Ocho presidentes después: por qué la economía peruana resiste al caos político

En medio del caos político en el Perú, una reunión envió una señal de calma a parte de la población y a los mercados. Apenas dos horas después de asumir la presidencia, José María Balcázar, del partido de izquierda Perú Libre, se reunió con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), figura a la que se atribuye buena parte de la estabilidad económica del país pese a una década marcada por la inestabilidad política y ocho presidentes. El encuentro, de apenas media hora, terminó con fotografías de ambos estrechando manos y sonriendo. Desde el Ejecutivo señalaron que se realizó “en el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas”.

Lo que sorprende a los peruanos —y, sobre todo, a los observadores extranjeros— es que, pese a la sucesión de presidentes vacados, renuncias, exmandatarios presos o investigados por corrupción e incluso uno que se quitó la vida, la economía no solo se mantiene en pie, sino que crece.

En 2025 registró una expansión del 3,4%, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El dólar, aunque fluctúa, no ha experimentado saltos abruptos. “La estabilidad y la disciplina macroeconómica son condiciones indispensables para atraer inversión y sostenerla en el tiempo”, indicaba la ministra Denisse Miralles —quien, tras el cambio de gobierno, aún no sabe si continuará en el cargo—.

Existen dos pilares fundamentales que sostienen la macroeconomía en un país que cambia presidentes sin sobresaltos institucionales y cuenta con un Congreso que legisla con frecuencia por intereses particulares: la estabilidad fiscal, a través del control del gasto público, y la estabilidad monetaria, gracias a la continuidad, independencia y autonomía que la Constitución otorga al BCR. A ello se suma un contexto internacional favorable, con precios de exportación en niveles récord —como el cobre—, lo que fortalece la recaudación estatal.

Julio Velarde lleva casi 20 años al frente del BCR y ha sido ratificado por todos los presidentes que pasaron en ese periodo. “Con eso, la estabilidad monetaria está asegurada”, explica Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico. “Hay un banquero central y un equipo muy reputado, y eso da tranquilidad de tener una inflación baja y controlada”.

El país también cuenta con altas reservas internacionales —impulsadas en parte por las exportaciones récord del año pasado—, lo que explica la relativa fortaleza del sol frente al dólar. “Las reservas tienen un rol importante en defender la moneda y el sistema financiero. Si cualquier especulador internacional quisiera apostar contra la moneda, el Banco Central puede intervenir de inmediato”, añade Casas. El Perú es, además, una economía bimonetaria: los ciudadanos pueden tener cuentas de ahorro en soles o en dólares, y muchos comercios aceptan ambas monedas. En la práctica, se trata de una dolarización parcial que otorga flexibilidad. Esa estabilidad cambiaria facilita que los empresarios planifiquen e inviertan con mayor previsibilidad.

Por otro lado, la estabilidad fiscal ha sido clave para sostener el equilibrio macroeconómico. La adopción de reglas fiscales en los años 2000 —tras la hiperinflación de finales de los ochenta— fue determinante para institucionalizar la prudencia en el manejo de las cuentas públicas. “Instituciones que marquen hacia dónde debe orientarse la política fiscal, como la regla de que el déficit no debería superar el 1%, establecen una línea de convergencia y funcionan como referencia”, explica Daniel Barco, economista y consultor internacional. El objetivo es evitar que el Estado acumule deuda de manera sostenida y que el servicio de esa deuda se convierta en un factor de riesgo.

Sin embargo, ese equilibrio comienza a mostrar señales de fragilidad. A fines del año pasado, el Consejo Fiscal advirtió que en los últimos cinco años se ha incrementado el número de leyes con impacto fiscal adverso aprobadas por insistencia desde el Congreso. Se trata de normas que incrementan el gasto público sin financiamiento identificado o reducen ingresos fiscales. El actual Parlamento aprobó 229 leyes de este tipo, más de tres veces el promedio de periodos anteriores.

Un crecimiento por debajo de su potencial

La economía peruana ha demostrado resiliencia, pero la inestabilidad política tiene un costo. Barco sostiene que, si se comparan las condiciones actuales —marcadas por altos precios del cobre y del oro y mejores expectativas externas— con las de años pasados, el país debería crecer por encima del 5% y no alrededor del 3% anual. “Estamos ante una situación excepcional por los altos precios de los metales. Hay buenas expectativas de inversión, pero no se traducen del todo en proyectos concretos, justamente por la cautela que genera la crisis política”, afirma.

Según proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2026 el crecimiento rondará el 2,7%, afectado por la incertidumbre asociada al proceso electoral de abril.

Los expertos también cuestionan que el crecimiento no se traduzca en mejoras concretas para la población, debido a la corrupción y la ineficiencia del Estado. Los recursos ingresan a través de los impuestos y deberían destinarse a escuelas, carreteras o centros de salud, pero se diluyen en el camino. “El 30% del presupuesto se pierde entre corrupción e ineficiencias. Se podría hacer mucho más con los mismos recursos, aprovechar el boom minero y avanzar en la formalización”, sostiene Casas.

La informalidad y las economías ilegales constituyen otro componente del dinamismo económico, aunque operen en gran medida al margen del Estado. Según una encuesta de la consultora EY, alrededor del 18% del PBI peruano se desarrolla en la informalidad. En el caso de las actividades ilegales, estas también generan empleo, ingresos y consumo, pero lo hacen sin garantías ni protección y, por lo general, con un fuerte impacto negativo en la sociedad y el medioambiente. En 2025, el IPE estimó que, por primera vez, el Perú enfrenta un escenario en el que las exportaciones de oro provenientes de la minería ilegal podrían igualar a las legales: entre 105 y 115 toneladas, con un valor cercano a los 12.000 millones de dólares.