Juicio por el ‘caso Funeraria’: “Me dieron otras cenizas, no las de mi padre”

Javier Muñoz entró el miércoles en la sala de la Audiencia Provincial de Valladolid haciendo crujir el suelo de madera y se sentó en la silla ante el tribunal. A sus sesenta años, acudía como testigo para contar cómo fue la última despedida de su padre, Mariano, fallecido el 17 de marzo de 1997. Javier es solo uno más de la lista de 5.973 presuntos perjudicados por el “fraude de los ataúdes”. El 2 de marzo arrancó el juicio del llamado “caso funeraria”, en el que se sientan en el banquillo 23 trabajadores y responsables del Grupo El Salvador, una macroempresa de servicios fúnebres con siete tanatorios en la provincia de Valladolid y un cementerio en Santovenia, a siete kilómetros de esa ciudad.

Allí vivía Justo Martín Garrido, quien trabajó 20 años (de 1995 a 2015) en el crematorio de la necrópolis, y que destapó en 2017 una presunta estafa mortuoria. Según las anotaciones y fotografías que realizó y archivó durante dos décadas en 26 libretas, su jefe, Ignació Morchón, dueño de ese imperio funerario familiar, le pedía que cambiara los cuerpos de los fallecidos de unos féretros caros a cajas baratas antes de meterlos en el horno crematorio para poder así volver a vender los ataúdes más lujosos. La Fiscalía estima que con esos cambiazos pudieron ingresar 3,66 millones de euros, y por la reutilización de los adornos y coronas florales, más de 380.000. El precio de un féretro oscila entre los 600 y los 4.000 euros.

“Cuando llegamos al cementerio, entramos en un edificio pequeño que había en el lateral de la entrada, donde tenían un habitáculo con sillas. Hubo un pequeño responso y, acto seguido, los responsables nos dijeron que iban a proceder a la incineración de mi padre, cerraron las cortinas y ya. “Venga usted mañana a por las cenizas”, relató Javier ante la sala, en la que, aparte del tribunal, se encuentran el fiscal con las dos representantes de las acusaciones a la derecha, y un total de 10 abogados defensores a la izquierda, liderados por Guillermo Ruiz Polanco, letrado de la familia Morchón-Vaquero.

“Al día siguiente fui yo mismo a por la urna con las cenizas”, agregó Javier. Hasta ese momento, su relato coincidía con el de todos los presuntos perjudicados que han ido pasando por la misma sala y lo seguirán haciendo en las numerosas sesiones previstas hasta junio, siguiendo el criterio de “tres afectados por cada uno de los 20 años analizados” que determinó el tribunal. La fiscalía solicitó que fueran citados los cerca de 6.000 presuntos perjudicados, sin embargo, se espera que en total comparezcan 17 peritos y 239 testigos.

Pero en la declaración de Javier, de pronto, ocurrió algo insólito, que dejó a la sala boquiabierta.

—¿Está usted seguro de que recogió las cenizas de su padre? — preguntó el abogado Ruiz Polanco, queriendo pillar al declarante en un renuncio e invalidar al testigo.

—Sí, lo hice yo mismo, y después las esparcimos por ahí— detalló Javier.

—Pues, disculpe, lo cierto es que a día de hoy la urna con las cenizas de su padre se encuentra custodiada por la funeraria porque nadie ha ido a recogerla — replicó el letrado, muy seguro.

—Lo cierto no es nada, señor letrado. Lo cierto es o será lo que diga este tribunal cuando se pronuncie— interrumpió el juez.

—Pues entonces me dieron otras cenizas, no las de mi padre— resolvió espontáneamente Javier en voz alta, estupefacto, como la mayor parte de los presentes.

El desconcierto se apoderó de la sala. El abogado Ruiz Polanco argumentó después que pretendía evidenciar la inconsistencia de los relatos de los testigos y el tejemaneje que se traía Justo, por su cuenta y riesgo. “Tenemos todo el tracto documental de ese fallecido y no recogieron la urna”, insistió el abogado de la familia Morchón. Sin embargo, para una de las abogadas de la acusación, lo ocurrido en la vista “es una muestra más del caos con el que se gestionaba ese crematorio y todo”, señaló. La inesperada contradicción pone el dedo en la llaga: ¿era Justo quien hacía y deshacía a su antojo o ejecutaba órdenes de su jefe, Ignacio Morchón?

Se da la paradoja de que los protagonistas de esta presunta necroestafa están muertos. Ignacio Morchón falleció el 15 de octubre de 2022, y Justo Martín Garrido se suicidó a los 74 años, el 29 de agosto de 2024, tras haber sido condenado en 2018 por extorsión. Según la sentencia de ese año, tras jubilarse, Justo no se conformó con lo que supuestamente se estimó que le correspondía tras dos décadas incinerando cadáveres en el cementerio, y comenzó a amenazar a Ignacio Morchón con contar lo que hacían con los ataúdes. Le mandaba por WhatsApp fotos de los cuerpos colocados sobre tapas antes de incinerarlos, en cartones o volcados sobre cajas baratas. Y le decía que o le pagaba una parte de lo obtenido con los cambiazos o lo contaba todo.

Una carta, una condena

“Te voy a dar otra oportunidad de llamarme”, le escribió Justo en una carta. Junto al papel, escrito a máquina y con faltas de ortografía, iba una fotografía de un cadáver, con la fecha y el nombre. “Como ves, una foto se puede mandar a cualquier sitio. Tú verás si quieres que empiece a repartirlas. Pase lo que pase después, no tendrá solución. Te aseguro que lo haré aunque luego me arrepienta”.

Ignacio se adelantó, denunció a Justo y ganó el juicio con una conformidad en 2018. Justo asumió su delito y aceptó la condena de un año de prisión que no debía cumplir, aparte de mantenerse a no menos de 100 metros de toda la familia Morchón.

Pero ya no había marcha atrás. La policía continuó su investigación con las 26 libretas, las más de 650 fotos, los carretes sin revelar y los dispositivos electrónicos con 44 vídeos que encontraron en una bolsa de deporte en el garaje de la casa de Justo. Y, en febrero de 2019, en el marco de la Operación Ignis, entraron los agentes en las oficinas del grupo El Salvador y se llevaron detenido a Ignacio Morchón Alonso, a su hijo Ignacio Morchón Vaquero (54 años) y a su hija Laura Morchón Vaquero (40 años). Los tres ingresaron en prisión y quedaron en libertad bajo fianza. Ahora están acusados de cometer delitos de “fraude, organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos y falsedad en documento mercantil”. Junto a ellos, está procesada también la madre, María del Rosario Vaquero, y otra hermana, María del Rosario Morchón, además de cerca de una veintena de trabajadores de lo que hasta ahora parecía tan solo un próspero negocio mortuorio creado en 1985.

La defensa de la familia Morchón-Vaquero resta veracidad a las anotaciones, las fotografías y los vídeos de Justo Martín Garrido, a quien consideran responsable primero y último de los hechos, de haberse producido estos. “Todo empieza y acaba en él y esta es una investigación policial prospectiva”, apunta el letrado Ruiz Polanco. “Hemos presentado 300 anotaciones a sus notas porque se contradicen con la realidad material. Justo se obsesionó con Ignacio por motivos personales y hacía y deshacía en el cementerio como le daba la gana”, remacha. La Fiscalía, por el contrario, cree que el fallecido dueño de El Salvador no solo lo hizo, sino que necesitó la ayuda y la complicidad de otros muchos y pide 20 años de cárcel para cada uno de los miembros de la familia.

Justo ya no podrá explicar por qué lo hizo, ni todas sus notas ni sus fotografías… todos los materiales que le dieron la vuelta a la tortilla y sentaron en el banquillo a quienes antes la justicia consideró víctimas de un chantaje.