Las defensas del ‘caso Plus Ultra’ buscan anular la investigación

A medida que pasan las semanas y el secreto de la investigación relacionada con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra no se levanta, las piezas del tablero judicial se mueven cada vez más. La expectación por escuchar lo que decía este lunes el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado era máxima, pero ahora la vista ya está puesta en conocer cómo avanza exactamente la causa por blanqueo de capitales del dinero de la ayuda y qué es lo que contiene esta investigación secreta que pilota la Fiscalía Anticorrupción. Los investigados, entre los que se encuentran el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez o los dirigentes de la compañía de aviación, se están armando y sus abogados estudian cómo anular el germen del caso.

La estrategia, por ahora y sin saber con precisión qué se investiga, se centra en tratar de desbaratar las pesquisas desde el mismo momento en que se reabrieron. El hecho de que lo asumiera la misma magistrada, Esperanza Collazos (titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid) a la que se le pasó el plazo en 2022 para poder seguir investigando el rescate de Plus Ultra es el eje central del análisis, para conseguir la nulidad, que están llevando a cabo varias defensas consultadas.

Tras la inyección de dinero público que el Estado avaló para la compañía en marzo de 2021, tanto el pseudosindicato Manos Limpias como los partidos PP y Vox acudieron a los tribunales para que se analizara si el rescate al que el Consejo de Ministros dio luz verde se fraguó con todos los requisitos en regla. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescató también a otras compañías aéreas como Air Europa o Volotea, pero el caso de Plus Ultra fue especialmente sonado porque la oposición apuntaba que no era una compañía estratégica (tenía solo un avión en propiedad), ni tenía sus cuentas saneadas antes de la pandemia, ni era una empresa española (puesto que parte del capital provenía de Venezuela).

La magistrada Collazos abrió entonces una investigación, paralizó una parte del rescate cuya entrega no se había ejecutado, pidió la documentación a la SEPI y para cuando llamó a declarar al representante legal de la aerolínea se vio obligada a archivar la causa porque se le había olvidado prorrogar la instrucción en tiempo y forma. La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Plus Ultra en una resolución del 17 de noviembre de 2022 en la que decía: “Transcurrido dicho plazo [12 meses] sin haberse acordado la prórroga de la fase de instrucción, no puede practicarse ninguna otra diligencia de investigación”. La jueza tuvo que dar 'carpetazo’ al asunto el 9 de enero de 2023 sin llegar a concluir si el rescate se ajustó o no a la legalidad.

Las defensas se afanan ahora en este punto. En el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que es el que habla de la caducidad de las prórrogas en las investigaciones, y en la doctrina del Tribunal Supremo. “Si se tolerara pedir diligencias y practicarlas, o acordar reabrir una investigación [...] Cuando no se acordó la prórroga dentro del plazo de 12 meses, se llevarían a cabo de forma no válida por su carácter extemporáneo”, señala una sentencia de la Sala de lo Penal del alto tribunal fechada en mayo de 2021.

“El asunto tenía que haber ido a reparto, no lo podía coger la misma juez”, indica uno de los letrados que ha estado estudiando el tema. Para estas fuentes la jurisprudencia del Supremo puede dar al traste con esta segunda parte del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre al empresario Julio Martínez Martínez, que trabajaba como “conseguidor” de la aerolínea en Venezuela, a un abogado madrileño y al presidente y consejero delegado de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. A la Fiscalía Anticorrupción llegó información de Francia y de Suiza en relación a un blanqueo de capitales que se pudo realizar con el dinero público del rescate así que tras indagar durante meses en secreto, la fiscal terminó judicializando el asunto en el Juzgado de Instrucción número 15, el de Esperanza Collazos, después de que la Audiencia Nacional rechazara la competencia.

Para las defensas aquí está la veta con la que desarmar la causa. La investigación se abrió como una ramificación de la central que se tuvo que archivar y no como una causa independiente. Y esto, según dichas voces, la haría totalmente nula. Fuentes de la investigación, en cambio, desvinculan que estas diligencias tengan algo que ver con lo que se investigaba en 2022 porque en el foco no está cómo se concedió el rescate sino qué se hizo con el dinero una vez se concedió.

Zapatero y Análisis Relevante

Además, las defensas buscan grietas en el secreto de sumario porque, dicen, no les han indicado ni siquiera cuándo se puso el velo a la investigación. Algunas fuentes relacionadas con la causa indican que aún quedan semanas para que se alce y, mientras tanto, los investigados se miran de reojo para no dar un paso en falso antes de saber exactamente de qué se les acusa.

En este sentido, la comparecencia de Zapatero este lunes en el Senado era clave. El expresidente debía aclarar principalmente dos cuestiones por las que se ha visto salpicado desde que la operación policial de Plus Ultra cristalizara: en primer lugar, cuál era su relación con Julio Martínez Martínez y con su empresa Análisis Relevante; y en segundo lugar, si jugó algún papel en el rescate a la compañía aérea para la que Martínez Martínez trabajaba.

Sobre Martínez explicó que es su amigo, aunque no habla con él desde su detención “por prudencia”; que salían a correr juntos a menudo en Madrid; que trabajó para él como autónomo facturando a la empresa Análisis Relevante (que está bajo el foco de la investigación); que fueron labores de consultoría tanto escritas como orales; y que él propuso que la empresa de sus hijas Whathefav también estuviera en el negocio con trabajos de comunicación y marketing.

Explicó que él estuvo, de alguna manera, en la constitución de Análisis Relevante. “Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, dijo. Martínez se quedó con el 75% y un actual directivo de Movistar + Sergio Sánchez que fue también asesor del CNI entre 2009 y 2018 se hizo con otro 25%. Zapatero explicó que los informes de consultoría los escribía con Sánchez, pero el PP le acusó de ocultar que, en realidad, la empresa era fictica y la única intención era cobrar de Plus Ultra. Por eso, expresaron, el dinero que percibió (463.000 euros en seis años) de Análisis Relevante coincide con la cantidad que esa sociedad recibió de la compañía aérea. “Con esta suma de casualidades, ¿no pensaría usted que es una sociedad instrumental?“, preguntó el senador popular Fernando Martínez-Maíllo.

En relación al rescate, el expresidente negó que él presionara a nadie para que este se otorgara; aseveró que él no supo que Martínez Martínez cobraba de Plus Ultra hasta tiempo después; y repitió que los pagos que se le hicieron a él no tuvieron nada que ver con la compañía. Zapatero dijo desconocer un contrato que supuestamente la Policía ha encontrado en el ordenador de su amigo Martínez. En ese documento, Plus Ultra se compromete a darle un 1% del rescate al empesario si este se aprueba por parte del Gobierno. Las cantidades que percibió Martínez de la aerolínea encajan con el 1% de los 53 millones de euros del rescate, así que este es uno de los elementos más importantes que puede esclarecer esta investigación.