La Audiencia Nacional ordena a la UCO realizar un expurgo del material incautado a Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un expurgo del material incautado a la exmilitante del PSOE Leire Díez en el marco de la causa en la que investiga también al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández Guerrero por presuntos amaños de contratos por valor de 132 millones de euros. Es decir, el instructor quiere que se separe el material relativo a la causa del exclusivamente personal o ajeno al procedimiento. En una providencia, a la que ha tenido acceso Papallones, indica a los agentes que deberán entregar al juzgado “todos los efectos originales intervenidos” y abstenerse de utilizar su contenido “en tanto no se haya realizado” dicho cribado. El juez ha adoptado esta decisión a petición de la defensa de Díez.

La abogada de la exmilitante, la letrada Eva Bejarano, había solicitado al juez que ordenase el expurgo de “todas las actuaciones, diligencias, documentos y cualquier tipo de información que conste en las presentes actuaciones que corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023″. También pedía que se dejara fuera de la causa “toda la información personal, profesional o de cualquier otro tipo recabada de los materiales, documentación, información y dispositivos electrónicos” de Díez y su familia “que no guarden relación con los hechos investigados”.

En este sentido, recordaba que durante la entrada y registro en su vivienda el pasado diciembre los agentes de la UCO incautaron los teléfonos y los ordenadores de ella y su esposo. Y, además, incidía en que la propia Díez facilitó a la Guardia Civil “las contraseñas y todo tipo de claves e información para poder acceder a dichos dispositivos y a todas las aplicaciones”.

Pedraz atiende a la petición y acuerda abrir una pieza “separada y reservada” en el causa para el expurgo. Sin embargo, en la resolución dictada el pasado 4 de marzo, el juez no se pronuncia sobre otras solicitudes que también realizó la defensa de Leire: quería que le devolvieran los dispositivos que le incautaron a ella y a su esposo, y que desbloquearan hasta ocho cuentas bancarias que, según recalca, son “titularidad de terceros que en modo alguno tienen que ver con la presente causa”. Entre dichas cuentas, señala dos de sus hija, con movimientos bancarios “propios de una joven universitaria”; una de su marido, cuyo bloqueo “está poniendo en riesgo el negocio de carpintería”; y otra de un miembro de su familia política que tiene como única fuente de ingreso la pensión de jubilación.

En caso de que el instructor no accediera al desbloqueo de dichas cuentas, la defensa insistía en que al menos se le autorizara a disponer de “2.500 euros mensuales para subsistir y poder hacer frente a los pagos más elementales del día a día”. Asimismo, reclamaba que este mes pudiese disponer de 5.000 euros “para poder hacer frente a los impagos atrasados”.

Estas peticiones se enmarcan en la causa en la que se investigan delitos de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Guardia Civil indaga en cinco operativas que suman 132,9 millones de euros que, presuntamente, fueron amañadas por los investigados, que habrían logrado cobrar una serie de comisiones y contraprestaciones de 750.614 euros por labores de intermediación. El procedimiento se mantiene bajo secreto de sumario. Aunque el caso empezó bajo la tutela del juez Antonio Piña, éste envió la causa a reparto el pasado diciembre, pues solo había cogido las riendas más urgentes del asunto para llevar a cabo las detenciones y los registros realizados la pasada semana. La causa recayó en el juzgado de Pedraz, quien dirige ahora la investigación.