Sin lobos nuestra existencia será de peor calidad

Durante el siglo pasado, los lobos ibéricos desaparecieron de inmensas regiones de España. No se extinguieron por sí solos, los eliminamos nosotros. En el sureste se perdieron hacia 1930, con los últimos lobos que abatimos en la sierra de Baza, las Alpujarras y la Sierra Nevada. Casi al mismo tiempo ocurrió lo mismo en Catalunya, donde en 2025, tras casi un siglo de ausencia, han vuelto a reproducirse ejemplares de la subespecie italiana traídos desde Francia. En la Comunitat Valenciana se extinguieron hacia 1950. En Andalucía y Extremadura, a finales de los 90, lo que significó la desaparición de los últimos lobos del sur, animales con características ecológicas únicas y posiblemente con vestigios genéticos de los lobos levantinos, sugeridos como subespecie por el naturalista Ángel Cabrera a principios del siglo XX. Solo el norte de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid han experimentado una tímida recolonización en las últimas décadas, gracias a ejemplares ibéricos provenientes del noroeste —Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León— donde la especie nunca dejó de estar presente, aunque con períodos de mayor o menor persecución, cambios significativos en su distribución y reducciones en su abundancia territorial.

Esta disminución en su área de distribución histórica fue uno de los motivos que impulsaron la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies con Régimen de Protección Especial (LESRPE) en 2021, cuatro décadas después de que comenzaran las primeras campañas por la protección del lobo en la década de 1980, con pioneros como Félix Rodríguez de la Fuente o José Antonio Valverde.

No es un problema económico, muy lejos desde luego de cifras “espeluznantes”

Solo cuatro años después, en marzo de 2025, durante el trámite parlamentario de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, el PP presentó enmiendas a ciertas disposiciones de la ley con el fin de excluir al lobo del LESRPE, contando con el respaldo de Vox, Junts y PNV para su aprobación. En las semanas siguientes a esta acción llevada a cabo al margen de cualquier norma de conservación de la naturaleza y que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, los gobiernos de Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja anunciaron planes para eliminar ejemplares. Las dos primeras, con la aprobación de la muerte de 94 animales en conjunto, son las comunidades que más agresivamente implementan estos eufemísticamente denominados “planes de control”.

Frente a esta persecución impulsada por algunos gobiernos autonómicos, diversas organizaciones han lanzado una serie de acciones legales, destacando la campaña promovida por el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, así como entidades como WWF, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico o Ecologistas en Acción, con el respaldo de numerosas instituciones distribuidas por todo el territorio. Como resultado de este esfuerzo, respaldado ampliamente por la sociedad, se dictó una medida cautelar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspende las resoluciones aprobadas por el Gobierno gallego, siendo este el único tribunal que consideró los criterios científicos presentados en los recursos presentados por distintas organizaciones en todas las comunidades que han iniciado planes de eliminación de lobos. Es positivo que el TSXG haya adoptado la medida cautelar, al reconocer adecuadamente el impacto que la muerte de lobos en Galicia tendría sobre los núcleos en la vecina Portugal, dado que la población de lobos compartida entre ambos países debe considerarse como una única población de la subespecie ibérica.

En junio de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica divulgó los hallazgos del censo 2021-2024, un informe que España debe elaborar para renovar el estado de conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats. El censo, construido con la información suministrada por las comunidades autónomas, arroja un total de 333 grupos reproductores de lobos en todo el territorio español, con un aumento mínimo en comparación con el censo 2012-2014 —solo un 12% más— y un ligero crecimiento en su extensión geográfica. Al agregar las 60 manadas registradas en Portugal, la población ibérica, con ligeramente menos de 400 manadas en conjunto, todavía no alcanza los 500 grupos que se establecen como la población mínima para garantizar la viabilidad genética, según un estudio encargado por la Comisión Europea a la Iniciativa para los Grandes Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

En enero de 2026, la IUCN, en su actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas, clasificó al lobo ibérico en la categoría de “vulnerable”, una evaluación respaldada por un informe elaborado por un equipo científico de primer nivel.

Podríamos seguir citando datos que revelan el frágil estado de conservación de la especie en España —y Portugal, cuya población está protegida desde 1988 pero depende de la conexión con los grupos españoles—, o bien destacar la devastadora influencia que los incendios del verano de 2025 tuvieron sobre numerosos núcleos de lobos en Galicia, Zamora y León, pero la verdad es que gobiernos autonómicos de distintas orientaciones políticas comparten la obsesión por eliminar lobos, desde el PP en Galicia, Cantabria, Castilla y León y La Rioja hasta el PSOE en Asturias o el PNV en Euskadi.

¿Los apenas 1.800 lobos que habitan en España representan un problema de tal magnitud como para sostener esta tensión política? Veamos los números.

A pesar de la dificultad para acceder a datos oficiales de las propias comunidades autónomas, estimamos que los daños compensados por los gobiernos con presencia de la especie en sus territorios por ataques al ganado oscilan entre ocho y 10 millones de euros anuales. Un país como España, recordemos, cuarta economía europea, puede sufragar esa inversión para mantener y conservar una población sana de lobos, si consideramos los servicios ecosistémicos que aporta la presencia de depredadores y el valor intrínseco de la conservación de la fauna.

No en balde, el Ministerio para la Transición Ecológica destinó durante los años de protección del lobo una partida anual de 20 millones de euros a las comunidades autónomas con presencia de lobos, destinada a compensar los daños a la ganadería y aplicar medidas preventivas, pero estas comunidades han llevado a cabo tales acciones con extrema reluctancia. Parece que mitigar y recompensar los perjuicios que padecen algunos ganaderos no constituye una prioridad.

Matar 100 lobos es un acto de populismo rural que ignora el conocimiento científico y los principios éticos

Porque la realidad es que este caos en torno al lobo no es un asunto económico, muy alejado claramente de cifras “espeluznantes”, como señalaron los consejeros de varias comunidades reunidos en Santander el 30 de enero en una comparecencia para presionar al Ministerio para la Transición Ecológica, que ha mantenido su alineación con la evidencia científica. Los lobos se han transformado en un foco de confrontación impuesta, al igual que los menores extranjeros no acompañados y los inmigrantes; los lobos son tratados como los “okupas” del campo. Y en ese contexto, estrategias electorales manipuladoras en regiones como Asturias y Cantabria, buscando captar el voto rural amid crecientes y alarmantes señales de radicalización, llevan a decisiones como eliminar a casi cien lobos, incluyendo hembras embarazadas o con crías recién nacidas. Matar cien lobos, como ya ocurrió en los montes asturianos y cántabros, es un acto de populismo rural que ignora el saber científico y la ética. Se debe exigir a los gobiernos políticas que armonicen las actividades humanas con la conservación del entorno natural, políticas que prioricen la prevención de daños —mediante el uso de perros de guarda, la protección del ganado y la implementación de nuevas tecnologías— y campañas de sensibilización. En épocas de desinformación donde incluso las pruebas climáticas son cuestionadas cada vez más, nada resulta más peligroso que dejarse arrastrar por corrientes que desafían el conocimiento científico.

Podemos sobrevivir sin lobos. Lo haremos peor, pues los lobos desempeñan un rol esencial en los ecosistemas y encarnan valores culturales profundos. Sin embargo, probablemente podríamos sobrevivir sin ellos, como estuvimos a punto de hacerlo sin linces, y como quizás lo hagamos en pocos años sin urogallos, salmones y anguilas, especies al borde de la extinción si no se adoptan medidas urgentes de conservación. Pero somos muchos los que no deseamos vivir sin ellos ni con una población de lobos confinada a islotes, sometida al capricho político de dispararles para ganar unos pocos votos.