Marta Roca i Fàbrega rechaza la propuesta y mantiene su postura.

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha impugnado los recursos presentados contra los autos que deniegan la apertura de juicio oral contra ella y otras personas por un supuesto delito de encubrimiento de abusos, al afirmar que no existen “indicios racionales de criminalidad”. La solicitud de la defensa de Oltra se basa en dos autos de archivo de la instrucción y la petición de sobreseimiento de la Fiscalía y se presenta cuando se especula con su vuelta a la política.

En el escrito de alegaciones presentado por la defensa, al que ha tenido acceso Efe, se afirma que los autos recurridos “son plenamente ajustados a derecho y fundamentan clara y reiteradamente los motivos que han llevado al instructor a acordar la no apertura de juicio oral y el sobreseimiento de las actuaciones”.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa, decisiones ambas que se confirmaban de nuevo.

El asunto volvía a abordarse, pues los hechos habían sido reevaluados y la acusación se mantenía, mientras que el tribunal seguía analizando el caso mientras se resolvió la apelación.

La Audiencia tiene que fallar actualmente sobre estas apelaciones y determinar si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra y a diversos integrantes de su gabinete en la Conselleria de Igualdad debido a la presunta ocultación de agresiones sexuales a una joven bajo tutela de la Generalitat (María Teresa Tanco) por parte del anterior cónyuge de Oltra (sucesos por los cuales resultó sentenciado).

Señala que el proceso inculpatorio “no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello”, y destaca que más allá de consideraciones genéricas los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra".

“Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral”, afirma.

En este sentido, defiende que “no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral”.

El escrito señala, además, que la resolución de la Audiencia Provincial “en ningún momento ordena acordar la apertura de juicio oral”, sino que una vez abierta la fase intermedia y formuladas las acusaciones, el instructor “recupera plenamente su función de garantía pudiendo -como ha realizado- acordar el sobreseimiento si aprecia inexistencia de indicios”.

Para Oltra, “aceptar la tesis de las acusaciones supondría vaciar de contenido la fase intermedia, convertir la apertura de juicio oral en un tramite automático, cuando el precepto legal no lo establece así, y erosionar gravemente el principio de presunción de inocencia”.

Indica que la resolución no establece que se haya cometido ningún delito, ya que no existe evidencia que sustente tal acusación.

En este sentido, afirma que “no pueden las acusaciones en sus escritos de acusación extralimitarse de forma libre con la fijación de unos hechos y participación de personas que no vienen relacionados como partícipes en esos supuestos hechos delictivos no referidos en modo alguno en la citada resolución”.

Por todo ello, la defensa de Oltra pide impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, “con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad”.