dos años reflejado en sus memorias— y de priorizarlas sobre miles de procedimientos pendientes". En el área Hacienda del Ayuntamiento indican que no tienen por ahora el dato de cuántas reclamaciones ha desestimado o aceptado a trámite el TEAMM.

El Consistorio calcula que la recaudación del controvertido gravamen de residuos representa una entrada de cerca de 300 millones de euros cada año para el erario público. En caso de que el TSJM invalide la normativa, el tributo dejará de percibirse bajo las condiciones vigentes y el Ayuntamiento tendrá que transformarla o elaborar una distinta. Tras su anulación, el Consistorio carece de potestad para girar facturas adicionales y únicamente los contribuyentes que liquidaron la deuda e impugnaron el pago ante la Agencia Tributaria de Madrid o el TEAMM podrán reclamar el reembolso de lo satisfecho, a menos que el fallo judicial determine un reintegro global.

Almeida manifestó el jueves anterior que “de la sentencia sobre la tasa de basuras espera seguridad jurídica”. Bajo la perspectiva del alcalde, la resolución será útil para guiar y definir “los parámetros de la tasa de basuras y los elementos que determinen su cuantía”. “Confiamos en que la sentencia sea favorable. Y, si no lo fuera, al menos permitirá que el TSJM marque los criterios que deben aplicarse. No solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino para todos, porque la realidad es que cada uno ha adoptado un modelo distinto, y eso demuestra que el Gobierno de España no ha regulado adecuadamente esta cuestión”, agregó en el encuentro semanal con los medios tras la sesión del ejecutivo.

A partir de la implementación de la normativa, el Ayuntamiento ha sostenido que la responsabilidad recae en el Gobierno de Sánchez tras la ratificación de la Ley 7/2022, la cual exige a las localidades con más de 5.000 ciudadanos establecer una tasa que represente “el coste real” del tratamiento de los desechos. Dicha regulación constituye la adaptación de un mandato de la Unión Europea emitido en 2018 con el fin de cumplir las metas de procesamiento de desperdicios municipales: la UE exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos de cara a 2025. Las formaciones de la oposición rebaten la postura del Consistorio señalando que el Ejecutivo municipal posee libertad para configurar el modelo de cobro y que el esquema instaurado por el PP municipal resulta poco equitativo al ignorar el nivel de ingresos de los vecinos, sus hábitos de reciclaje o el impacto de las viviendas vacacionales en las zonas céntricas.

La tasa aprobada por Almeida varía para cada propietario en función del valor catastral de su vivienda y de dos indicadores: el volumen de basura generada en el barrio y una medida de la “calidad de separación” en el reciclaje, si los residuos se separan bien o no. Además del número de personas empadronadas en la vivienda, novedad que se introdujo tras las quejas vecinales y políticas. Quienes residan en un domicilio diferente al del padrón podrán notificarlo para que se les aplique la tarifa que les toca en función del barrio.

La líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, considera que la tasa de basuras del Gobierno de Almeida es “una chapuza administrativa y legal” porque “no tiene en cuenta el fomento de la separación y reciclaje de residuos” y “se aleja del espíritu de quien contamina paga”. Y añade: “En algunos barrios con saturación turística son los vecinos los que acaban pagando el exceso de residuos que genera el turismo, mientras, por cierto, se niega a aplicar una tasa turística”. Maestre señala el municipio de Rivas como “ejemplo” en la gestión de residuos, donde los vecinos llevan décadas pagando el tributo, unos 55 euros al año, un tercio que la media de la capital. “Advertimos que tal como se estaba planteando era injusto y podría ser un problema. Veremos qué dice la justicia”, concluye la concejala.