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Airbnb pagará una multa de 64

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima las peticiones cautelares instadas por la entidad.

Turistas con maletas caminan por la Rambla de Barcelona.Albert Garcia

El gigante estadounidense Airbnb va a tener que abonar la multa de 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Consumo en diciembre de 2025 por cometer distintas infracciones en la publicación de anuncios de viviendas en alquiler para turistas. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hecho público esta mañana por el Ejecutivo, rechaza su solicitud de medidas cautelares, por la que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que se dictara sentencia firme. Ahora tendrá que abonar esa sanción, aunque al mismo tiempo podrá presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

El abono de dicha cifra de 64 millones de euros representa, de acuerdo con Consumo, “a seis veces el beneficio ilícito” percibido por Airbnb a raíz de tales conductas indebidas, prolongadas desde la advertencia realizada por el mencionado Ministerio hasta la eliminación final de las ofertas. La multa establecida por el organismo liderado por Pablo Bustinduy se fundamentaba en tres faltas distintas. La inicial aludía a la difusión de ofertas de hospedajes vacacionales carentes de permiso, incumpliendo los requisitos fijados por gran parte de las legislaciones regionales, las cuales demandaban mostrar el código de inscripción en la promoción. Asimismo, señalaba publicidades que empleaban códigos de autorización o inscripción fraudulentos o erróneos, además de aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituía publicidad engañosa.

Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, señaló recientemente el ministro. En paralelo a la ofensiva legal de Consumo, el Ministerio de Vivienda, urgido por el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y la crisis inmobiliaria, promovió la creación del Registro Único de Alquileres. Este censo estatal obligatorio, que entró plenamente en vigor el pasado 1 de julio, obliga a los propietarios a identificar y controlar las viviendas que alquilan a turistas en plataformas como Airbnb o Booking, pero también cualquier otro inmueble que se comercialice como un arrendamiento de temporada. La gestión del sistema digital fue otorgada a los Registradores de la Propiedad, que tenían que evaluar si las viviendas cumplían los requisitos legales para poder comercializarse en plataformas a través de internet.

Su implementación motivó una regulación en la cantidad de alojamientos vacacionales y una transformación en la actitud de Airbnb que, dejando atrás su hostilidad previa, comenzó a cooperar activamente en la eliminación de anuncios ilícitos y en la instrucción de sus anfitriones para asegurar que cada uno dispusiera de registro oficial. En noviembre de 2025, según los últimos datos del INE, el registro de apartamentos turísticos en España alcanzó las 329.764 unidades, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al periodo idéntico de 2024, implicando una disminución de 46.700 propiedades y una caída de 272.000 cupos durante un año. Tras este descenso, la proporción de residencias vacacionales respecto al parque inmobiliario global se fijó en el 1,24%, marcando la cifra mínima registrada desde febrero de 2023.

Consciente de las numerosas limitaciones que se le ha impuesto a su actividad en grandes ciudades como Madrid e incluso de las prohibiciones en otras como Barcelona, Airbnb ha optado por cambiar su estrategia y ahora está centrada en crecer en la España vaciada, a través del denominado Compromiso Rural en España, un plan a tres años dotado con 50 millones de dólares (43 millones de euros) para proyectos de promoción de nuevos destinos turísticos, ayudas al comercio de proximidad y proyectos de revitalización de localidades despobladas. En esa línea presentó recientemente un acuerdo con LaLiga para convertirse en el alojamiento de los aficionados que se desplacen a otras autonomías para seguir a sus equipos, cuyo primer gran hito es la posibilidad de vivir una experiencia única junto a Andrés Iniesta en Fuentealbilla (Albacete), el pueblo donde nació la estrella que jugó en el Barcelona.

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