Los que no se rinden: abogados, madres y activistas en la lucha por los presos políticos en Venezuela

“¿De quién es este preso?”. Con esa pregunta han iniciado sus gestiones en los últimos años los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, al frente de la ONG Foro Penal. La organización ha defendido a más de 14.000 perseguidos, presos políticos y familiares de los asesinados en las primeras protestas contra el chavismo, las del 11 de abril de 2002. En su despacho se guarda parte de la memoria de dos décadas de violencia política y deriva autoritaria, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta dejar atrás, presionada por la intervención militar del 3 de enero en la que su antiguo jefe, Nicolás Maduro, fue sacado del poder.

Un contingente de defensores como ellos —algunos abogados, otros no— ha estado en la primera línea del conflicto venezolano en los últimos años. Contienen a las víctimas, defienden, acompañan —incluso en noches de vigilia sobre una colchoneta—, verifican liberaciones, las celebran y también las denuncian. En 2026 no han dejado de trabajar ni de mirar el teléfono. El anuncio de excarcelaciones hecho por el Gobierno a principios de enero ha derivado en la liberación de 673 personas, según el balance presentado este jueves por Foro Penal. Pero aún quedan 508 detenidos: 54 mujeres, 179 militares y 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Desde el Parlamento aseguran que se han otorgado 6.071 libertades plenas con la ley de amnistía, pero nadie ha presentado listados que permitan verificarlo.

Los expedientes de presos políticos que lleva Foro Penal ocupan dos de los tres enormes archivadores que se mueven con una palanca en su oficina. Cuando Romero y Himiob hablan de su trabajo, trazan un mapa que va desde los vericuetos de la justicia venezolana de los primeros años del chavismo hasta el callejón sin salida en que se ha convertido hoy. “Es un laberinto kafkiano de la represión”, describe Romero. “La gente está sometida a un proceso que no sabe cuándo termina ni de qué se trata”.

El abogado recuerda que cuando defendió a algunos familiares de los asesinados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —un caso que llegó recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos— todavía existía cierto respeto por las formalidades judiciales, incluido el derecho a la defensa. Fue ahí cuando conoció a Himiob. “Luego comenzó a restringirse el sistema de justicia penal hasta que llegamos al caso de la jueza María Lourdes Afiuni —a quien Hugo Chávez ordenó apresar por aplicar la ley y liberar a uno de sus enemigos políticos—. Desde entonces, ningún juez volvió a tomar una decisión sin consultar al Poder Ejecutivo”.

En 2014, el primer año de Maduro en el poder, comenzó el alud de detenciones. Apenas se contaban 11 presos políticos. Una década después, el número llegó a superar los 2.000, mientras la degradación del sistema judicial incluyó la negación de la defensa privada, la desaparición de detenidos y el ocultamiento de expedientes.

Entre escritorios y gruesos libros de derecho administrativo, una esquina del despacho de Foro Penal ha sido colonizada por osos de peluche. Esta pequeña área de juegos habla de la transformación que ha vivido el trabajo de estos abogados. El timbre de la oficina no deja de sonar y las esposas, madres, hijas y hermanas de presos políticos —que en su búsqueda de justicia también cargan con sus hijos— se han convertido en sus principales interlocutoras.

Foro Penal se ha convertido en una red de 400 abogados voluntarios en todo el país y cinco mil defensores activos que rastrean información en tribunales y cárceles. Eso les ha permitido llevar un registro detallado de 19.000 personas detenidas por motivos políticos en casi dos décadas.

Cuando a las defensas privadas ya no se les permitió litigar, la ONG documentó en un manual de litigio estratégico las claves para navegar en un sistema judicial viciado. “Que una persona salga en libertad no depende solo de que hagas bien tu trabajo como abogado”, explica Himiob. “También influyen lo mediático, la protesta pacífica, el factor político y las acciones internacionales”.

“Desde 2024 no nos permiten acceso a tribunales ni litigar”, agrega Romero. “Entonces nos propusimos dar asistencia a los familiares para que pudieran actuar ante distintas instancias: qué decir, qué no decir y qué documentos debían llevar”.

Sobre todo, es clave saber qué actor político es el “dueño” del preso: es decir, si fue el presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde quien ordenó la detención. Para ellos, esa lógica evidencia la pérdida total de independencia judicial. Algo que, aseguran, la ley de amnistía aún no ha cambiado.

Protesta y vigilia

Diego Casanova estuvo preso cuando apenas comenzaba la universidad. Era uno de los dirigentes estudiantiles que en 2014 levantaron campamentos de protesta contra el Gobierno de Maduro, desmantelados una madrugada por el entonces ministro Miguel Rodríguez Torres, ex preso político y hoy exiliado en España.

Una década después, con un megáfono y una bandana en la frente, se ha convertido en una de las caras más visibles —y quizá más queridas— entre los centenares de familiares de presos políticos. Del Helicoide al Rodeo, de Yare a Tocorón o Tocuyito, ha dormido más de una vez frente a esas cárceles para acompañar a las familias que desde enero hacen vigilia para exigir la liberación de los detenidos.

Desde una colchoneta en la calle frente a la Zona 7 de la PNB, donde pasó la noche, responde la entrevista. “Me terminé de involucrar en esto cuando detuvieron a mi hermano después de las elecciones de 2024”. No estaba protestando. Iba camino al trabajo cuando atravesó un punto de control de colectivos armados y terminó en un calabozo.

“Cuando llegué a los tribunales recuerdo que estaban llenos de gente. Ahí entendí que mi hermano era parte de la represión masiva de esos días”.

Con apenas 30 años es uno de los coordinadores del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), creado poco antes de las elecciones de 2024 para visibilizar la situación de centenares de detenidos que eran prácticamente nombres olvidados, cuando aún no pasaban de 400 los presos políticos registrados.

“No sabíamos lo que iba a venir con el 28 de julio”, comenta. Tuvieron que organizarse para marchar a las instituciones de justicia y hacer vigilias en las cárceles para mantener la causa en la agenda política. Eran las únicas protestas que ocurrían mientras la represión se intensificaba.

“Por primera vez escuchaba historias de tantas personas de tantos lugares del país a las que se les habían llevado a un familiar. Eso me hizo entender que lo que estaba pasando era grave, con gente que ni siquiera tenía que ver con la política”, dice.

“¿Y qué podía hacer uno ante eso?”, se preguntó entonces. “Lo único que sé hacer es esto: hablar, luchar, pelear, ayudar, hacer una pancarta, grabar un video y publicarlo para denunciar lo que está pasando”.

Su hermano estuvo en una cárcel donde le daban comida descompuesta. Cada denuncia que hacía Casanova lo enfrentaba a un dilema que compartían otros miembros del comité. “Yo denunciaba las condiciones de reclusión y luego recordaba que mi hermano seguía preso y que eso podía afectarlo”.

Con cada liberación también aparecían sentimientos encontrados: la alegría por quienes salían y el dolor por quienes seguían dentro. La detención de su hermano terminó siete meses después, pero el activismo de Casanova no se detuvo.

Su vida cambió tanto que comenzó a pasar sus cumpleaños con los familiares de presos políticos. “Creo que una gran victoria de nuestro trabajo es que logramos sacar esto del olvido y convertirlo en un tema de interés nacional e internacional”, dice. “Tengo que seguir”.

Perdón o chantaje

Martha Tineo le prometió a Ermilendris Benítez presentarles a sus dos perras cuando salga en libertad. Este es uno de casos más duros que han dejado los años de represión del chavismo. A la mujer la detuvieron cuando hacía una carrera de taxi con su novio —y su perrita Azabache— y dos pasajeros en un punto de control policial en Portuguesa. Sin orden los requisaron y apresaron. Los metieron en un carro y en algún momento los policías lanzaron a la perra por una ventana mientras rodaban, cuenta la abogada desde su casa, rodeada de Lola y Lupe.

La representación legal de este caso la lleva Foro Penal, pero su historia —y el horror que contiene— ha estado en la voz de muchos activistas. Ermilendris estaba embarazada cuando la apresaron. Las torturas que recibió en la cárcel le provocaron un aborto espontáneo. “La acusaron de magnicidio (por un atentado con un dron contra Nicolás Maduro ocurrido durante una parada militar en Caracas) una palabra que ella ni sabía que existía”.

La magnitud de la represión vivida en los últimos años hace que Tineo vea con mucha cautela el proceso de reconciliación que el Gobierno ha decidido abrir en este momento con la aprobación de la ley de amnistía. “Se manipula y se chantajea cuando se habla del perdón. El perdón no significa renunciar a la justicia, porque la impunidad no hace que un proceso de paz sea sostenible”, dice la abogada que fundó Justicia Encuentro y Perdón con Rosa Orozco, madre de una de las estudiantes asesinadas en las protestas de 2014. “Cuando superemos este tutelaje, nuestra aspiración es que venga un proceso de justicia transicional desde la centralidad de las víctimas y no desde lo política que quiere pasar todo esto rápido. Si eso no ocurre vamos a estar condenados a repetir ciclos de violencia”, dice con preocupación.

Durante un encuentro con víctimas durante las consultas de la ley, Tineo tomó la palabra. Su intervención, grabada por las mujeres que llenaron un auditorio de la Asamblea Nacional, corrió por las redes sociales. Se hizo viral como la defensora señaló a los parlamentarios la revictimización a la que estaban sometiendo a quienes supuestamente querían escuchar. Ahí planteó lo que todavía sostiene, desde su experiencia como abogada especializada en derechos humanos y su formación en la metodología de las escuelas del perdón y la reconciliación creadas a partir del conflicto armado colombiano. “La amnistía es una reconciliación vacía y hueca si no pasa por el reconocimiento del daño y por reestablecer la verdad. Por ahora las víctimas son tildadas de delincuentes a los que se les está dando clemencia soberana, como dice la ley”. Tineo dice que no hace falta una ley ni que las ONG y las víctimas hagan listas para liberar a quienes están detenidos injustamente.

“Las listas las tienen ellos. Tú eres el que controla los tribunales, fiscales, las policías y las cárceles. El Gobierno es el que sabe cuántos son”. En sus listas más de 360 personas podrían salir si se cumple el Código Penal que establece que nadie puede estar preso más de dos años sin juicio. También los que están gravemente enfermos que deben recibir medidas humanitarias. En el proceso de amnistía que no termina de cumplir un mes ya empiezan a documentar la discrecionalidad con la que se aplica: solicitudes de amnistía que entran en la ley por el tiempo y los delitos han sido rechazadas, casos en los que hay varios acusados y unos la reciben y otros no. “Gloria a Dios por los que están saliendo, pero cuando esto pase sabremos con cuántos presos nos quedamos, los que tienen años abandonados en esos depósitos de gente”.

Lo que el 3E descubrió

En el grupo de Whatsapp que da cuerpo al Comité de Madres en Defensa la Verdad circulan estos días sin parar las fotos de muchachos, sonriendo con las copias de sus actas del sobreseimiento de sus casos logrado a través de la amnistía. Este grupo, que comenzó con dos o tres familias y llegó a casi 200 se activó luego de las elecciones del 28 de julio de 2024. Martha Lía Grajales y Antonio González venían defendiendo a trabajadores judicializados por el chavismo y a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales en barrios pobres, a través de la organización Surgentes. El pico de represión los llevó a cargar con gran parte de los 2.400 jóvenes presos durante las protestas en contra el fraude electoral que Nicolás Maduro consumó ese día en el que muchos de los detenidos votaban por primera vez. Año y medio después, han podido confirmar la liberación de los últimos detenidos poselectorales concretada en las últimas semanas.

Pero hace siete meses, la lucha por la excarcelación de los poselectorales tuvo que dirigirse a los propios defensores. Grajales fue arrestada, días después de ser agredida por colectivos en una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia. En el ataque le robaron el teléfono y la seguridad del grupo de Whastapp que unía a víctimas de todo el país, todas de bajos recursos, quedó quebrada. “Así golpearon un proceso organizativo lindo y poderoso, un proceso de fuerza”, dice Grajales, de las primeras que ha recibido la amnistía. El celular fue usado como evidencia en la audiencia en la que la acusaron de conspirar y otros delitos. La presión hizo que Grajales, de nacionalidad colombiana y abogada de profesión, estuviera presa solo cinco días.

Para los defensores de derechos humanos, que desde hace 18 años además son pareja, el 3 de enero ha quitado el velo del miedo a una situación mucho más grave de lo que imaginaban. El trabajo apenas comienza con la ley de amnistía. “No por la ley que excluye, sino por el contexto que ha creado”, aclara el sociólogo Antonio González. Sus esfuerzos se centran ahora en que nadie invisible quede por afuera.

Hace poco denunciaron las detenciones arbitrarias de cerca de 100 campesinos acusados de ser tancol, el acrónimo de “terroristas colombianos” que inventó el Gobierno de Maduro para perseguir a grupos irregulares en Venezuela, un saco en el que ha caído cualquiera. “Los acusan de terrorismo y lo que son es campesinos de pueblos perdidos”, dice González.

Para los activistas, seguir trabajando por la libertad de presos es una parte de una enorme agenda de derechos humanos que Venezuela tiene por delante, para lo que será necesario tener un Gobierno que no esté legitimado únicamente por Estados Unidos. “El compromiso de no repetición es crucial y eso implica la modificación de las condiciones que hicieron posible que eso ocurriera y eso tiene que ver con la calidad democrática y la pérdida de soberanía nacional, porque actualmente no somos una República, sino un protectorado de Estados Unidos. Tenemos que recuperar Constitución, porque en los últimos 10 años hemos vivido en un estado de excepción de facto”, sentencia González.