El escrutinio electoral por dentro

Esta semana fui nuevamente escrutador del proceso electoral en Colombia. La tarea corresponde por ley a jueces y notarios, pero dado el volumen de mesas, el Tribunal Superior de Medellín acude a ciudadanos “de reconocida honorabilidad” —rectores, vicerrectores, decanos y líderes de instituciones educativas públicas y privadas— para apoyarla.

En Medellín, las comisiones escrutadoras sesionan desde el día de las elecciones en el pabellón amarillo de Plaza Mayor. Cada comisión está integrada por dos escrutadores, dos claveros (las personas encargadas de recibir y custodiar los votos), un secretario, una digitadora y una persona de apoyo de la Registraduría. La capacitación de este año tuvo lugar hace un par de semanas y fue más precisa que la de la jornada anterior: se explicaron con claridad las funciones de cada rol e incluso hubo un simulacro previo a las elecciones que podría tener sus mejoras.

Fuimos citados el domingo a las 15.30, pero los votos de las 52 mesas que debíamos escrutar llegaron a nuestra comisión cerca de las diez de la noche. Ese día trabajamos hasta la medianoche. El lunes la jornada fue de nueve de la mañana a nueve de la noche, y así hasta el jueves que terminamos el escrutinio.

El trabajo de los escrutadores consiste en cantar los votos del formulario E-14, que los jurados diligencian a mano al terminar el conteo. El escrutador lee en voz alta los votos por lista, por candidato, en blanco, nulos y no marcados, y la única digitadora los ingresa al software de la Registraduría. Los votos se cantan dos veces; si los totales no coinciden, el sistema arroja un error. La lectura se hace con el E-14 proyectado en video beam ante testigos de partidos y apoderados de candidatos, quienes tienen esos formularios digitalizados y saben de antemano qué mesas pueden presentar problemas. El Ministerio Público está presente durante todo el ejercicio.

En estas elecciones había que reportar los votos de listas cerradas y abiertas, circunscripciones especiales —indígena para el Senado, indígena y afrocolombiana para la Cámara— y tres consultas presidenciales. Cada vez que se termina de reportar los votos de una consulta o de una corporación, el sistema solicita las huellas digitales de los escrutadores y del secretario de la comisión. Esto exige que todos los miembros estemos presentes en todo momento durante la jornada.

El E-14 no admite tachones ni enmiendas. Si los jurados cometieron un error en el conteo, deben consignar en el mismo formulario, en el espacio de observaciones, en qué consistió el error. Hay errores comunes: jurados que reportan el total de votos de un partido en dos espacios distintos, mesas donde resultan más votos que sufragantes, o listas cuyos votos no fueron totalizados. Algunas situaciones son subsanables directamente; otras exigen abrir las bolsas y hacer un reconteo manual voto por voto frente a testigos y apoderados.

Creo que la mayoría de estos errores obedecen a deficiencias en la capacitación de los jurados, al cansancio acumulado al final de una larga jornada, o al diseño mismo del tarjetón: los espacios para los números de los partidos son pequeños y pueden confundirse con votos no marcados. Los testigos y apoderados pueden presentar reclamaciones y recursos, aunque no todas las solicitudes se resuelven a su favor. Se necesita criterio y algo de entrenamiento para tomar decisiones dentro de la comisión.

Una vez terminado el escrutinio, empieza un proceso kafkiano de impresión de actas y firmas que puede tomar un par de horas más. Este año mejoró porque la firma se digitaliza y se aplica a múltiples actas a la vez. Aun así, hay mucho papel y plástico en todo este proceso.

El proceso electoral puede y debe mejorar. Nuestra ley electoral es obsoleta y hay muchos aspectos por revisar. Uno que me parece urgente es avanzar hacia listas cerradas con mecanismos democráticos y transparentes para decidir previamente su conformación.

Dicho esto, creo que es un proceso con muchos ojos: en el puesto de votación y en el escrutinio. Poner en tela de juicio todo el proceso electoral y la labor de la Registraduría, sin evidencia ni matices, es irresponsable. También lo es atacar el trabajo de miles de ciudadanos que ejercen como jurados y miembros de comisiones escrutadoras y que dedican días enteros a una tarea exigente y poco reconocida. Pueden existir irregularidades, pero tenemos un proceso que ayuda a detectarlas y corregirlas.

La tarea de las comisiones escrutadoras es ardua. Pero nos recuerda algo más profundo: también es arduo defender la democracia y sus instituciones y vale la pena hacerlo.