Girona, bajo el gobierno de

La administración municipal de Girona, bajo el control de la CUP, ha vuelto más estrictos los trámites para acceder al padrón municipal, lo cual ha provocado que un mínimo de 150 individuos desfavorecidos pierdan el acceso a dicha prerrogativa, vía de entrada a prestaciones sociales, sanidad o enseñanza. Esta situación es confirmada por la síndica de greuges local y distintas organizaciones, las cuales han cuestionado la modificación de normas establecida por el el equipo del alcalde de la izquierda anticapitalista y soberanista, Lluc Salellas.

Marta Alsina, jurista y defensora de la ciudadanía de Girona, ha obtenido 42 reclamaciones por el endurecimiento de los trámites para empadronarse, situación que ha perjudicado a 1.350 procesos que esperan resolverse. Las variaciones con mayor repercusión están vinculadas al padrón social: la administración local ya no autoriza el registro en domicilios alternativos como La Sopa, un espacio de acogida y prestaciones sociales. Las agrupaciones sociales y la defensora ciudadana afirman contar con testimonios del endurecimiento en las condiciones del padrón social a partir de finales de verano, lo que desampara a bastantes personas, un hecho que la responsable de Atención a la Ciudadanía, Queralt Vila, rechaza.

Las quejas de vecinos han llegado también a entidades sociales, que critican que se está dando “una problemática de lentitud en resolver y de desamparo de la gente más vulnerable, con riesgo de vulnerar derechos fundamentales”. Esas entidades piden una rectificación al consistorio, que niega la mayor: admite que hay lentitud en la tramitación (que atribuye a bajas laborales sobrevenidas), pero niega que no esté garantizando el padrón social. El gobierno de la CUP admite, sin embargo, que está extremando las precauciones y las comprobaciones para evitar casos de fraude. Las entidades y la defensora replican que tienen pruebas del endurecimiento de criterios del padrón social desde después del verano.

Cualquier habitante de una localidad debe inscribirse en el padrón y el consistorio tiene el deber de registrarlo, pues el padrón se entiende como un censo. “El padrón no puede servir para obstaculizar derechos fundamentales”, menciona Alsina, mientras las agrupaciones critican que se priorice la supervisión “en determinados colectivos”.

Las situaciones más complejas, señala Alsina, son los de personas que están ocupando viviendas; son validadas por los servicios sociales o la policía y, si se ratifica la estancia real en el sitio, se permite el registro en el padrón. Igualmente ocurre con sujetos en situación de calle; las beneficiarias del centro La Sopa obtienen el alta, pero se ha interrumpido el proceso para quienes no son usuarias y no logran demostrar una vivienda permanente. Otro escenario es el de individuos que subarriendan estancias; aunque se les deniega el empadronamiento directo, si los agentes corroboran que residen allí, se les inscribe oficialmente.

El inconveniente, señalan diversas organizaciones y la defensora, consiste en que “en muchos casos el que vaya la policía echar atrás a personas que no quieren tener problemas con la policía ni con quien les alquila la habitación y hay riesgo que dejen de empadronarse a pesar de vivir en la ciudad”. Asimismo han advertido que se ha interrumpido el registro en La Sopa de aquellos jóvenes que residían en viviendas de asociaciones y cumplían los dieciocho años, quienes permanecían inscritos en tales domicilios aunque ya se hubieran marchado. En la actualidad no se les permite el empadronamiento ni en dichos inmuebles ni en la sopa. “Quedarán sin padrón a pesar de vivir en Girona sin domicilio fijo y tendrán problemas en el futuro para acreditar su arraigo”, indica Núria Palomar, representante de la Coordinadora de ONG solidarias.

Tanto Palomar, actuando por las organizaciones, como Alsina, afirman que “quizás como se hacía hasta ahora no era la mejor solución, pero era legal”, y solicitan con premura “sentarse todos a buscar soluciones para los más vulnerables porque se está dejando desamparada a mucha gente”. Al respecto Palomar asegura que, aun cuando una de las razones para la modificación del ayuntamiento fue la “lucha contra las mafias”, se están detectando situaciones de “gente desesperada que está pagando hasta 900 euros a quien les facilita poder empadronarse”. Critica que Junts utilice el registro “como arma electoral” y defiende que la administración local no falta a la verdad, simplemente expone realidades incompletas”.

Por su parte la edil reconoce cierta lentitud, -que atribuye puntualmente a bajas laborales- y que ha habido, por consejo del secretario municipal, un cambio en cuanto a “intentar extremar precauciones y comprobaciones para evitar el fraude del padrón”, pero insiste que, “de cualquier tipo, también de la escolarización”. Y aunque niega que se hayan endurecido los criterios, si apunta que “quizás en los casos de mayor vulnerabilidad se les debe saber acompañar mejor”. “Intentamos ser más garantistas para que todo aquel que viva en Girona se pueda empadronar y quede reflejado en el padrón, viva donde viva, en una habitación o bajo un puente, pero que no haya lugar para las mafias”, especifica.

Antes, en los casos que no generaban dudas, los padrones ordinarios, el empadronamiento era instantáneo y se entregaba un volante, ahora en todos los casos hay un trámite, un funcionario revisa la información facilitada y debe emitir un informe. Vila asegura que cuando todo el personal esté trabajando se resolverá en una semana, ahora tardan un poco más, aunque por ley pueden ser tres meses. Esta demora, según las entidades, perjudica al derecho a la educación, acceso a la sanidad pública, regularizaciones, reagrupamientos o permiso de residencia, aunque Vila asegura que

Las situaciones de emergencia sanitaria o educativa se solucionan en cuestión de jornadas. Pese a que el Ayuntamiento desmiente el uso de reglas novedosas de empadronamiento, afirmando que únicamente han seguido la gestión requerida, para Alsina “sí ha habido cambio de criterios y se están aplicando trámites que en la práctica son obstáculos para el padrón” el escenario es distinto. Consecuentemente, demanda una enmienda al instante y el desarrollo de alternativas para las variadas problemáticas halladas.

“Si la voluntad del consistorio es reflejar la realidad, -apunta Palomar-, deberían analizar sus propios datos, que estiman en 20.000 las personas que vivían en Girona en 2025 sin empadronar”.