Las mujeres de Costa Rica pierden la paz ante el aumento de los feminicidios: “El Estado no ha cumplido con su deber”

Costa Rica se ha vuelto un país más peligroso para las mujeres en el último lustro. En 2020, la nación alcanzó los 30 feminicidios y, desde entonces, la ola de asesinatos no ha mermado, llegando a un máximo histórico de 40 muertes en 2024. El 2026 está siendo particularmente violento: en solo dos meses y medio, nueve mujeres han sido víctimas de este crimen. Los nombres de María Emilia, Xinia, Adriana, Florencia, María, Iris, Seiry, Karol y Yesenia encarnan una crisis que el Estado no ha sabido atender.

En paralelo a estos nuevos hechos, en los tribunales de justicia se hacen manifiestos los extremos cruentos a los que puede llegar la saña. El caso de Nadia Peraza —una joven de 21 años desaparecida y asesinada por el padre de su hija a inicios de 2024— ha captado la atención mediática por la extrema crueldad de la tortura a la que fue sometida. “La patóloga forense dijo que, en 19 años de trabajar en el Poder Judicial, nunca había visto algo como esto”, cuenta Joseph Rivera, abogado de la familia de Peraza.

En el caso de Peraza —actualmente en juicio y con miras a dictar sentencia este mes— se acusa al agresor, Jeremy Buzano, del delito de femicidio (el término usado por la justicia costarricense) calificado, según lo define la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esta legislación, vigente desde 2007, permite buscar penas más severas si el agresor mantenía “una relación de pareja, incluyendo matrimonio, unión de hecho, noviazgo o relaciones convivenciales” con la víctima. El abogado espera que el acusado reciba la pena máxima en Costa Rica: 50 años de cárcel.

Rivera, sin embargo, considera que el Estado “le falló” a Nadia Peraza: “Un tío de Nadia presentó la denuncia en marzo de 2024 y, a pesar de que existe el protocolo para mujeres desaparecidas, pasaron tres meses hasta que realizaron los allanamientos. Ella incluso tenía dos denuncias contra Jeremy Buzano por violencia doméstica; vemos cómo el sistema ha sido permisivo con los femicidas y los agresores”.

Trabas burocráticas

En Costa Rica existe el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, que opera bajo la rectoría del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Entre sus funciones está dictaminar cuándo la muerte de una mujer se registra oficialmente como feminicidio. “Hay toda una normativa y, aunque pueda parecer que un caso es obvio, este tiene que seguir una metodología”, explica Marcela Vindas, investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional.

La subcomisión encargada de estos casos está conformada por funcionarios públicos que tienen otras responsabilidades, por lo que, según Vindas, “no necesariamente va a poder funcionar en el momento en que ocurre una muerte”. “Creo que necesitamos reflexionar sobre cómo mejorar este sistema”, añade la investigadora.

Papallones contactó al despacho de la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga, pero la funcionaria se encontraba en una gira internacional y no pudo atender las consultas antes del cierre de esta edición.

Más allá de la burocracia, voces expertas señalan fallos estructurales. “El Estado costarricense no ha cumplido con su deber; no ha hecho todo lo que puede para prevenir la violencia, reparar a las víctimas y tomar acciones para que estos casos no se repitan”, asevera Larissa Arroyo, abogada especializada en Derechos Humanos. Arroyo matiza que su crítica no va dirigida a funcionarios individuales, sino a un sistema que no les brinda “las herramientas para hacer su trabajo”.

Mariana Mora, subdirectora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, añade que la menor “inversión social” de los últimos gobiernos ha limitado a las instituciones. “¿A quiénes se dirigen estos programas sociales afectados? Principalmente a las mujeres y la niñez. Esto incide en que las mujeres estén en condiciones más precarias y que, muchas veces, deban quedarse en la casa de su agresor por falta de alternativas”, apunta la socióloga.

Las académicas consultadas coinciden en que la violencia machista que mata en los hogares está conectada con una mayor aceptación social de la misoginia en la esfera política. Gabriela Arguedas, filósofa e investigadora de la Universidad de Costa Rica, asegura que hace unos 15 años empezó a formarse un “movimiento político antidemocrático, con una narrativa misógina como punta de lanza”.

“Estos grupos, vinculados al fundamentalismo religioso, posicionaron un mensaje contra los derechos de las mujeres. Ahí es donde veo que se transforma el discurso público y se legitima el odio, con una narrativa contra el feminismo”, explica Arguedas. Para la filósofa, ese mensaje “ganó adeptos” porque conectó con una “misoginia latente que salió a la superficie con poco esfuerzo, en un clima de enorme resentimiento social y desigualdad, sobre todo en hombres jóvenes que aprendieron a culpar al feminismo de sus dificultades”.

Arroyo coincide en que existe un “proceso de naturalización de la violencia de género” y señala que no es casualidad que el aumento de los feminicidios coincida con retrocesos como la derogación de la norma técnica de aborto terapéutico por parte del presidente Rodrigo Chaves. “No olvidemos que el presidente fue sancionado cuando era funcionario del Banco Mundial por hostigamiento sexual. Además, tenemos a un diputado electo del oficialismo, José Miguel Villalobos, que defendió como ‘normal’ la relación entre un hombre de 55 años y una menor de 16 en un juicio”, añade la abogada, en referencia a un caso defendido por el congresista, quien también es abogado del mandatario.

Reparación para las víctimas

En 2022 comenzó a regir la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, que estableció un fondo económico y acompañamiento especializado. “Fue una iniciativa de familiares de víctimas que presionaron al Gobierno del entonces presidente Carlos Alvarado”, apunta Mariana Mora.

Sin embargo, al iniciar la Administración de Rodrigo Chaves, este fondo quedó congelado bajo el argumento de falta de presupuesto. “La ley garantiza un acompañamiento gratuito que las familias, en ese contexto de duelo profundo, necesitan desesperadamente”, continúa la experta.

El abogado de la familia de Nadia Peraza enfatiza que el Estado debe reparaciones por el sufrimiento de los padres. “A la niña de cuatro años ya se le olvidó que tenía mamá y papá; cree que sus abuelos son sus padres biológicos. Doña Marilyn (la madre) tiene pesadillas frecuentes, según narró en su testimonio”, asegura Rivera. Al ser un caso de 2024, la familia puede buscar compensación, pero para casos anteriores la atención no estaba estipulada.

Tras la muerte de su hermana Marianela en 2013, Jonnie Obando cuenta que recibió asistencia mínima, principalmente de psicólogos universitarios. Marianela fue asesinada por su pareja a los 33 años. El femicida, que ya tenía denuncias por agresión, se suicidó tras el crimen. “Ella era el pilar de nuestra familia. Dejó un hijo adolescente. A mi madre, que ya está muy mayor, nunca le dejó de afectar”, narra Jonnie. El tiempo ayuda, dice, pero las heridas se reabren: “Uno escucha este montón de asesinatos y se siente muy solo”.

Como parte de su doctorado, Mariana Mora elaboró una cartografía de feminicidios en Costa Rica: un mapa interactivo donde cada punto representa una historia. El periodo abarca desde 2017 hasta la actualidad, incluyendo ya los nueve puntos rojos de 2026. “Esta iniciativa busca humanizar los datos. Las familias no quieren quedarse solo con el horror; quieren recuperar quién era esa persona y cuáles eran sus sueños”, explica la investigadora.

Jonnie Obando, por su parte, ha preferido el silencio. Nunca ha buscado en Google la noticia de su hermana para evitar revivir el asedio mediático de aquel entonces. “Yo nunca voy a entender lo que pasó esa madrugada. Mi mamá me llamó y me dijo: ‘Su hermana se fue’. Recuerdo llegar al lugar, ver las tiras amarillas y, al fondo, el cuerpo de ella”. Para Jonnie, cada nueva cifra en las noticias es un recordatorio de esa herida que no cierra. “Siempre hay una fricción grande, una herida. Uno se siente muy solo ante tanta violencia”.