Colombia desconoce la violencia vicaria como una clase de

“Mataré al niño para hacerte sufrir”, manifiesta la advertencia de Adrián Pinzón hacia la madre de su pequeño. No consistió en un arrebato de enojo, sino en una sentencia firme. Cuatro días tras su extravío, el pasado 21 de enero el niño de 9 años fue localizado sin vida junto al cuerpo de su progenitor. Este no constituye un evento aislado de filicidio: representa la expresión más cruel de una violencia calculada que utiliza a los hijos o seres cercanos como herramientas contra las mujeres. Especialistas en psicología y leyes lo definen como violencia vicaria, aunque en los estrados de Colombia la denominación es una figura sin reconocimiento legal ni registros. Sin embargo, las víctimas abundan: conforme a agrupaciones sociales, como la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, se registraron más de 3.000 incidentes tan solo en 2024.

Ese tipo de agresiones, que se dirigen a los hijos u otras personas del entorno afectivo de una mujer con el fin de hacerle daño a ella, enfrentan un vacío legal que sostiene la impunidad y dificulta la prevención. Mientras en Costa Rica, Argentina y México se han hecho reformas para penalizarla, en Colombia la discusión avanza a un ritmo que se parece a la inacción. El mayor impulso ha sido promover una ley que crea un delito específico para ella. Desde 2024 cursa en el Congreso de la República el proyecto bautizado Ley Gabriel Esteban, en honor a un niño asesinado por su padre en 2022, de autoría de la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador. En él, se propone crear los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria, entre otras disposiciones, con el fin de levantar estadísticas que permitan abordar de manera estructural la problemática. En este se contempla que la violencia se puede ejercer contra el padre.

Simultáneamente, durante 2024 la Representante a la Cámara, Alexandra Vasquez de la agrupación Pacto Histórico, presentó una propuesta distinta orientada a reformar la Ley 1257 de 2008 – relativa a la violencia contra la mujer – con el fin de incorporar la violencia vicaria. A diferencia de la iniciativa de Blel, este texto resaltaba la perspectiva de género en cada apartado, abarcando desde las medidas preventivas hasta los castigos, reconociendo que la mayor parte de los ataques afectan a las mujeres. Debido a que dicha propuesta fue descartada por retrasos administrativos, diversas juristas feministas manifiestan preocupación de que el plan de la senadora Blel corra la misma suerte. Faltando apenas cuatro meses para que concluya este Congreso, la norma requiere aprobar dos discusiones pendientes para evitar su hundimiento y ser sancionada. El cronograma resulta adverso en un periodo marcado por comicios legislativos y posteriores presidenciales, etapas donde habitualmente escasas iniciativas logran el visto bueno en cualquier congreso.

Yamile Roncancio es abogada especializada en Derechos Humanos de las mujeres y las niñas y lleva varios procesos con estas características. En conversación con Papallones, subraya que para dimensionar la gravedad y la urgencia de abordarlo debe entenderse que la violencia vicaria es también violencia contra la niñez, pues son los hijos e hijas las principales víctimas, aunque en ocasiones son las mascotas u otros seres queridos quienes se convierten en objetivo de los victimarios.

Esa violencia no aparece de repente ni en el vacío, explicaba la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, la primera en acuñar el término, en un encuentro sobre el tema organizó el año pasado ONU Mujeres en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia. “En la violencia vicaria existe una historia previa de maltrato y surge, de forma particularmente cruel, tras una separación o divorcio”, sostuvo la experta en Bogotá. Esos otros rostros de la violencia los refleja la historia de la colombiana Laura Posada, quien se hizo viral hace un par de semanas por sus denuncias en redes sociales y en el periódico El Espectador: la lucha que sostiene por recuperar a su hijo de tres años que salió del país con su padre, de vacaciones, y jamás regresó por decisión unilateral del hombre.

Posada lleva alrededor de diez meses sin poder ver al niño, quien sigue en Francia con su progenitor pese a que revocó el permiso inicial que era por cuatro meses de viaje. La mujer, detalla, inició un litigio internacional para que el menor regrese al país, mientras que, dice, su hijo sigue preguntándose cuándo volverá a verla. Y ella se pregunta a diario qué más tendrá que hacer para volver a estar con su hijo. Las autoridades en Colombia no le han dado respuestas satisfactorias, reclama.

Para Roncancio, existen barreras estructurales que dificultan atacar la violencia vicaria. “Tiene un refugio, una cobija que facilita que exista, y es la violencia institucional”, reclama. La abogada se refiere al andamiaje de obstáculos que enfrentan las mujeres que van desde la revictimización al instaurar las denuncias, hasta las situaciones en las que ellas terminan siendo víctimas de acoso judicial, pasando por el desconocimiento de las rutas para atender la violencia machista. “Cuando hay violencia institucional, entendida como una acción absolutamente omisiva, que ignora los marcos legales para proteger a las mujeres y niños, o cuando no se aplican unos estándares internacionales de investigación, no hay cómo proceder”, insiste Roncancio.

En España, donde la discusión está algunos pasos más adelante, hay un hondo debate sobre cómo debe ser una ley de violencia vicaria machista. La discusión gira alrededor de asuntos que buscan enfrentar ese contexto de violencia previa o de violencias estructurales, como la necesidad que reclaman algunas expertas de regular las visitas de hijos a los padres que tienen antecedentes por violencia de género. Otro arista que pone sobre la mesa el parangón del país ibérico es que la protección a las niñas y los niños debe ser una columna vertebral de cualquier legislación. De hecho, una agrupación de más de 20 organizaciones de víctimas y expertos violencia machista han criticado ese punto en la actual ley que se adelanta en España. En particular en lo que refiere a las medidas puntuales de protección de los menores.

Con todo ello, el panorama sobre la violencia vicaria parece similar al de otros tipos de violencia machista. Solo hace unos meses, y después de varios años, los huérfanos por feminicidio lograron una ley que los proteja; las víctimas de intento de feminicidio han alertado que la violencia institucional las revictimiza y empeora su riesgo; y pese al nutrido marco jurídico para sancionar la violencia de género, en Colombia no existe un registro oficial de feminicidio s. Quienes se han echado esa tarea al hombro son organizaciones de la sociedad civil, algo que seguirá ocurriendo con las víctimas de violencia vicaria a menos de que algo cambie.