Trabajo dice que seguirá adelante con la tramitación del registro horario pese al dictamen desfavorable del Consejo de Estado

El dictamen desfavorable del Consejo de Estado al refuerzo del registro horario que planea Yolanda Díaz no cambia su hoja de ruta. El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la tramitación del decreto, sin cambios sustanciales de contenido, y espera llevarlo al Consejo de Ministros con su estructura actual, según expresa el propio departamento. Se abren a modificaciones de carácter técnico, pero no de fondo, y descartan absolutamente reabrir la negociación del texto, rechazado por las patronales y suscrito por los sindicatos. Precisamente las centrales, UGT y CC OO, han emitido este martes un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” por el dictamen y el rechazo al contenido del mismo, una posición radicalmente distinta a la de la CEOE. En una nota, la patronal muestra su “satisfacción” por el dictamen.

El refuerzo del registro horario es el plan B del Ministerio de Trabajo ante el rechazo del Parlamento a la reducción de jornada a 37 horas y media por semana. El ministerio busca obligar a que el registro sea obligatoriamente digital y accesible para Inspección. En el proyecto original también se planteaba un incremento de las sanciones por incumplimientos, pero esta parte se descartó porque exige un cambio legislativo y el aval del Parlamento, con una mayoría de derechas que le cerraría el paso.

Trabajo cree que los otros elementos se pueden articular con un reglamento, sin tramitación parlamentaria, extremo que el Consejo de Estado rechaza en su informe no vinculante. Esa opinión del órgano consultivo, que CEOE también venía expresando desde hace meses, pone muy fácil la impugnación judicial de las organizaciones empresariales.

“CEOE expresa su satisfacción por el dictamen del Consejo de Estado [...] Que concluye que no procede la aprobación de la propuesta impulsada por el Ministerio de Trabajo”, indica la patronal. “Las organizaciones empresariales alegábamos nulidad por vulneración de la reserva de ley y el derecho a la protección de datos. En ambos casos, entendemos que el proyecto incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende no se puede hacer a través de un reglamento”, añade la organización presidida por Antonio Garamendi, en línea con lo expresado en el dictamen. Cree que el proyecto de Trabajo “adolece de un vicio de nulidad” y apela a “la responsabilidad institucional”, así que reclama a Trabajo “respetar las consideraciones expresadas por el Consejo de Estado”. El ministerio da por hecho que se encamina hacia una batalla judicial con las patronales, una vez apruebe el proyecto en el Consejo de Ministros.

Por su parte, los sindicatos cargan contra el dictamen del Consejo de Estado. “Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud [el de las horas extra impagadas, cuatro de cada diez que se realizan en España], se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado”, dicen CC OO y UGT en su comunicado conjunto. El sistema actual entró en funcionamiento en 2019, cuando el PSOE gobernaba en solitario.

“Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido inequívoco al respecto: los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas”, agregan los sindicatos. La normativa actual permite realizar el registro en papel, mientras que el cambio que defienden Trabajo y los sindicatos obligaría a que fuera digital, “reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros”.

Los sindicatos ven “especialmente llamativo” el posicionamiento del Consejo de Estado en materia de protección de datos. “La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, dicen las centrales, que agregan: “Si este criterio se llevara al extremo, cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos”.

“Ambos sindicatos instan al Gobierno a continuar adelante con la reforma del registro de jornada, reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real”, finalizan UGT y CC OO. Trabajo pretende impulsar la reforma e insiste en que no necesita volver al Consejo de Estado antes de entrar en el Consejo de Ministros. Trabajo no precisa plazos, pero sí dice que será pronto.

Choque con Economía

Trabajo no tiene claro si, antes de llegar a la reunión del gabinete, el texto debe pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en manos de Carlos Cuerpo, cuyo departamento es crítico con varios detalles de la norma. El dictamen del Consejo de Estado se hace eco de múltiples correcciones de Economía al proyecto, así como de Función Pública y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “A pesar de los intentos del Ministerio de Economía vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario”, ha dicho Díaz en un mensaje en la red social Bluesky. “Hay 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana que tienen que empezar a pagarse. Somos un gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora”, ha agregado.

Cuestionado por esta queja de Díaz, Cuerpo no ha entrado al choque con la vicepresidenta segunda tras el Consejo de Ministros, informa Carlos E. Cué. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, como un pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada laboral”, ha dicho Cuerpo, antes de señalar la importancia de “mantener la ambición” en “la conquista de derechos para los trabajadores”. A la vez, ha matizado que defiende una implantación “equilibrada” que garantice la adopción de esta medida, “en particular para nuestras pymes”.

Justo ese punto, la adaptación en las empresas pequeñas, es uno de las protestas de su departamento, de la que se hace eco el Consejo de Estado. “Se valora desfavorablemente su puesta en marcha”, dice un informe de Economía sobre el proyecto, “ya que se considera necesario un periodo transitorio amplio y herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes”. Fuentes de Trabajo han descartado modular el proyecto en función del tamaño de las empresas, pero sí se abren a otros cambios técnicos, y subrayan que tienen el respaldo del presidente del Gobierno para sacar adelante esta reforma, prometida en el acuerdo de Gobierno. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha insistido en el “compromiso” del Ejecutivo con el refuerzo del registro de jornada.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, también ha criticado a Economía con dureza este martes, informa Paula Chouza. “Hay una cuestión que no es nueva, se llama Ministerio de Economía. Antes se llamaba Nadia Calviño y ahora Carlos Cuerpo”, ha dicho, antes de repasar algunas medidas aprobadas por Trabajo y “una y otra vez” con Economía “en contra”. “O se quitan el nombre o cambian de actitud. Esas horas [extra impagadas] tienen que ser pagadas y cotizadas y para ello el elemento central es el registro horario. Lo que no se entiende de verdad en todo esto es que Economía esté mandando informes al Consejo de Estado como un loco para conseguir tener una resolución al respecto”, ha dicho Barbero. “Es vergonzoso, pero ya estamos acostumbradas. Me enfado porque lo hemos vivido demasiadas veces”.

El Consejo de Estado aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas—, pero considera que no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento, que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores, que invade la negociación colectiva y que no asegura la protección de datos de los trabajadores, queja en la que también coincide la AEPD. Trabajo anticipa que hará algunos cambios menores para atender algunas de estas protestas y blindarse ante la batalla judicial con las patronales, en particular en materia de protección de datos o de negociación colectiva, con una mayor precisión en ambas materias.