El Ayuntamiento de Palencia demanda a la secretaria municipal

El relato sobre la representante del PP en el Ayuntamiento de Palencia a quien se le otorgó una vivienda de protección oficial dotada de piscina compartida ha alcanzado las oficinas del gobierno local. Dentro de un proceso parecido al ocurrido en Alicante ―y 20 días después de que Papallones desvelara la noticia―, el Consistorio ha interpuesto una demanda judicial contra la concejala y, asimismo, contra la secretaria municipal. Dicha notificación se suma a las pesquisas iniciadas por la Fiscalía durante la semana previa a raíz de una acusación presentada por Podemos en Castilla y León.

Laura Lombraña es la concejal del PP de Palencia que fue adjudicada con el chalé. Y la secretaria, María Rosa de la Peña. De la Peña fue cesada la segunda semana de marzo por la alcaldesa, la socialista Míriam Andrés por “pérdida de confianza”. La realidad es que, según fuentes municipales y la documentación a la que ha accedido este periódico, el Ayuntamiento ve una conexión entre ambas tras las declaraciones de la propia concejal del PP a este diario.

Lombraña fue adjudicada con la vivienda en 2023. Durante todo este tiempo ha omitido en el Portal de Transparencia municipal que contaba con este chalé en propiedad. En su declaración de bienes solo aseguraba contar con 7.000 euros en la cuenta corriente. La declaración de bienes que consta en la web fue firmada el 13 de junio de 2023.

Preguntada por la omisión de este chalé de protección oficial en el Portal de Transparencia, la edil del PP dijo a este diario el pasado 3 de marzo: “[La declaración de bienes] no estará actualizada, como tantos currículums”. Y aseguró que había enviado al Ayuntamiento una actualización de la misma, sin precisar cuándo lo hizo. Fuentes municipales negaban entonces esta versión.

Tras leer las declaraciones de Lombraña en este diario, el equipo municipal consultó a la secretaría general del Ayuntamiento en qué fecha fue presentada esta segunda declaración que Lombraña decía haber presentado en la secretaría, a través de qué medio y qué impidió su publicación en el Registro de actividades y de bienes patrimoniales que figura en la página del Ayuntamiento.

Además, se ha localizado un texto manuscrito sin datar que, en teoría, se consignó el 21 de julio de 2024 ante la Secretaria General. Sin embargo, aquel día cayó en domingo. “Una fecha que, según la ley, excluye del cómputo de los plazos señalados por días en la tramitación de los asuntos”, se menciona en el documento de la acusación. Una jornada en la que, por otra parte, las instalaciones del municipio permanecían cerradas y la propia secretaria general no se encontraba allí por estar disfrutando de sus vacaciones.

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento y el concejal de Hacienda citaron a la secretaria general el pasado 12 de marzo. Su reacción, según consta en el escrito de la denuncia, fue afirmar que eso no era posible, que ella no recordaba haber dado fe un domingo. Y que, por tanto, eso era un error y que ese día no recibió el documento.

La secretaria general planteó redactar una nota para aclarar que la fecha citada es incorrecta, estableciendo el 21 de junio de 2024 como la verdadera, un mes previo a lo anotado. Acto seguido, se le interrogó sobre si contaba con algún justificante de ese aparente fallo. “Nos dice que no, que es lo que ella cree”, se especifica. La sesión finaliza entonces. Transcurridas unas jornadas, la alcaldesa procedió a su destitución. La secretaria, por su parte, ha apelado contra dicha resolución.

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