España y otros siete países presionan en Bruselas para defender “la piedra angular de la política climática” frente a las emisiones

La Unión Europea fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas industrias que expulsan más CO₂. Gracias a este modelo, muchos países europeos han dado la espalda al carbón y han impulsado las energías que no emiten, como la solar y la eólica. Pero este sistema ETS está ahora siendo cuestionado por algunos gobiernos, con el italiano a la cabeza, y por la ola de extrema derecha que recorre Europa, que tiene la lucha contra el cambio climático como uno de sus demonios.

Ocho países europeos, entre los que figura España, se han unido en defensa del sistema ETS. “Es la piedra angular de la política climática de la UE y es esencial para proporcionar las señales necesarias para fortalecer la industria europea e impulsar la descarbonización y la reindustrialización basadas en fuentes de energía domésticas, limpias y asequibles, garantizando al mismo tiempo la seguridad económica”, señala un escrito al que ha accedido Papallones que han suscrito, además del Gobierno español, los de Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos. “El ETS ha demostrado ser una herramienta eficiente y rentable”, añaden. De hecho, en estos más de 20 años de funcionamiento, además de desplazar en muchos casos a los combustibles fósiles, este modelo se ha extendido por otras importantes economías, como China, que ha creado el mayor mercado de derechos de emisión.

Sin embargo, el Gobierno de la italiana Giorgia Meloni lleva semanas atacando a este sistema ETS y, con motivo del conflicto con Irán, ha solicitado una suspensión temporal para la generación eléctrica. Por su parte, Alemania también ha pedido una revisión de este sistema de comercio de emisiones y más derechos gratuitos de emisión para varias industrias.

Frente a estas voces, y para elevar el tono de su defensa, los primeros ministros y presidentes de cinco de estos países —Dinamarca, Finlandia, Portugal, España y Suecia— han enviado otra carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que también defienden este instrumento. Los mandatarios, entre los que figura Pedro Sánchez, también califican el ETS como “la piedra angular de la estrategia climática e industrial de Europa”. “Durante más de dos décadas, ha evolucionado hasta convertirse en un mercado estable y predecible que proporciona las señales de precios a largo plazo necesarias”, explican los mandatarios de estos países. “Una fijación robusta de precios del carbono es indispensable para la transformación industrial de Europa”, añaden.

Pero también advierten de que “los intentos de debilitar, suspender o reducir el ETS socavarían la confianza de los inversores, penalizarían a los primeros en moverse, distorsionarían las condiciones de juego igualitarias y ralentizarían la transformación de nuestras economías”.

Los dos escritos, el impulsado por los ministros de Clima y Energía de ocho países mencionados como la carta de los cinco presidentes y primeros ministros, llegan a las puertas del próximo Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas el 19 y 20 de marzo. Antes de que Estados Unidos e Israel atacarán Irán este punto ya estaba previsto en el orden del día, pero ahora esto ha ganado protagonismo. Ahí la presidenta de la Comisión Europea tiene previsto plantear a los líderes de la UE una serie de medidas para contener los precios de la energía.

No obstante, Ursula von der Leyen ya dejó ver por dónde van sus planes en el Parlamento Europeo. En Estrasburgo defendió el sistema de ETS porque sin él “la UE sería mucho más dependiente” de fuentes fósiles, como el gas. Llegó a cuantificar que sin este mecanismo se consumirían 100.000 millones más de metros cúbicos de gas natural. Aunque no se mostró inmovilista: “Hay que modernizarlo”. Esta frase coincide con el hecho de que este año está prevista una revisión del funcionamiento del sistema actual y que, por ahora, está suspendida la entrada en vigor del sistema en el transporte marítimo.

Será en esta revisión y las medidas que de ella se puedan desprender donde, probablemente, habrá debate entre los Estados miembros. Y ahí también hay que situar este non-paper, como se conoce a este tipo de documentos en la UE, firmado por los ocho países europeos en el que el alza de precios energéticos ligados a la guerra con Irán han situado al sector energético en el centro del debate.

“El próximo Consejo Europeo ofrece una oportunidad crucial para reafirmar nuestro compromiso colectivo con la ambición climática y con los instrumentos que lo hacen posible”, sostiene el escrito de los primeros ministros. Añaden, además, la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles. “El acceso limitado de Europa a los recursos fósiles y su exposición a presiones geopolíticas hacen de la descarbonización un imperativo económico”, expone el escrito. “Reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles fortalece nuestra resiliencia, reduce los costes estructurales de la energía y mejora nuestra autonomía”, recalcan. “La descarbonización no es solo una estrategia climática, es una estrategia de competitividad”.

El sistema incluye el reparto de derechos gratuitos, que reciben determinadas industrias para que puedan seguir emitiendo sin ser penalizadas económicamente. Alemania, que tiene sectores muy dependientes todavía de los combustibles fósiles, ha abogado por ampliar esa asignaciones gratuitas. Pero la tendencia de los últimos años ha sido la de ir reduciéndolas precisamente para hacer cada vez menos atractivo apostar por los combustibles fósiles, que son los principales responsables del cambio climático. “Una eliminación progresiva de la asignación gratuita es imprescindible para garantizar incentivos a la industria para hacer la transición y descarbonizar la economía, preservando al mismo tiempo su competitividad”, sostienen los primeros ministros de los cinco países mencionados, que no se cierran a ajusten del modelo, pero sin “comprometer la integridad ni la previsibilidad del sistema”.