Juventud pone en marcha una vía privada para que los

Para muchos estudiantes, las prácticas laborales son sinónimo de precariedad: jornadas maratonianas, escasa tutorización, deficiente asignación de tareas, un coste económico que no es compensado... El Ministerio de Trabajo ha impulsado una normativa específica para evitar parte de estos problemas, el estatuto del becario, un anteproyecto de ley con pocas posibilidades de prosperar en el Congreso, dada la mayoría absoluta de la derecha. A la vez, sin necesidad de la luz verde legislativa, el Gobierno presenta este lunes una herramienta complementaria: el Ministerio de Juventud e Infancia lanza lo que llama “el Buzón de las Becarias”, en el que anima a los estudiantes en prácticas a denunciar de forma anónima si sufren explotación laboral.

“Este buzón permitirá a personas becarias y ex becarias denunciar posibles irregularidades durante su período de prácticas, como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica”, explican desde el departamento que dirige Sira Rego.

Quienes realizan prácticas en tales circunstancias ya tienen la opción de acudir a la Inspección de Trabajo, no obstante, mediante esta propuesta concreta Juventud pretende visibilizar irregularidades potenciales que, de no ser por esta convocatoria, no se habrían atrevido a reportar. “El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes”, añade Juventud. La plataforma de mensajería, que facilitará el envío de quejas de manera online a partir de este lunes, será dada a conocer hoy por Rego junto a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Juventud afirma, basándose en cifras de la Encuesta de Juventud de 2023, que el 42% de la población joven manifiesta haber padecido algún episodio de abuso durante su trayectoria profesional. La memoria anual de Inspección de 2024 señala que tales vivencias raramente se traducen en reclamaciones oficiales. Durante el ejercicio se llevaron a cabo 802 intervenciones destinadas a identificar falsos becarios, resultando en la regularización de 187 puestos de trabajo, de los cuales 132 pertenecían a alumnos en dicha condición. La cuantía de las cotizaciones a la Seguridad Social recaudadas mediante estas acciones alcanzó los 457.000 euros.

Avanza el estatuto del becario. (

La iniciativa es presentada en sociedad un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe en segunda lectura el estatuto del becario, según confirman fuentes del Gobierno. Es el último paso necesario antes de que el anteproyecto de ley se enfrente al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de prosperar. Al previsible rechazo del bloque de derechas que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo. La iniciativa tiene el respaldo de los sindicatos, pero no de las patronales.

El Estatuto propone limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También plantea un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas.

Este reembolso no afecta a los estudiantes en prácticas con sueldo, puesto que dicho pago ya compensa los desembolsos realizados. La legislación no exige remunerar al pasante, una de las demandas más constantes de los sectores políticos y gremiales de izquierda que, al final, quedó fuera del pacto respaldado por los sindicatos pero rechazado por la patronal.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró positivamente la compensación de gastos tras la primera aprobación del gabinete, pero a la vez expresó “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades públicas que acogen a los estudiantes no abonen esas cantidades. “No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”, dijo la presidenta de la CRUE, Eva Alcón. La organización que preside se muestra contraria al estatuto.