El matrimonio igualitario en Costa Rica alivió una herida abierta

Papallones ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Han pasado ocho años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-24/17. Ocho años desde que el derecho, con la serenidad de lo inevitable, afirmó algo profundamente humano: que el amor no admite jerarquías jurídicas y que las parejas del mismo sexo deben tener acceso al matrimonio civil en todos los Estados del sistema interamericano.

Como Vicepresidenta de Costa Rica en aquel momento, tuve el honor —y la profunda responsabilidad— de presentar esta consulta ante la Corte. Lo hicimos buscando claridad jurídica, sí, pero sobre todo justicia. Queríamos saber si la Convención Americana obligaba a los Estados a reconocer y proteger los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. En el fondo, queríamos saber si el derecho estaba dispuesto a mirar de frente a miles de familias que ya existían, aunque la ley insistiera en ignorarlas.

En Costa Rica, la urgencia era palpable. Había parejas que llevaban décadas construyendo una vida en común, criando hijos, cuidándose en la enfermedad y sosteniéndose en la adversidad, mientras el Estado las trataba como si fueran extranjeras en su propio hogar. Al acudir a la Corte, esperábamos una respuesta que aliviara esa herida abierta y, al mismo tiempo, ofreciera una brújula ética y jurídica para toda la región.

La respuesta llegó el 9 de enero de 2018 y fue clara, contundente, imposible de tergiversar: excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil es una forma de discriminación incompatible con los derechos humanos. Por primera vez, un tribunal internacional afirmaba que la orientación sexual no podía ser un criterio legítimo para limitar la libertad de casarse. Para Costa Rica, esta Opinión fue también una puerta: menos de tres años después, nuestro país pudo poner fin a una desigualdad que había marcado la vida de miles de familias.

Lo que cambió —y lo que no—

En mayo de 2020, las primeras parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en Costa Rica. Fue un momento íntimo y, a la vez, profundamente político. Desde entonces, personas de todas las regiones del país han podido acceder a la seguridad jurídica que durante tanto tiempo les fue negada. Para las familias LGBTIQ+, este cambio no fue simbólico: fue transformador.

¿Y para el resto del país? Nada esencial cambió.

Como ocurre cada vez que los Estados se enfrentan a su deber de proteger derechos, no faltaron quienes sembraron miedo, tergiversaron conceptos y convirtieron la desinformación en estrategia política. En Costa Rica, algunas campañas electorales se construyeron atacando a las familias LGBTIQ+, apelando a la división y al temor como herramientas de movilización.

Sin embargo, la sociedad costarricense eligió otro camino. Cinco años después, la experiencia es el mejor antídoto contra aquellos augurios apocalípticos: reconocer el matrimonio civil igualitario no dañó a nadie. Fortaleció a las familias. Fue una reforma sencilla, sensata y profundamente humana.

Hoy, hijos e hijas de parejas del mismo sexo crecen en un país que reconoce a sus familias con igualdad. Las parejas saben que podrán cuidarse cuando más lo necesiten. Padres y madres bailan en las bodas de sus hijos, con la tranquilidad de saber que el Estado no les cerrará la puerta al amor.

Con el paso del tiempo, la convivencia cotidiana hizo lo que ningún discurso podía lograr por sí solo: humanizar. El apoyo social a la igualdad matrimonial creció de forma sostenida, y con él, una comprensión más amplia de la diversidad. Lo que antes era presentado como una amenaza se reveló como lo que siempre fue: parte natural de nuestra vida colectiva.

También hubo beneficios tangibles. Nuestra economía se volvió más atractiva para el talento diverso; las personas LGBTIQ+ enfrentan menos barreras para participar plenamente en la vida cívica y productiva; y el turismo se ha visto fortalecido por parejas que eligen Costa Rica no solo por su belleza, sino por su compromiso con la dignidad humana.

Al reconocer la libertad de casarse, Costa Rica reafirmó algo más profundo: que su democracia se sostiene sobre la inclusión, el respeto al derecho internacional y la convicción de que los derechos humanos no se negocian.

La evidencia ya está sobre la mesa

Costa Rica no es una excepción. Hoy, cerca del 75% de la población de América Latina vive en países donde las parejas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio civil. En el mundo, ya son cuarenta los Estados que han dado este paso.

Y aun así, algunos Gobiernos de nuestra región continúan postergando la implementación de la OC-24/17. Esa demora no es abstracta: tiene consecuencias reales para familias que siguen viviendo sin protección y para democracias que erosionan su propia credibilidad al incumplir el derecho internacional.

No faltan datos ni experiencias. La región y el mundo han demostrado que incluir a las parejas del mismo sexo en el matrimonio civil fortalece a las familias, consolida las instituciones democráticas y no perjudica a nadie. El matrimonio no ha cambiado; lo que ha cambiado es nuestra comprensión de a quién debe servir.

Conviene recordarlo con claridad: esta es una discusión sobre matrimonio civil, regulado por el Estado. Se trata de permitir que dos personas del mismo sexo puedan formalizar su unión ante una autoridad pública. Ninguna religión ha sido obligada, en Costa Rica ni en ningún otro país, a modificar sus creencias o prácticas. La libertad religiosa y la igualdad ante la ley no solo pueden coexistir: lo hacen, todos los días.

Una invitación a la valentía democrática

A ocho años de la OC-24/17, el camino es claro. La base jurídica existe. La experiencia comparada es contundente. Lo que falta no es evidencia, sino decisión.

Implementar esta Opinión Consultiva no es únicamente extender derechos a las parejas del mismo sexo. Es honrar el Estado de derecho, fortalecer la democracia y afirmar que todas las familias merecen vivir con dignidad y seguridad.

El precedente está sentado. La historia ya nos mostró el resultado. La responsabilidad, ahora, es de cada Estado. La Opinión Consultiva OC-24/17 dialoga también con una convicción que ha atravesado toda mi vida pública: que el Estado no puede ser neutral frente a la exclusión. Desde mucho antes de ocupar la Vicepresidencia, entendí que la democracia no se mide solo por elecciones limpias o instituciones sólidas, sino por la forma en que trata a quienes históricamente han sido empujados a los márgenes. Las personas trans han sido, quizá, una de las poblaciones más invisibilizadas por nuestras leyes y, al mismo tiempo, más vigiladas por nuestras burocracias.

Como Vicepresidenta, y como mujer comprometida con una política de derechos, vi de cerca cómo la falta de reconocimiento de la identidad de género se traducía en exclusión sistemática: en puertas cerradas, en miradas de sospecha, en trámites imposibles. La OC-24/17 no solo puso palabras jurídicas a esa injusticia; la nombró como lo que es: una negación de la dignidad humana. Al afirmar que los Estados deben garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género mediante procedimientos simples, administrativos y basados en la autodeterminación, la Corte nos recordó que ningún Estado puede llamarse democrático si obliga a una persona a vivir legalmente como alguien que no es.