Cientos de tractores salen a la calle en Madrid contra la PAC y el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Los bocinazos de 500 tractores suenan este miércoles en el centro de Madrid para protestar contra la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 y para que el acuerdo comercial UE-Mercosur no entre en vigor. Entre 8.000 y 10.000 personas, según los organizadores, han salido desde la Plaza de Colón y recorren los paseos de Recoletos y el Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los manifestantes han sido convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) y que no ha recibido el apoyo de las asociaciones mayoritarias del sector.

Los tractores han salido hacia el centro de la capital desde cinco columnas que han partido de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey. Los primeros tractores se han situado sobre las 11.00 en Colón y a las 13.30 han llegado al ministerio, donde han celebrado un acto reivindicativo y han entregado a las autoridades un documento con las principales reclamaciones del sector.

La manifestación ha obligado a cortar medio centenar de calles en el centro de Madrid, según el ayuntamiento. Las afectaciones al tráfico han alcanzado en distintos momentos de la jornada algunas vías importantes de la capital como el paseo del Prado, las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, la plaza de Colón o la carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados. También se ha cerrado el acceso a la glorieta de Atocha por todas sus vías, lugar donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura y donde ha terminado la concentración. 126 líneas de autobuses urbanos han tenido que modificar su itinerario, un 60% del total.

Esta concentración se iba a celebrar el 29 de enero pero la borrasca Kristin forzó a retrasarla hasta este miércoles. Los convocantes de la manifestación aseguran que a las protestas van a acudir trabajadores del campo “de todas partes de España”.

Durante la marcha, que transcurre con muchas banderas con el eslogan “No a Mercosur”, Braulio Hernández, de 53 años, porta una negra con una calavera. Simboliza, según él, “la muerte del campo con el acuerdo” de Mercosur. Este agricultor de ajos de Chinchón (Madrid) vaticina una “invasión de productos” agroalimentarios de América Latina que “va a reducir mucho los beneficios económicos del campo” en España. Por eso pide al Gobierno que presione a la Comisión Europea para que no entre en vigor.

Más rotundos se muestran Mario Garcés (59 años) y su hija Lucía Garcés (26 años). Tienen una explotación de ganado vacuno en Guadalajara y sostienen que apoyar este acuerdo “es estar en contra del campo”. En este escenario, la hija relata sus “dudas” para seguir trabajando en la ganadería. Y argumenta: “Con la carne de estos países no se puede competir porque no cumplen los criterios sanitarios europeos”.

Al lado de su tractor azul con banderas de España y de Vox, Manuel Fernández (62 años) pide al Ejecutivo “que apoye de una vez a los agricultores españoles”. Este agricultor exige que no se apruebe el acuerdo con Mercosur y que la PAC no se recorte: “Con esta política europea nos vamos al abismo”.

El acuerdo entre la UE y el bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, firmado el 17 de enero, no solo ha suscitado dudas y quejas de los trabajadores del campo, sino que el propio Parlamento Europeo decidió llevar a la justicia europea el pacto comercial. La Eurocámara, a petición de la izquierda minoritaria, forzó hace tres semanas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se tenga que pronunciar sobre si el pacto y los compromisos adquiridos con los socios latinoamericanos se ajustan al derecho comunitario. Esta deliberación del TJUE podría demorar la entrada en vigor del pacto meses o incluso años. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el 22 de enero que la Unión Europea estará “lista” para aplicar provisionalmente el acuerdo comercial, sin tener que esperar este dictamen.

Entre los 27 Estados miembros también hay divisiones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este martes que “Mercosur es un mal acuerdo“, en una entrevista con Papallones y otros medios de comunicación europeos. Francia ha sido uno de los grandes detractores del pacto, bloque al que también se ha sumado Polonia. Hace un mes, Italia también se mostró contraria a la ratificación, pero tras lograr ciertas concesiones de la Comisión Europea para defender el sector agrícola italiano, dio su sí y finalmente se rubricó el acuerdo en Asunción (Paraguay). El Gobierno español respalda con fuerza el pacto comercial, que eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y creará la mayor zona de comercio del mundo, con más de 270 millones de consumidores.

Las salvaguardas que exigían algunos países, entre ellos Italia, para dar el visto bueno al acuerdo (los Estados lo han aprobado ya por mayoría) se ratificaron este martes en el Parlamento Europeo. Ese mecanismo permitirá intervenir en el caso de subidas de importaciones o caídas de precios en el mercado europeo de productos especialmente sensibles, como la carne de ternera, el pollo, los huevos, el azúcar o los cítricos.

En cuanto al rechazo a la nueva PAC para el periodo de 2028 a 2034, los agricultores cuentan con el apoyo del Gobierno español e incluso el Tribunal de Cuentas Europeo ha mostrado alguna crítica. En la propuesta inicial de la Comisión Europea, el presupuesto asignado para la agricultura y la pesca es de 302.000 millones, lo que supone un recorte superior al 20% respecto al actual programa. Tras esta propuesta, el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró en septiembre que la nueva PAC “no constituye un instrumento adecuado de apoyo a los agricultores, ganaderos y pescadores” y, por lo tanto trabajará “muy activamente para conseguir reformarla”.

El martes, el tribunal europeo publicó un dictamen en el que avisa de que la propuesta del Ejecutivo comunitario puede aumentar la “incertidumbre” sobre la financiación disponible, “generar retrasos” en la puesta en marcha de las ayudas y provocar “disparidades” en su aplicación entre países. Por ello, el auditor de cuentas de la UE pidió: “La trazabilidad de los fondos debería garantizarse en las intervenciones basadas en hitos y objetivos”.