La jueza del caso Mediador encausa al

La jueza a cargo del llamado caso Mediador ha acordado acercar a juicio al exdiputado socialista en el Congreso —y presunto cabecilla del grupo—, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, y a otras 22 personas por presuntos delitos de corrupción. La instructora María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo ha dado por cerrada la fase inicial de la pieza principal y ha acordado continuar la causa por el trámite del procedimiento abreviado, antesala de la apertura de juicio oral. En un auto emitido el día 11, sostiene que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública, estafa, falsedad, blanqueo de capitales y, en un caso concreto, contra la Hacienda Pública, respecto de 23 personas investigadas.

Entre los procesados por la titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife figuran el sobrino de Tito Berni, el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

El caso Mediador es una presunta trama de corrupción política y empresarial que operó en Canarias durante unos nueve meses, entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021. Según el relato del sumario, varios empresarios pagaron alrededor de 100.000 euros al intermediario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el “mediador”, a cambio de obtener favores administrativos que nunca llegaron a materializarse. Las empresas realizaron transferencias sin justificación a la cuenta de la pareja de Navarro Tacoronte y también donaciones al club deportivo presidido por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista procedente de Fuerteventura que, según la investigación, actuaba como cabecilla de la organización.

El entramado operaba mediante dádivas —en efectivo, banquetes, eventos o prestaciones en especie— orientadas a condicionar resoluciones de la administración sobre multas, permisos, licitaciones o ayudas de la Consejería de Ganadería. Tanto Juan Bernardo Fuentes como su sobrino Taishet Fuentes, que pasaron por la Dirección General de Ganadería, figuran asociados a compromisos de trato preferencial, si bien la instrucción judicial asevera que ninguno logró modificar trámites ni otorgar ventajas a los inversores que costeaban las comisiones. Las indagaciones también señalan al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, presuntamente involucrado por proponer gestiones favorables a cambio de capital, aunque no hay constancia de que estas llegaran a realizarse.

El origen del caso se remonta a una denuncia falsa por un pequeño fraude con una tarjeta de crédito en diciembre de 2021, que llevó a descubrir la presunta red de corrupción cuando el propio Navarro Tacoronte aportó información sobre ella. El sumario describe cómo el mediador conectaba a empresarios con cargos públicos y detalla episodios llamativos, como visitas al Congreso de los Diputados utilizadas para dar apariencia de influencia política o supuestos pagos en especie que no pudieron ser acreditados. A pesar del alcance mediático, la investigación no ha constatado por ahora un perjuicio económico para la Administración canaria, aunque sí ha revelado una dinámica de favores prometidos, comisiones ilegítimas y contactos entre empresarios y cargos públicos que sustentan la gravedad del escándalo.

La resolución judicial pormenoriza los cargos que se les podrían atribuir a todos los implicados. Las acciones vinculadas a Marco Antonio Navarro Tacoronte podrían conformar infracciones penales de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y diversas faltas contra la Administración Pública. Asimismo, la magistrada aclara que también pudo haber cometido blanqueo de capitales, un cargo que se señala de manera independiente y directa.

En el mismo bloque principal aparecen otros tres investigados a los que se les atribuye la misma lista de posibles delitos: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez y Francisco Espinosa Navas. Para todos ellos, la magistrada recoge la posible comisión de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad y delitos contra la Administración Pública.

Para el exviceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany y el exdirector general de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández Herrera, la instructora considera que los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública y malversación de caudales públicos. A diferencia del primer grupo, no se les atribuyen los delitos de cohecho, estafa o falsedad, quedando su posible responsabilidad penal acotada a un bloque más reducido.