El transporte por carretera pide al Gobierno medidas ante la previsible subida del combustible

Los principales colectivos del transporte profesional por carretera, entre ellos las asociaciones CETM y Astic, han reclamado al Ministerio de Transportes que prepare un blindaje, acordado con el sector, por si se dispara el precio del combustible por el conflicto en Oriente Próximo. La petición al departamento que dirige Óscar Puente es que articule un paquete de medidas favorables a los transportistas para una posible activación urgente. En la memoria del sector está aún reciente la bonificación directa al consumo de combustible, con 20 céntimos por litro, puesta en marcha en 2022 y extendida en 2023 tras los efectos de la invasión rusa de Ucrania. “Ojalá no haya que utilizar mecanismo alguno de ayudas, pero debemos estar preparados ante la experiencia que ya tuvimos con Ucrania y la subida de precios”, señala un portavoz oficial de CETM.

La asociación Astic subraya que una escalada abrupta de los precios del gasóleo se traduciría en graves riesgos para los márgenes operativos de empresas y autónomos de la carretera, con las consiguientes tensiones de liquidez. El combustible tiene un peso superior al 30% en los gastos de operación del transporte de mercancías y viajeros. Especializadas en la gestión de carga internacional, las empresas de Astic estiman en 4.000 litros de combustible al mes el consumo medio de uno de sus camiones.

La petición se ha producido después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya señalado este martes en una entrevista en TVE que el Gobierno sigue de cerca las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo. Sobre la subida de los dos últimos días en los precios energéticos y posibles bonificaciones, el ministro ha indicado que hay que esperar: “Si acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”.

Astic dice ser consciente de que solo un 5% del petróleo y un 2% del gas natural licuado que llega a España pasa por el estrecho de Ormuz, uno de los escenarios centrales del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Pese a ello, la organización ha solicitado un encuentro con representantes de Transportes y Hacienda, como ya sucedió en marzo de 2022 en plena espiral inflacionaria, “con el objetivo de acordar los umbrales de activación y desactivación del mecanismo, definir el conjunto de medidas y su redacción lista para el BOE”, explica el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, a su vez miembro de la Ejecutiva de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU). También se pretende pedir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la reutilización del modelo “que funcionó con éxito cuando se vivió una situación similar tras la invasión de Ucrania”.

En esta llamada de socorro se recuerda que el Ejecutivo puso en pie en marzo de 2022 el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, dotado con 16.000 millones de euros. De esa cifra, 1.000 millones fueron a parar al transporte por carretera a través de una bonificación de 20 céntimos por litro aplicable al gasóleo, gasolina, gas y AdBlue y para todos los usuarios. Ya en 2023 esa medida se circunscribió exclusivamente al transporte profesional, con la devolución de 20 céntimos por litro en el primer trimestre, 10 céntimos en el segundo y la rebaja progresiva de la bonificación hasta concluir el ejercicio.

En el mismo marco de apoyo estatal, hubo líneas de ayudas por un total de 900 millones a los transportistas, con 1.250 euros por vehículo pesado, 500 euros por vehículo ligero, 950 euros por autobús y 300 euros para taxis y VTC. Por último, gracias a la Ley de la Cadena del Transporte quedó prohibida la contratación de servicios de transporte por debajo de costes, y se comenzó a devolver el impuesto sobre hidrocarburos por meses y no por trimestres, lo que sirvió como inyección de liquidez.

De momento, el Ejecutivo pospuso el pasado mes de diciembre una mayor carga al diésel que lo iba a equiparar en precios con la gasolina, y está descartado el pago por uso en las autovías o la imposición de la viñeta, que son otras líneas rojas marcadas por el transporte profesional.

Subidas generalizadas

Astic y CETM concluyen que la experiencia ganada en 2022 y 2023 demuestra que sostener al sector del transporte a través de mecanismos sencillos tiene más ventajas que su posterior reconstrucción. También advierten de la derivada que puede tener una subida de costes en el transporte sobre el resto de sectores de la economía y entre los propios consumidores. Los operadores pueden trasladar el incremento del precio del combustible a los clientes en virtud del Real Decreto-Ley de marzo de 2022 en que se estableció la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del diésel.

Valdivia recuerda que “el presidente [Donald] Trump ya ha advertido que el conflicto podría prolongarse de cuatro a cinco semanas y que Estados Unidos está preparado para alargarlo aún más, si fuera necesario. Un escenario similar al que vivimos con Ucrania: tras la invasión de Rusia, se esperaba que durara solo unos meses y, sin embargo, se está prolongando durante años”. El sector teme un golpe económico por un largo plazo.

Desde Astic se quiere aprovechar un próximo encuentro con el Gobierno para poner en evidencia “la elevada dependencia del diésel que expone al sector a crisis geopolíticas y a la volatilidad de los mercados”. La asociación defiende que un mix energético más diversificado, con presencia de combustibles renovables, “haría al sector más resiliente frente a estas turbulencias”. Se reclaman, en este apartado, “incentivos claros y un marco regulatorio estable”.