Recordar siempre la dictadura más cruel.

El 24 de marzo los argentinos recordamos otra conmemoración del comienzo de la dictadura militar más reciente. Han transcurrido 50 años desde aquel día fatídico que provocó una lesión honda y penosa en la comunidad argentina.

¿Es bueno recordar o es preferible olvidar? Saber lo que ocurrió y cómo ocurrió no es un ejercicio masoquista para volver a tener presente al horror, es una práctica indispensable para prevenir la eventual reiteración de hechos semejantes, es una muestra de empatía hacia quienes padecieron crueles sufrimientos o aún lloran a sus seres queridos, y es un modo de fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos y la democracia.

El periodo iniciado en 1976 no constituyó la dictadura inaugural que sufrió Argentina. Los hechos arrancaron el 6 de septiembre de 1930, a través del levantamiento primigenio comandado por el general José Félix Uriburu. Desde entonces, se estructuró una agrupación militar oculta, un componente de autoridad que arbitraba el quehacer político y que, ante el desarrollo de las vivencias democráticas (que se dieron en diferentes momentos y con variados colores políticos), se convertía en “el custodio de los valores de la moral occidental y cristiana”, la “reserva moral del país”. Se definían como “profesionales”, “incorruptibles”, impulsados solo por el anhelo de “servir a la patria”. Un integrismo vulgar que sumergió al territorio en medio siglo de bochornosas rupturas del orden legal, con su secuela de recortes a la libertad, censuras, exiliados y restricciones de todo tipo.

Pero sin dudas la dictadura que se estableció en 1976 fue la más cruel, sanguinaria y salvaje que padeció Argentina. Desde la década de los 60, pero especialmente a partir de los 70, el país vivió una ola de violencia sin precedentes. Es cierto que diferentes organizaciones armadas, de distintas ideologías, peronistas, trotskistas, nacionalistas, cometieron hechos delictuosos, copamientos de cuarteles o comisarías, secuestros extorsivos, robos de bancos y homicidios de personal militar, de seguridad y de civiles. Sin embargo, aunque la capacidad operativa de estas organizaciones había disminuido considerablemente en 1976, los militares derrocaron al gobierno democrático esgrimiendo como un motivo acabar definitivamente con la “subversión”.

Aquel combate contra el terrorismo produjo una situación contradictoria: por una parte, existían marcos legales para el castigo penal de dichos actos, con procesos ante cortes militares o civiles, pero paralelamente funcionaba la verdadera represión, que era sombría y oculta. Los líderes castrenses, en cada una de sus ramas, instruyeron una táctica criminal centrada en el secuestro de sospechosos de terrorismo, su tortura atroz para conseguir datos, su reclusión en condiciones de vida deplorables y, finalmente, en bastantes casos, su asesinato directo. Además, por el control absoluto concedido a los captores, las mujeres sufrieron abusos sexuales sistemáticos, se robaron las pertenencias de los detenidos e incluso se quedaron con los recién nacidos de las madres en cautiverio. Todo se mantuvo en la más profunda reserva; el propio Estado proporcionaba falsedades a los jueces que pedían informes sobre los prisioneros, se engañaba a las familias que indagaban por el paradero de sus seres queridos, se mentía a la prensa que buscaba noticias y se daban respuestas falsas a los gobiernos de otros países interesados en la situación de sus ciudadanos.

La realidad indiscutible que ilustra la dureza de este periodo es el surgimiento de un significado distinto para el término “desaparecido”. Debido a la presencia cotidiana de militares en la vía pública, careciendo de derechos fundamentales y libertad de expresión, la discusión colectiva quedó anulada. A este escenario se añadió una gestión económica deficiente que provocó niveles de inflación sin precedentes, un aumento descontrolado del endeudamiento externo, un desplome histórico de la producción fabril y el derivado panorama de desocupación y exclusión social. Aquel tiempo consistió en siete años de una sombra humillante que culminó de forma dramática con la guerra del Atlántico Sur, legítima en cuanto a la demanda de soberanía sobre las Islas Malvinas pero imposible de sostener en términos bélicos.

Toda esa herida a cielo abierto fue la pesada herencia que dejó la dictadura militar.

No era fácil la decisión que debía tomar la democracia recién recuperada respecto de los crímenes de la dictadura. El primer objetivo de un gobierno de transición es tratar de asegurar la consolidación democrática, para lo cual debe evitar colocarla en riesgo cuando los autores de graves delitos se encuentran en actividad y al mando de tropas. Por eso, lo normal, lo esperable, es que en la Argentina no hubiera pasado nada, que se mantuviera la vigencia de la ley de amnistía que habían dictado los militares antes de dejar el poder.

Raúl Alfonsín tuvo la enorme intuición y la audacia de promover la averiguación de la verdad y el enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes cometidos. Un hecho inédito sin precedentes en el mundo. La Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) fue la primera comisión de la verdad y en pocos meses elaboró un informe que comenzó a develar la sistematicidad y la magnitud de lo ocurrido.

Posteriormente, el juicio a las juntas militares, llevado a cabo en un periodo asombrosamente corto, en un juicio oral y público donde brindaron testimonio más de 800 declarantes, sentenció a los integrantes de las dos primeras juntas militares por haber dispuesto la estrategia criminal que resultó en la desaparición de miles de personas.

No hay fórmulas preestablecidas sobre cómo enfrentar los horrores del pasado. Se discute si es mejor olvidar para reconciliar las divisiones dentro de la sociedad, si alcanza con descubrir la verdad, o si es necesaria la justicia. A mi entender, la intervención de la justicia y la aplicación de sanciones a los responsables es la mejor manera de reparar las heridas. Las sentencias de los tribunales otorgan valor oficial a los hechos, las eventuales condenas no sólo imponen una pena al responsable, sino que expresan el repudio social a los hechos cometidos; a la vez, las víctimas encuentran una respuesta estatal a sus padecimientos que reparan en parte su dolor.

El descubrimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables ha permitido que la recuperación de la democracia en Argentina se hiciera sobre la base del imperio de la ley, del Estado de Derecho y que naciera un extendido consenso acerca de que ciertas cosas no podían volver a repetirse, las dictaduras militares, la violación de derechos humanos, la violencia como forma de acción política y, a la vez, revalorizar la importancia de la democracia, el respeto a las ideas de todos.

En épocas complejas, donde surgen manifestaciones que menosprecian los principios del pluralismo y los derechos humanos, conmemorar los 50 años transcurridos desde la última dictadura y las crueldades perpetradas debe impulsarnos a seguir consolidando ese extraordinario proyecto común llamado democracia, el sistema exclusivo que nos permite coexistir en libertad e igualdad.