El Gobierno condena la actuación desproporcionada de la policía armada en la matanza de Vitoria de hace 50 años

Este martes hace 50 años. El 3 de marzo de 1976, a las 15.50, policías armados del acuartelamiento de Vitoria, reforzados por la reserva de Miranda de Ebro, entraron en la parroquia de San Francisco de la capital alavesa, lanzando gases lacrimógenos para expulsar a varios miles de obreros congregados en una asamblea. Según salían, fueron atacados con pelotas de goma y disparos de bala. Murieron instantáneamente Francisco Aznar, de 18 años, y Pedro Martínez, de 27. Romualdo Barroso, de 19; Bienvenido Perea, de 30, y José Castillo, de 32, fallecidos horas después, completaron la lista de cinco muertos a los que se añadieron 26 heridos de bala y muchos otros atendidos con lesiones.

Fue el balance de uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en el inicio de la Transición, según reconoce el Gobierno en una declaración institucional en la que condena “la actuación desproporcionada de la policía armada en aquellos sucesos”. Este primer posicionamiento de un Consejo de Ministros sobre dicha matanza reconoce, además, que “la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades y la consolidación de un sistema democrático basado en el pluralismo, el diálogo y el respeto a los derechos sociales”.

La matanza se produjo en la predemocracia, tres meses después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, cuando era presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro y ministro del Interior Manuel Fraga. El Ejecutivo recuerda en su declaración el contexto de movilizaciones obreras en toda España en un régimen sin libertades democráticas, en el que participaron la mayoría de los trabajadores industriales de la capital alavesa, con tres huelgas generales, dirigidas por un movimiento asambleario al margen del sindicato oficial franquista.

Los hechos no fueron investigados ni juzgados. Durante muchos años, la verdad oficial fue que los responsables de la matanza fueron los líderes obreros hasta que, 30 años después, las instituciones vascas —Parlamento y Gobierno— concluyeron en una declaración que hubo responsabilidades penales claras por parte de policías, aunque sin precisarlas personalmente, basadas en un dictamen, encargado a historiadores del Instituto Foronda, vinculado a la Universidad del País Vasco (EHU) y publicado en 2004.

El dictamen, coordinado por José Antonio Pérez, profesor de la EHU, desmontó la tesis oficial de la culpabilidad de los líderes obreros. Dos de ellos, Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarría, fueron encarcelados acusados de “sedición” y amnistiados en octubre de 1977. La declaración del Gobierno recoge básicamente el relato del dictamen Foronda.

Ambos relatos coinciden en que, sin que existieran incidentes previos que lo justificaran, los policías armados rodearon el templo e intentaron impedir la celebración de la asamblea. Tras la negativa de los reunidos a abandonar el recinto, se ordenó el desalojo. La policía armada lanzó botes de humo en el interior de la iglesia abarrotada, provocando escenas de asfixia, ahogo y pánico. Quienes intentaban salir eran recibidos con golpes. En el exterior, en medio de la confusión y la tensión, la policía armada comenzó a disparar con munición real. La consecuencia fueron cinco obreros fallecidos y otros 26 heridos de bala.

El dictamen Foronda, más exhaustivo que el pronunciamiento gubernamental, recogía la declaración judicial de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada, en la que trataba de justificar la matanza: “Cogidas entre ambas masas opuestas en actitud amenazadora y agresiva se utilizaron hasta agotarse todos los medios antidisturbios y, tras su carencia, fue precisa la utilización de armas de fuego”. Llegó a insinuar el empleo de armas por parte de los obreros. El coordinador del dictamen lo niega: “Nunca apareció casquillo, cartucho, arma blanca u objeto incendiario procedente de los concentrados. Los reunidos en la parroquia se negaron al desalojo por temor a ser golpeados por la policía”.

El dictamen de 2004 ya denunciaba “la actuación excesiva de la policía armada que intervino con toda contundencia utilizando insistentemente armas de fuego”. Describe que en la radio policial se escuchó: “Que salgan por las buenas, si no a palo limpio”; reveló que los agentes agotaron buena parte del material antidisturbios por la mañana y dispararon más de mil balas; y que se oyó: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia”.

Ante la gravedad de lo sucedido, recuerda Pérez, un juzgado de Vitoria abrió diligencias, pero al reconocer el jefe de la Policía el uso de armas de fuego, traspasó el caso al Tribunal de Orden Público. Tras litigar con la justicia militar, la sala de competencias del Tribunal Supremo obligó a la justicia militar a que asumiera el caso. “En marzo de 1977, la justicia militar reconoció la existencia de un delito de homicidio. Pero al no haber averiguado quiénes eran sus autores, sobreseyó el caso provisionalmente, siendo finalmente prescrito”, señala Pérez.

El dictamen Foronda, que asumieron el Parlamento y Gobierno vascos, vinculaba el delito de homicidio, reconocido por la justicia militar, con la existencia de responsabilidades por parte de la policía armada. Ahora lo asume el Gobierno de España. Lo mismo que la vinculación de la matanza con la falta de libertades. La actual condena del Gobierno de España lleva implícita la denuncia del dictamen del uso de armamento de guerra frente a un problema de orden público y de unas órdenes que no estimaban el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno no precisa en su declaración de dónde partieron las órdenes que generaron la matanza. El coordinador del dictamen Foronda reconoce que no ha podido aclararse. “Lo que se sabe es que la orden de desalojo de la iglesia procedió del gobernador civil, Rafael Landín. Pero no hay pruebas de que existieran órdenes superiores. En la investigación no hemos encontrado una orden expresa”, señala. Rodolfo Martín-Villa, ministro de Relaciones Sindicales, no aportó nada en su declaración años después y Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, no compareció al ser reclamado por el Parlamento vasco.

El Gobierno señala, en su declaración, que el reconocimiento y homenaje a las víctimas de la matanza ya lo iniciaron gobiernos anteriores. La Ley de Memoria Histórica de 2007, la Diputación de Álava, así como la Comisión de abusos policiales del Ejecutivo vasco, de 2012, las reconocieron e indemnizaron. En 2026, el Gobierno declara la Iglesia de San Francisco, escenario de la matanza, como centro memorial. Sin embargo, la Ley de Víctimas del Terrorismo, de 1999, no abarcó a los damnificados en la matanza de Vitoria al considerar que no fue realizada por una organización terrorista.

Pérez contempla positivamente la decisión del Gobierno de desclasificar la Ley de Secretos Oficiales porque pueden conocerse datos inéditos sobre la matanza de Vitoria. Pero ve muy difícil, como con el 23-F, que cambie el relato sustancial compartido por el Gobierno y el dictamen. No cree que existan pruebas que puedan atribuirla a una decisión planificada del Gobierno de España y apela a la prudencia para no suscitar “falsas expectativas”.

Pero el coordinador del dictamen Foronda cree también que no están suficientemente valoradas las consecuencias políticas de la matanza de Vitoria. “La matanza mostró que el aparato del Estado era una rémora en la pretensión del rey Juan Carlos y los reformistas de avanzar en la Transición hacia la democracia. Vitoria y el doble homicidio que protagonizaron los ultraderechistas en Montejurra, con la complicidad del Gobierno civil de Navarra, dos meses después, propiciaron el cese del Gobierno de Arias Navarro y la entrada de los reformistas en el Gobierno con Adolfo Suárez”, recuerda Pérez. También catalizó la unidad de la oposición al fusionar la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática.