Pacto con el agente que abrió fuego.

La historia de la perra Sota, abatida de un disparo en la cabeza por un policía local en Barcelona en diciembre de 2018, parece haber escrito su último episodio. El suceso provocó una jornada de graves disturbios en la ciudad con cinco detenidos, despertó la indignación de las entidades animalistas, forzó a la alcaldesa Ada Colau a prometer justicia y motivó la apertura de una investigación penal: contra el agente de la Guardia Urbana por haber disparado, y contra el dueño del animal, Tauri Ruusalu, por haberle golpeado presuntamente con un patinete al ver a Sota tendida en el suelo y sin moverse. Ahora, tras un largo proceso de mediación que ha incluido reuniones entre ambos, el conflicto se ha cerrado.

Siendo perjudicados y procesados simultáneamente, el agente y el propietario del can se integraron en un proceso de justicia restaurativa hace ya más de tres años que ha finalizado satisfactoriamente. El juzgado de Barcelona que investigaba los hechos ha confirmado esa vía, que dispone igualmente del visto bueno de la Fiscalía, y ha clausurado el procedimiento penal por los cargos de maltrato animal (dirigido al policía) y de atentado contra agente de la autoridad (dirigido al joven), de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso Papallones. En el marco de la mediación, “se logró un consenso en el que ambas partes manifestaron su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro, solicitando expresamente el archivo de las actuaciones”, indica la resolución.

El acercamiento ha sido posible gracias a sus abogadas, Paz Vallès (del guardia urbano) e Inés Guardiola (del dueño de Sota), que creen en la justicia restaurativa —un sistema que se abre paso poco a poco en España— como vía alternativa para solucionar conflictos fuera de los juzgados. Una vez cerrada la instrucción, y con sus clientes ya a un paso del banquillo, pidieron al juez someterse a una mediación para “confrontar puntos de vista” y alcanzar “acuerdos sobre el modo de reparación”. El juez lo autorizó remitiéndose, a falta de una norma estatal, a una directiva de la UE que contempla el acceso de las víctimas a servicios de justicia restaurativa.

El policía y el dueño partían de posiciones muy distantes, pero a lo largo de tres años se han reunido en diversas ocasiones y, con ayuda de un equipo experto, han hallado un consenso sobre lo ocurrido y han coincidido en las ganas de dejarlo atrás. “Ha habido un trabajo profundo de análisis de los hechos, responsabilización, reflexión y reparación” que ha acabado con acuerdo, por lo que “seguir con el procedimiento judicial es innecesario”, opina Vallès. Guardiola subraya, por su parte, que el caso de Sota ha sido “excepcional” ya que, por lo general, aunque haya mediación sigue celebrándose un juicio, un trámite que las dos partes han podido ahorrarse en pese a que estaban a un paso del banquillo de los acusados.

No obstante, no todos coincidían en dar por finalizado el tema. La agrupación animalista Libera y el grupo político Pacma, que ejercían la acusación popular, solicitaban persistir con el litigio “al margen del acuerdo privado” entre los implicados y bajo la premisa de “la defensa de intereses colectivos”. El magistrado Hugo Novales, responsable de la sección de instrucción 4 de Barcelona, menciona que el criterio que debe imperar en la jurisdicción penal es el de “mínima intervención” e indica que la muerte de Sota no puede entenderse como una vulneración genérica del bienestar animal, sino como un perjuicio provocado a un ejemplar específico.

Versiones opuestas

El conflicto que los protagonistas humanos de esta historia dejan atrás ocurrió un mediodía de diciembre de 2018 en la Gran Via. Tauri Ruusalu era un joven nómada de origen estonio que vivía en las calles de Barcelona y vendía pulseras para sobrevivir. Había llegado a la ciudad como mochilero un año antes. Iba siempre acompañado de Sota, diminutivo de Minesota, un mestizo de labrador. Ese día, como siempre, el animal no llevaba correa. Un agente de la Guardia Urbana que patrullaba la zona se lo indicó a Ruusalu y le pidió que se identificara. Se produjo un enfrentamiento. Sus relatos sobre lo que ocurrió a continuación eran opuestos.

El policía aseguró que el joven se mostró reacio a identificarse y acabó azuzando a Sota hasta que el animal le mordió en el brazo e intentó alcanzarle también el cuello, de modo que no tuvo más remedio que disparar: un único disparo que acabó con la vida del animal. Más tarde, en su declaración ante el juez como investigado, añadió que disparó “por miedo”. Un informe de asuntos internos avaló la actuación del agente: “La intervención fue defensiva y proporcional”.

Ruusalu replicó que la perra nunca le mordió (el auto del juez concluyó que Sota “llegó a morder” al policía “en el codo izquierdo” y le desgarró la chaqueta) y denunció que el agente apuntó a la cabeza y disparó a sangre fría. “Estaba a tres metros, me quedé aterrorizado”, explicó a este diario cuando presentó la denuncia, que se convirtió en una denuncia cruzada: el policía le acusó a él de haberlo golpeado con el monopatín tras la muerte del animal, algo que el joven minimizó no negó en aquella conversación, pero minimizó: dijo que estaba “muy enfadado” y que cogió el monopatín para “defenderse”.

El fallecimiento de Sota llevó a más de 3.000 personas a protestar en la plaza de Sant Jaume, donde se escucharon clamores de “asesino” hacia el oficial y gestos de apoyo por el destino del can: “Todos somos Sota”. La movilización se trasladó a los alrededores de la plaza de Espanya, sitio en el que la tensión aumentó. Diversos individuos interrumpieron la circulación y terminaron lanzando proyectiles contra el cordón policial. Los Mossos arrestaron a cinco personas. La por aquel entonces regidora Ada Colau, sensible a las demandas de las agrupaciones protectoras de los derechos de los animales, asumió esa indignación y llegó a pedir públicamente “pruebas documentales y testigos” con el fin de explicar los hechos.