Hacienda constata irregularidades al analizar 11 contratos de obra pública de la trama de Ábalos y Cerdán

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un informe en el que detalla el hallazgo de diversas irregularidades al analizar los expedientes de adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. El documento, al que ha tenido acceso Papallones, analiza, en concreto, cinco licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis de la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2021, todas ellas bajo sospecha de haber sido presuntamente amañadas por la trama en la que participarían el entonces ministro, su exasesor Koldo García y el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán para beneficiar a determinadas empresas a cambio de mordidas.

En el informe, los expertos de Hacienda señalan la existencia de un supuesto patrón de actuación en las irregularidades en dos aspectos concretos de las licitaciones: la sobrevaloración de los criterios subjetivos a la hora de decidir qué empresa se llevaba el contrato y la existencia de sobrecostes injustificados, a veces incluso antes de que se iniciaran los trabajos, y que nunca superaban el 20% del importe de los mismos para evitar su fiscalización. El análisis ―encargado inicialmente por el Tribunal Supremo pero que finalmente se ha remitido a la Audiencia Nacional tras perder Ábalos su condición de aforado y pasar a estar investigado en esta causa por este órgano judicial― no identifica los posibles autores de estas supuestas irregularidades.

La IGAE pone el foco en la supuesta irregularidad que supone, a la hora de adjudicar un contrato, sobrevalorar los “criterios evaluables como juicios de valor”. Según señala el documento, esto se tradujo en que empresas que presentaban ofertas menos ventajosas económicamente para la administración superasen a las de otras con precios más bajos. De este modo, lo que debían ser diferencias pequeñas en la puntuación de las ofertas por estos criterios se convertían en elevadas y determinantes en el resultado final. “La fórmula permite incrementar notablemente las diferencias de puntuación de los criterios basados en juicios de valor haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario”, destacan los autores del estudio, que insisten en que “no se alcanza a ver qué justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula”. Por todo ello, la IGAE considera que este hecho condicionó de forma decisiva el resultado final de estos concursos públicos.

Esta supuesta irregularidad ya fue puesta de manifiesto por la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un informe del pasado junio remitido al Supremo incidía en la utilización, por parte de los presuntos implicados, de “una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva” que les permitía “otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación”. “De esta forma, únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas”, apostillaba entonces el documento policial en la misma línea apuntada ahora por la IGAE.

Hacienda también ha detectado supuestas irregularidades en la fase posterior a la adjudicación de algunos de los contratos. Así, por ejemplo, ha constatado que en al menos tres de las obras examinadas se hicieron modificaciones del proyecto antes incluso de que se comenzaran los trabajos con el argumento de que habían aparecido “defectos” en el planteamiento inicial de las obras. Los expertos de Hacienda destacan que estos cambios, que no están amparados por la ley de contratación pública, supusieron un incremento significativo del precio final de la obra.

El ejemplo más llamativo recogido en el informe es el contrato para la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, una de las obras que cercan en la investigación a Cerdán. El informe de Hacienda destaca que el proyecto registró un sobrecoste de algo más de 5 millones de euros por una sobreestimación del precio del acero precisamente en una de las modificaciones del contrato. El contrato, licitado en septiembre de 2020 y que se adjudicó en mayo de 2020 a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Acciona, tenía un coste inicial de 88 millones de euros, pero terminó elevándose dos años después por encima de los 102 millones.

Según un informe de junio de la UCO, Ábalos y su exasesor iban a recibir presuntamente por esta adjudicación y otras dos más una mordida de 450.000 euros, que Koldo García reclamó a Cerdán sin éxito, según el contenido de las grabaciones realizadas por aquel e incorporadas a la causa. Cuando declaró en el Supremo, el ex secretario de Organización del PSOE negó cualquier actuación irregular por su parte y justificó su interés en acelerar la obra del puente de la capital andaluza por su deseo de favorecer la campaña del candidato socialista en las elecciones municipales que se iban a celebrar en mayo de aquel año, Juan Espadas, para que repitiera como alcalde de Sevilla.

Sobre los sobrecostes en los contratos analizados, Hacienda también destaca el detalle de que sistemáticamente nunca superaban el 20% del importe inicial. La IGAE explica que esta maniobra “tiene su origen en la normativa tradicional de contratación administrativa”, que fija que las modificaciones que superen ese porcentaje son “causa de resolución del contrato, aunque no quiere decir con ello que necesariamente hubiera que resolverlo”. En el caso de contratos que superasen un determinado importe, apunta, “era preceptivo el dictamen del Consejo de Estado”. Sostiene que, por ello, la supuesta trama intentaba evitar este paso fiscalizador “fijando las modificaciones en un porcentaje ligeramente inferior al 20%”.

El informe también pone el foco en lo que califica de “mucha celeridad” en la aprobación de algunos expedientes, como el del soterramiento de las vías de tren a su paso por la ciudad de Murcia. En este caso, el proyecto, el gasto y los pliegos se validaron en un solo día del verano de 2018, cuando Ábalos llevaba semanas al frente de Transportes. “El expediente se inicia el 30 de julio de 2018, el pliego de cláusulas administrativas se informa el 30 de julio de 2018 y se aprueba el expediente, el gasto y el pliego el mismo 30 de julio de 2018 por el Consejo de Administración de Adif”, recalcan los expertos de Hacienda.

El documento enumera las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Así, de las cinco licitaciones de Adif consta una adjudicación a Acciona, una a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Ferrovial Agroman y Acciona, otra a la UTE de Obras Públicas y Regadíos (OPR) y ASCH Infraestructuras y Servicios, una más a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y la última a Instrumentación Geotécnica y Estructural. Por su parte, de los seis contratos a cargo de la Dirección General de Carreteras dos se adjudicaron a Acciona Construcción —en UTE con otras empresas—, dos a OPR —también en unión temporal con otras sociedades— y dos a LIC —en UTE con otras compañías—. Directivos de Acciona, OPR y LIC han declarado ya por estos hechos como investigados ante el Supremo.